miércoles, 22septiembre, 2021
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A juicio el diputado de Acción Social de Bizkaia por maltrato a una madre y su hija al separarlas para dar la niña al padre

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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El juez instructor ha dado paso a la apertura del juicio oral contra el diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y su equipo del Servicio de Infancia en la Diputación por lesiones psíquicas y maltrato a una madre y a su hija, a la que arrancaron a la fuerza de sus brazos para dársela al padre.

Quince años de inhabilitación pide para el diputado Murillo y su equipo la acusación particular por prevaricación administrativa, delito de maltrato, delito de lesiones psíquicas a la menor y su madre, además de 600.000 euros para la madre por los daños causados a ambas, siendo responsable civil subsidiario la propia Diputación Foral de Bizkaia.

El auto del juez, que no tiene desperdicio, cuenta una historia que parece inverosímil de no ser por la tragedia que esconde de arrebatar con engaño y por la fuerza a la niña de cinco años a su madre para dársela al padre, a pesar de tener estipulado por el juez la custodia compartida.

Los hechos

El Síndrome de Alienación Parental, que no está reconocido como delito en ningún código penal, ni como síndrome por organización sociosanitaria autonómica, estatal o internacional alguna, permite al Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia arrebatar a una niña a su madre con violencia, e incluso en contra la decisión de un juez.

Quince años de inhabilitación pide la acusación particular para el diputado y su equipo

El auto del juez instructor recoge como ciertos los hechos de que la madre, Irune Costumero, acudió engañada a los servicios de Infancia, junto con la menor y la abuela materna de la pequeña -que les acompaña para quedarse con la pequeña mientras dure la reunión de la madre a la que le habían convocado- . Una vez en las instalaciones, “nuevamente con engaños” según el auto- le hacen pasar sólo a la madre a una sala, donde tres agentes de la Ertzaintza y otros tres miembros de seguridad privada, además de dos trabajadores del Servicio de Infancia, retienen a Irune por la fuerza, mientras en la otra sala se llevan a la pequeña, sin permitir a la abuela -que llora y grita desconsolada- ni siquiera despedirse.

Por la fuerza física, estirando a la niña con fuerza del brazo, “ignorando los gritos de auxilio de la menor”, se la llevan dos miembros del servicio de infancia a la pequeña al garaje donde la suben por la fuerza en un vehículo para trasladarla a la casa de los abuelos paternos donde tiene fijada el padre su residencia en Cruces.

Arrebatada

Y así se encuentra Irune, según el auto del juez instructor, en una sala llena de policías, agentes de seguridad y trabajadores del Servicio de Infancia, cuando le entregan la orden Foral del 3 de agosto de 2017 por la que le arrebatan a su hija -en base a esa Síndrome inexistente legal y profesionalmente- de Alienación Parental, por el que supuestamente la madre pone a la niña en contra de su padre.

A pesar del tiempo transcurrido, más de dos años y medio, en los que la madre -y tras mucha lucha legal- sólo ve a su hija dos días a la semana durante dos escasas horas, los encausados no han modificado su resolución. De hecho, no han devuelto la niña a su madre a pesar de las sucesivas resoluciones dictadas durante este tiempo por la Audiencia Provincial de Bizkaia y de que incluso las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron por unanimidad de todos los grupos políticos -y tras conocer el caso de Irune y su hija- no aplicar el Síndrome de Alienación Parental.

Los daños psicológicos sufridos en estos dos años y medio por madre e hija son irreparables. Irune, una profesora y técnica de euskera en el Ayuntamiento de Igorre, espera cada día la fecha del inicio del juicio tras el que espera un fallo favorable que le permita recuperar a su hija.

“Estoy muerta en vida”, afirma esta madre coraje a diario16.com, que tras este auto del juez instructor empieza a ver luz al final del túnel.

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