Catedrático de Derecho Penal y experto en violencia de género, Javier Gustavo Fernández Teruelo ha presentado recientemente un revelador y novedoso estudio sobre la inutilidad de los sistemas vigentes de protección para evitar los feminicidios en el ámbito de la pareja. A las escasas mujeres asesinadas que las fuerzas y cuerpos de seguridad les aplicó el sistema de valoración de riesgo prácticamente a ninguna se la incluyó entre las de riesgo “alto” o “extremo”. Baste recordar que solo en los casos catalogados de riesgo extremo un juez ordena medidas de protección física directa y personal de las mujeres denunciantes. Los datos están ahí, los fallos clamorosos también. Y qué duda cabe que algo no va bien en la aplicación de la ley. A día 28 de noviembre, 40 mujeres han muerto asesinadas por violencia machista en lo que va de 2016.
Después de muchos años de mirar hacia otro lado, la violencia de género al fin ha sido tomada en serio por las instituciones, parece. ¿Es así?
Creo que sí y desde hace tiempo. Un punto de inflexión importante fue la aprobación de la ley de protección integral en 2004. En todo caso, una cosa es tomársela en serio y otra acertar en la forma de afrontar el problema, que unas veces ha sido la adecuada y otras no tanto.
¿Cree que aún existe un machismo latente en buena parte del estamento judicial que aborda la violencia de género en los tribunales?
En mi experiencia no he visto que sea en absoluto mayoritario. Creo que una parte importante de los jueces hace bien su trabajo. Pero lamentablemente siempre existen excepciones, como en los restantes ámbitos de intervención.
“No puede ser que cada vez que se asesina a una mujer nos limitemos a lamentarnos”
La ley de 2004 está bien, en eso coinciden todos. Pero también insisten todos en que algo está fallando. A grandes rasgos, ¿qué?
En lo que yo he analizado, en mi investigación, el sistema de protección integral, que indudablemente es mucho mejor que lo que había, tiene que evolucionar. Es una norma que tiene doce años y desde entonces hemos aprendido muchas cosas. Sin olvidar que hay algunas cuestiones previstas en esa ley que no siempre se cumplen, me refiero por ejemplo a la creación de unidades de valoración forense integral.
De forma muy sintética diría que el sistema de protección falla, especialmente frente a las situaciones de más riesgo, por las siguientes razones:
- a) tenemos un sistema de protección de las mujeres maltratadas que sólo se activa si hay denuncia (“sin denuncia no hay nada”). Pues bien, conviene saber que el 84,3% de las casi mil mujeres asesinadas entre 2000 y 2015 no habían denunciado (en los últimos cuatro años ese porcentaje es de un 75% aproximadamente). Existen razones que explican las dificultades que tiene una mujer maltratada durante mucho tiempo para denunciar, pero más allá de esa cuestión, creo que no existen razones objetivas para no proteger a una mujer, cuando tenemos conocimiento de que se encuentra en una situación de maltrato (y he comprobado que esa información se tiene en muchas ocasiones, en las que no hay sin embargo denuncia).
- b) Cuando sí hay denuncia, lo que procede es valorar el riesgo para saber qué necesidades de protección tiene la víctima y tampoco lo estamos haciendo bien. En el primer momento, tras la denuncia tenemos un sistema de valoración que es sólo policial, no forense, al que acceden pocas mujeres, que ha demostrado tener un margen de error inmenso y en el que se prescinde del examen del denunciado, pese a que es el que más información nos puede dar.
- c) Si el riesgo no está bien identificado, que desgraciadamente no es infrecuente, y a la vez estamos ante un perfil de máximo riesgo, el sistema adopta una forma de protección (órdenes de alejamiento) que se basa en la amenaza de un nuevo castigo, en caso de incumplimiento, amenaza que, sin embargo, a esta tipología de sujetos les resulta irrelevante (ahí están los suicidios intentados o consumados del feminicida o, alternativamente su sistemática entrega a las autoridades policiales, esperando con indiferencia el castigo que el sistema tenga previsto para él).
