Desde el despacho de abogados Almeida han explicado a través de un hilo en redes sociales, el punto de vista jurídico del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre «por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones». Aquí puede encontrar su publicación en el BOE.
Señalan que aprobar un decreto ley es que se haya aprobado precisamente a las puertas de una campaña electoral, sin la necesidad extraordinaria y urgente que justifican su puesta en marcha.
Se llama la atención concretamente al texto que dice así: «‘El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.’ Se trata de una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), y ha sido posible, según Almeida, porque «esa parte de la Ley Mordaza no tiene carácter orgánico».
Llaman la atención al hecho de que durante un año y medio, Sánchez no haya modificado la «Ley Mordaza» y ahora lo haga por real decreto «para meternos el DNI en la boca».
A este respecto, en la Disposición final tercera se apuntan los preceptos que tienen carácter de Ley orgánica. De esta manera, se evidencia, que pudiéndolo haber modificado durante este tiempo, y tal como señalan los abogados especialistas en la materia, Sánchez no ha tocado la «Ley Mordaza» habiendo podido hacerlo.
Aquí tienen lo que dice la Ley Mordaza sobre el carácter orgánico de sus preceptos. Anda que no podían haber hecho cosas por decreto en año y medio, y se han esperado para hacer propaganda de la peor especie, los burócratas ultramesetarios.. pic.twitter.com/JOqQebfrTi
— Almeida (@bufetalmeida) November 5, 2019
Sobre la intervención del Gobierno en redes, apuntan los expertos que «Es inconstitucional si no modifican la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de excepción digital tienen que regularlo con el estado de excepción del mundo real».
Llaman la atención sobre el hecho de que «ningún funcionario administrativo puede cerrar una web sin cometer un delito», señalan desde el despacho Almeida.
Patriot Act, según criptica
La asociación sin ánimo de lucro, que está centrada en la defensa de la privacidad y la seguridad Criptica, ha analizado el Decreto Ley que se ha tramitado por vía de urgencia y han afirmado que no pueden llegar a otra conclusión distinta a que «se acaba de aprobar la Patriot Act española».
Hemos estado analizando este Decreto Ley (tramitado por vía de urgencia) y no podemos llegar a una conclusión distinta a: Acaban de aprobar la "PATRIOT Act" española. Abrimos hilo para explicar las implicaciones de este #EstadoExcepciónDigital. https://t.co/QihcdDnASW
— Críptica (@CripticaOrg) November 5, 2019
A través de este hilo se explica cómo está actuando el gobierno en funciones, de manera similar a la administración Busch en 2001, cuando el terrorismo sirvió como pretexto para dotar de poderes al ejecutivo sin control.
Denuncian que en la redacción, que modifica la ley 9/2014 de telecomunicaciones introduce modificaciones «altamente relevantes» en el artículo 4.6
Vayamos a los textos: El nuevo Real Decreto revisa la Ley 9/2014 de telecomunicaciones e introduce modificaciones altamente relevantes en el artículo 4.6 de la misma. A la izquierda, el redactado original; a la derecha, el nuevo. pic.twitter.com/xmgyzfFQI7
— Críptica (@CripticaOrg) November 5, 2019
Crítptica llama la atención porque el redactado introducido por esta modificación deja de hacer referencia a cualquier legislación que limitara la acción del Gobierno: Ahora, la «urgencia», señalan, en abstracto pasa a ser el único «regulador» de las actuaciones del Ejecutivo. Asimismo, añaden, el nuevo texto añade la variable del «orden público» que no se hallaba presente en la versión anterior del texto. Y explicita que el Gobierno puede intervenir cualquier nivel de la infraestructura tecnológica de un territorio.
«La ambigüedad» del texto es buscada, según la asociación. El «orden público» y su gestión en situaciones de «urgencia» parece que va a convertirse en el criterio rector de estos poderes que el Ejecutivo se acaba de autoadjudicar, apuntan.
Finalizan su análisis señalando: «Incluso queriendo ser cautos en nuestros análisis, «cerrar webs» parece una acción bastante inocua comparado con las posibilidades que (imaginamos) podría abrir un control de la infraestructura tecnológica».
Incluso queriendo ser cautos en nuestros análisis, "cerrar webs" parece una acción bastante inocua comparado con las posibilidades que (imaginamos) podría abrir un control de la infraestructura tecnológica.
— Críptica (@CripticaOrg) November 5, 2019
Ánimo Beatriz. No dejes tu labor es muy importante en los tiempos que corren y en los que se avecinan. Con estos medios, nos controlan todo lo que pueden desde hace tiempo. De manera muy sutil. No te quepa la menor duda. Saludos.
Asi que el gobierno, pretende cerrar diario dieciseis, solo para fastidiarme mi caprichito. Esta misma noche, voy a emprender mi habitual secuencia de discretas pero brutales represalias, que siempre aplico en estos casos!! Conmigo, no se juega!