La derecha judicial está utilizando todos los sistemas posibles para bloquear las instituciones judiciales. Una de sus batallas fue la renovación del Tribunal Constitucional. Primero, como recurso, utilizó las designaciones de Díaz y Campo en la terna del gobierno argumentando conflicto de intereses. Ambos habían sido recientes altos cargos de la administración central. Uno, ministro. La jugada no les salió bien. Posteriormente maniobraron para conseguir que no se eligiese a Cándido Conde-Pumpido presidente. Conde-Pumpido es una de sus “bestias negras” judiciales. La jugada, intentar convencer a otra magistrada progresista para que presentase su candidatura, tampoco salió bien. Y, para terminar, los espadachines de la derecha cavernaria de este país han intentado parar el funcionamiento del tribunal mediante la presentación de casi un centenar de recusaciones. Tampoco han cantado victoria. Lo único que han logrado es retrasar el debate de las dos leyes que el tribunal de garantías pretende sacar cuanto antes: la ley de educación conocida como ley Celaá y la ley de la eutanasia. Aún así, el Constitucional, por fin ha resuelto dos recursos que llevaban más de diez años durmiendo en los cajones de los jueces: la ley de plazos sobre el aborto, y la ley de comunicación audiovisual.
Pero hay más. Puede parecer algo sin relevancia. De hecho, en otras ocasiones los magistrados han votado una resolución por unanimidad. Pero, ahora, se antoja como una anomalía el hecho de que Conde-Pumpido haya conseguido unificar las sensibilidades enfrentadas que existen en el seno del TC a la hora de declarar inconstitucional una norma. Y todo a pesar de las fuertes presiones que la derecha ha ejercido sobre algunos de los magistrados más próximos al Partido Popular para que se abstuviesen.
El Constitucional alcanza su primera gran unanimidad y avala el decreto del gobierno progresista contra los proyectos diseñados por la Generalitat de Catalunya para crear una infraestructura digital al margen de la del estado. Una digitalización en la que se podría dar servicio a la hacienda catalana, y a un sistema de identificación propio.
La ponente ha sido la magistrada progresista María Luisa Balaguer, la misma que el sector conservador propuso para presidente con la intención de neutralizar la candidatura de Conde-Pumpido. Balaguer está muy bien vista por los magistrados conservadores que han valorado muy positivamente su ponencia.
Pero es que, además, el decreto-ley del gobierno de Madrid estaba muy bien fundamentado y el recurso presentado por la Generalitat, que entonces presidía Quim Torra, se había presentado sobre la base de que la norma estatal invadía “competencias en materia de ciberseguridad, infraestructuras digitales y despliegue de la administración digital”.
La idea de la Generalitat era crear un sistema digital paralelo donde se pudiese tener una base de datos de los ciudadanos de Catalunya, sus relaciones con el fisco y un sistema de identificación real y digital. La interconexión con el sistema digital español permitiría hacerlo con el de la Unión Europea. La UE no permite sistemas digitales paralelos si no se hacen a través de la red oficial de un estado miembro. Además, obliga a que los servidores estén situados en territorio de la Unión.
En todo esto se basa el decreto del gobierno de Sánchez para prohibir el desarrollo de un sistema digital paralelo en Catalunya. Ahora el Constitucional da la razón a Madrid y ordena del desmantelamiento de este sistema digital.
La importancia de esta sentencia no está en su contenido sino en la forma en que ha sido aprobada. El Tribunal Constitucional está logrando recuperar la credibilidad perdida cuando su anterior presidente, González Trevijano, se votó s si mismo en la petición del Partido Popular de medidas cautelarisimas para que el parlamento no pudiese debatir una reforma de la ley orgánica que regula el TC permitiendo cesar a los cargos caducados y su renovación por mayoría simple.
La imagen del Constitucional quedó deteriorada. Ahora, la instancia de garantías constitucionales está recuperando, poco a poco, esta credibilidad perdida. Primero trabajando intensamente para sacar adelante los expedientes retrasados y, segundo, logrando un clima de consenso que hasta ha llegado a suponer la emisión de una sentencia por unanimidad.
Está claro que el bloqueo de la derecha al mundo judicial no sirve para nada después de constatar lo que ha sucedido en las instituciones donde se ha logrado, a base de mucho esfuerzo, el desbloqueo. Convendría que el PP tomase nota para volver a poner encima de la mesa los nombres propuestos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y acabar con la situación anómala en que vive el órgano de gobierno de los jueces. Además de acabar con esta irregularidad se lograría designar rápidamente a los magistrados que ocuparán las vacantes de las altas instancias judiciales, entre otras, el Tribunal Supremo. Es acabar con una anormalidad cuando se comprueba que los bloqueos no sirven para nada.