“Quizá los feminicidios pueden tener un coste político que no se quiere afrontar”
Su estudio sobre las enormes carencias en la lucha contra los casos extremos de violencia de género incide en los fallos de los sistemas de vigilancia. ¿Es la falta de presupuesto lo que impide el correcto funcionamiento de la ley o es algo mucho más complejo?
No creo que sea sólo un problema económico. Algunas de las medidas necesarias tienen un coste, pero otras no. Desconozco la razón por la que no se cambia un sistema que no funciona. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta.
“Existe un perfil de maltratador que permanece absolutamente impasible frente al castigo previsto para él”
Las víctimas denuncian cada vez más, pero los asesinatos de mujeres por violencia de género siguen estando ahí. ¿No vamos bien por donde vamos? ¿basta con las campañas de sensibilización y los minutos de silencio tras cada asesinato?
Respeto mucho las campañas de sensibilización, entre otras cosas porque me parecen fundamentales para avanzar en este campo. También valoro positivamente los gestos, porque suponen la visualización del rechazo de la sociedad (más bien de una parte de la misma) a la violencia de género. Pero ciertamente no bastan. No podemos solucionar el problema moviéndonos únicamente en el terreno de las palabras y de los gestos. Ojalá fuera así, pero no, no basta y a los hechos, medidos en vidas, sufrimiento y dolor, nos podemos remitir.
Si la amenaza penal no frena la violencia del agresor, ¿no cree que las instituciones deben revisar sus protocolos de actuación en general?
Creo que sí, hoy sabemos que existe un perfil de maltratador que permanece absolutamente impasible frente al castigo que el sistema penal tenga previsto para él. La solución de su “conflicto” está muy por encima. Durante años hemos puesto el acento en el progresivo endurecimiento del Código Penal, confiando que su carácter intimidador, frenaría la violencia y en particular la más extrema, los feminicidios. Hoy sabemos que no, la respuesta penal es necesaria y sirve para una parte de la violencia de género, mayoritaria cuantitativamente, pero no surte efecto frente a la más grave en términos cualitativos. Ahí están las cifras de mujeres asesinadas y su evolución para acreditarlo. Frente a este perfil necesitamos, además de la penal, otro tipo de soluciones.
Usted incide en un aspecto capital en la búsqueda de posibles soluciones que eviten esta sangría de crímenes. ¿Por qué no existe un examen del maltratador en el proceso de valoración de riesgos?
Sinceramente no lo sé. En el momento en que se produce la denuncia se puede realizar la valoración policial del riesgo, a través de un sistema de preguntas a la mujer (Valoración Policial del Riesgo o VPR), cuyos resultados en perspectiva histórica son malos. Basta ver las estadísticas del observatorio del CGPJ que, año tras año, nos indican que de las pocas mujeres asesinadas por su pareja o expareja a las que se realizó la VPR, prácticamente a ninguna se le determinó un riesgo “alto” o “extremo”. Y recordemos que sólo en este último caso (riesgo extremo) se pueden adoptar medidas de protección física personal directa de la mujer que ha denunciado. Y, desgraciadamente frente a este perfil de maltratador (potencial feminicida) es la única medida realmente eficaz.
“Sólo en los casos valorados de riesgo extremo se pueden adoptar medidas de protección física de la denunciante”
También aboga por auditar los fallos en cada feminicidio. ¿La detección por un lado y la protección a la víctima una vez detectado el riesgo son los dos campos en el sistema de prevención debe mejorar ostensiblemente?
Por supuesto, no puede ser que cada vez que se asesina a una mujer nos limitemos a lamentarnos. El único responsable penal de ese asesinato es el que lo ejecutó, pero a continuación el sistema debe hacerse dos preguntas. La primera es si conoció o pudo conocer la situación de maltrato previo que acabó en feminicidio. En segundo lugar, en caso afirmativo, debe preguntarse si realmente no lo pudo evitar. Quizá todo esto y, según cual sea la respuesta, puede tener un coste político que no se quiere afrontar. Realmente es menos conflictiva en estos términos la declaración de condena y el minuto de silencio, tras el cual se nos recuerda por enésima vez “la necesidad de acabar con esta lacra”, eso sí, sin cambiar lo que no funciona.
