FRANCISCO FRANCO CON EL REY DON JUAN CARLOS EN EL PAZO DE MEIRAS ARCHIVO

Este martes continúa la celebración del juicio en el que abogacía del Estado defiende que la venta del pazo de Meirás a la familia Franco fue fraudulenta. En la jornada de ayer lunes, mientras en la puerta se congregaron varios manifestantes que reclamaban  el pazo para patrimonio público, en la sala se trataba de demostrar si la propiedad se mantenía con dinero público.

Así, uno de los testimonios más destacados del día fue el de un guardia civil, José Suárez, que declaró que prestó servicio en el pazo desde entre 1982 y 1990 y afirmó que él vivía con su familia en una casa que había dentro de la finca y que a él le pagaba la Guardia Civil.

El guardia civil definió su labor que era la de vigilar la propiedad y colaborar en algunas tareas de limpieza y reconoció que cuando había algún problema se dirigía al secretario particular de los Franco.

También acudió a declarar el nieto de una mujer del ayuntamiento de Sada a la que, según el testigo, “a mi abuela la presionaron y se tuvo que marchar de su casa, y eso la marcó para toda su vida”.

Un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, declaró en la sala que todos los años, en los meses de julio y agosto, una motobomba del parque de bomberos de A Coruña llevaba agua al pazo y  no le consta que hubiese algún reembolso económico por esas salidas de los bomberos.

El juicio continuará mañana con la comparecencia de nuevos testigos, expertos e historiadores, como Carlos Babío, autor de ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio’ y el presidente de la Comision de Expertos nombrado por la Consellería de Cultura, Xosé Manuel Núñez Seixas.

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