Ante la noticia de que tres personas han sido ahorcadas este martes en Japón, Chiara Sangiorgio, asesora de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, ha manifestado:
“El reciente nombramiento de Fumio Kishida como primer ministro se presentaba como una oportunidad de progreso en materia de derechos humanos en Japón. Pero la abominable reanudación de las ejecuciones que hemos visto es una señal inequívoca de la falta de respeto de este gobierno por el derecho a la vida.
Después de dos años sin ejecuciones, parece que Japón ha dejado pasar la oportunidad de tomar medidas para abolir la cruel práctica de la pena de muerte, algo que debería haber hecho hace tiempo.
Más de un centenar de países del mundo han eliminado por completo la pena de muerte de su legislación, y un total de dos tercios han renunciado a ella en la legislación o en la práctica.
Es desolador que Japón haya invertido esta tendencia reanudando el uso de esta pena cruel e inhumana. Ya es hora de que declare una suspensión de todas las ejecuciones como primer paso importante.”
Tres personas condenadas a muerte
Yasutaka Fujishiro, Mitsunori Onogawa y Tomoaki Takanezawa han sido ahorcadas el martes, en las primeras ejecuciones realizadas en Japón desde 2019.
Japón pertenece a un reducido grupo de países que han ejecutado persistentemente a personas en los últimos años. En 2020, Amnistía Internacional documentó 483 ejecuciones en 18 países (excluida China), el número más bajo registrado en al menos un decenio.
Las ejecuciones en Japón están rodeadas de secreto, y es habitual que se lleven a cabo avisando a los condenados sólo unas horas antes, o sin advertírselo siquiera en algunos casos. Por lo general, no se notifica la ejecución a la familia hasta que ya se ha producido.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a Japón que declare inmediatamente una suspensión oficial de todas las ejecuciones como primer paso hacia su abolición total.
Son las primeras ejecuciones bajo el mandato del primer ministro Fumio Kishida, quien tomó posesión de su cargo en octubre.
Yasutaka Fujishiro había matado a siete miembros de su familia en 2004, y Mitsunori Onogawa y Tomoaki Takanezawa habían sido declarados culpables de dos asesinatos en 2003.
Aunque Fujishiro sufría trastorno de la personalidad, el tribunal resolvió que se le podían exigir responsabilidades penales por sus actos.
Onogawa había presentado una segunda solicitud de nuevo juicio, y la decisión continuaba pendiente en el momento de su ejecución.
Takanezawa había retirado un recurso ante el tribunal superior interpuesto por su abogado. La objeción presentada por su abogado ante el tribunal para que cancelara la retirada del recurso fue desestimada.
La última ejecución en Japón había tenido lugar en diciembre de 2019, con el ahorcamiento de un hombre chino condenado por cuatro asesinatos.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método de ejecución utilizado por el Estado.
