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Ábalos, Armengol y UGT apuestan por más vivienda social para acabar con la especulación

El ministro de Fomento y la presidenta del Govern han coincidido con la UGT en la necesidad de ampliar la oferta pública de alquiler social para compensar el encarecimiento de la vivienda

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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La presidenta del Govern de las Illes Balears, Francina Armengol, junto con el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, y el secretario general nacional de UGT, José María Álvarez, ha participado en el acto de clausura de las jornadas de políticas de vivienda que ha organizado el sindicato en el marco de su 130 cumpleaños.

La presidenta Armengol ha defendido que “la vivienda digna es un derecho ciudadano y un deber de las instituciones”. “Sin vivienda digna no hay vida digna y todas las instituciones y entidades económicas y sociales tenemos que sumar fuerzas para responder a uno de los mayores retos de nuestra sociedad”. Por este motivo, ha valorado muy positivamente la celebración de unas jornadas que fomentan el debate y el intercambio de ideas y experiencias, con el fin de no repetir los errores y reforzar los aciertos en esta materia.

En este marco, Armengol ha expuesto las iniciativas desarrolladas en el archipiélago para facilitar el acceso a este “derecho constitucional”. En este sentido, ha explicado que se ha regulado el alquiler turístico y que la Ley de Vivienda ha permitido mejorar la protección de inquilinos y comunidades de vecinos, así como incorporar al parque público viviendas que llevan vacías más de dos años.

El ministro de Fomento ha señalado lo que supone el drama de los desahucios ha puesto de relieve “que la carestía de la vivienda es un grave problema social que requiere de un planteamiento garantista del derecho constitucional a habitar un hogar digno”.

“la vivienda digna es un derecho ciudadano y un deber de las instituciones”

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«No podemos reducirlo a un bien económico con el que algunos juegan al monopoli comprando y vendiendo», ha destacado el titular de Fomento, para quien «sin casa no hay dignidad».

Y ha querido diferenciar el “derecho a la vivienda de derecho a la propiedad de la vivienda” ha apuntado que la inflación de los alquileres es un problema especialmente grave en zonas turísticas como Baleares, “donde además de los residentes sufren el problema los trabajadores estacionales del sector vacacional”.

El ministro, tiene la convicción que la próxima semana el Congreso convalide el Decreto Ley con medidas sobre vivienda que en el anterior intento rechazó con el voto de Podemos, y ha apuntado que si el PSOE “vuelve a gobernar la próxima legislatura, impulsará una ley de vivienda y la recuperación de las ayudas de emancipación”.

Pepe Álvarez, líder de UGT, ha animado “a los partidos a impulsar un pacto de Estado para abordar con medidas legislativas y recursos las dificultades de muchos trabajadores para disponer de una vivienda digna”.

Mari Carmen Barrera apuesta por aumentar la inversión en vivienda para que alcance niveles europeos

“Un estudio realizado por la Fundación Alternativas detalla que más del 90% de los solicitantes de Viviendas de Protección Oficial apuestan por alquiler asequible con una posterior opción de compra. El sindicato considera que España necesitaría más de un millón y medio de viviendas públicas y que debería establecerse un plazo de ejecución de 10 años para su construcción de manera que cada año hubiera 150.000 nuevas viviendas públicas”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera, ha realizado estas declaraciones durante la apertura de las jornadas sobre vivienda que el sindicato ha organizado en Palma junto al Govern Illes Balears y el Ajuntament de Palma donde ha destacado que “con carácter urgente se debe dar contenido social al parque inmobiliario que posee la SAREB y apostar por la financiación desde entidades con accionariado público como el ICO o, por ejemplo, la actual BANKIA cuyo 60% es del Estado”.

España necesita un millón y medio de viviendas públicas

Mari Carmen Barrera ha subrayado la necesidad de llevar a cabo “reformas legislativas urgentes que incorporen el derecho a una vivienda digna y adecuada, como un derecho real que se pueda invocar delante de los tribunales y los poderes públicos de manera que las situaciones de desahucio, de lanzamientos por impago o ejecuciones hipotecarias puedan tener un tratamiento diferente al que tienen actualmente judicialmente hablando”.

“Porque aunque ya no se habla de ello en los medios de comunicación, sigue habiendo desahucios en España. De hecho, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial tasa en casi 57.000 los desahucios en 2018, 37.000 de ellos por impagos de alquiler y casi 19.000 por ejecuciones hipotecarias” ha recordado.

“Ese es el drama de la vivienda en España al que hay que darle una solución que pasa por unas políticas que, a futuro, consigan dar una respuesta desde lo social, con una participación de la financiación de lo público a través del ICO y con una serie de medidas que doten de transparencia a un mercado absolutamente opaco y que ha favorecido todo tipo de especulaciones y la creación de una tremenda burbuja inmobiliaria” ha añadido.

La vivienda no podemos reducirla a un bien económico con el que algunos juegan al monopoli comprando y vendiendo

“Queremos que haya más transparencia, mejor gestión desde lo público, control de precios de los alquileres y que, en definitiva, no haya abusos y que los ciudadanos que necesiten una vivienda en condiciones dignas pueda acceder a ella” ha añadido.

“Hace falta una política mucho más decidida de rehabilitación de viviendas y todo ello con un incremento importante de la financiación de la vivienda ya que, en los últimos años, el gobierno la ha reducido prácticamente a cero. El porcentaje del PIB que se destina a vivienda tiene que alcanzar como mínimo el 1,5% del PIB pues sin inversión pública no se pueden solucionar los problemas de acceso a la vivienda y de condiciones dignas. Ese es el camino que desde UGT queremos labrar contando con esta jornada como una herramienta más en el mismo.” ha finalizado.

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