Desde que el presidente norteamericano Donald Trump decidiera, a finales de 2020, reconocer la soberanía marroquí sobre la excolonia española del Sahara Occidental, nada ha sido igual en todo lo que se mueve sobre este conflicto enquistado desde 1975, cuando España abandonó a su suerte a su provincia número 53 y a sus ciudadanos saharauis con DNI español.
De telón de fondo, como contraprestación, el reconocimiento marroquí al Estado de Israel. Trump apuntillaba con su decisión todos los esfuerzos de la ONU por encontrar una salida negociada, al colocarse unilateralmente del lado de Marruecos, la potencia ocupante del territorio durante los últimos 46 años. Y el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, no ha modificado la posición decidida por Trump, mientras España, con sus ataduras y sus conocidos vaivenes sobre este tema, trata de esquivar su inevitable responsabilidad en un vergonzoso intento de salvaguardar los muchos intereses que nos vinculan a Marruecos.
¿Cómo es posible que una potencia media como España se atreva a enviar aviones y barcos de guerra al oriente europeo para enseñarle los dientes de leche a Rusia por si invade Ucrania? La respuesta está en la prolongada crisis con Marruecos que Madrid no sabe cómo cerrar. Quiere ganarse al amigo americano, que es el que maneja el cotarro, para que haga de puente conciliador con Rabat. Y eso que ya no estamos en tiempos de Aznar cuando aquello de las armas iraquíes de destrucción masiva, ni a la contra en los de Zapatero que permaneció sentado en un desfile al paso de la bandera de las barras y las estrellas, lo que nos trajo no pocos problemas con Washington.
Pero los tiempos han cambiado y pareciese que no tuviéramos otra opción que hacernos ahora el simpático con la política estadounidense, en este caso respecto a Ucrania, que ni nos va ni nos viene, pero como estamos en la OTAN aprovechamos para nuestros asuntos, para encontrar una salida al encontronazo con Marruecos. Y no olvidemos que España acogerá la cumbre de la OTAN, en Madrid, los días 29 y 30 de junio próximos. Podríamos decir que lo de Ucrania es una manera para España de coger peso en la esfera internacional y de que el amigo americano nos ayude en nuestros problemas ‘africanos’.
El hecho de que EEUU, en el primer año de mandato de Biden, no haya retrotraído la controvertida situación creada por Trump, ha envalentonado de tal forma a Marruecos que se muestra cada vez más insolente y fuerte sobre la cuestión saharaui. Rabat aprieta a España, como ha hecho siempre, con la diferencia de que los pasos de acercamiento desde la jefatura del Estado y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no han servido para que el régimen alauita se abra al diálogo y a la distensión.
Lo han dejado claro, “Marruecos quiere claridad”; es decir, que España acepte la soberanía marroquí sobre el Sahara. Una cuestión fundamental, sobre todo porque el último gobierno franquista fue el que cedió la administración del territorio, en 1975, a Marruecos y Mauritania (no la soberanía), y porque, a pesar de que los gobiernos españoles intenten mirar para otro lado, aquellos acuerdos tripartitos de Madrid nunca fueron reconocidos por la ONU que había declarado al Sahara como territorio a descolonizar, lo que hace que España, le guste o no, siga teniendo máximas responsabilidades sobre el Sahara. Por eso, Marruecos ha ido aplicando desde entonces una política de hechos consumados, intentando mediante chantajes y coacciones atraer el apoyo español a su inexistente soberanía.
Ninguno de los cinco enviados especiales de la ONU para el Sahara ha sido capaz hasta ahora de que Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) acerquen posturas en las tres décadas desde que, en 1991, se acordase el alto el fuego entre los contendientes, roto después de que, en noviembre de 2020, Marruecos atacara e invadiera la franja fronteriza sur con Mauritania, ocupaba por activistas saharauis que consideraban ilegal la construcción de una carretera en la zona de El Guerguerat.
Cuando el ejército marroquí desalojó con contundencia a los civiles saharauis asentados en esa zona, el Polisario decidió romper el alto el fuego con ataques a varios puestos marroquíes, lo que fue contestado por ataques marroquíes con drones y acentuar la represión. La guerra se puso otra vez en marcha, aunque con un nivel menor que el de los primeros quince años de la ocupación marroquí, tras expulsar al ejercito español.
La Minurso, la fuerza especial de la ONU para el Sahara, ha sido incapaz de interponerse en la zona neutral y evitar dicha ocupación de Guerguerat que Marruecos, una vez más durante los últimos 46 años, da como hecho consumado. El nuevo enviado especial, el diplomático italo-sueco Staffan de Mistura, ya ha terminado la gira por la región, siendo el primero que lo hace en una situación de guerra, después de la ruptura del alto el fuego, en 2020, y con denuncias sobre represión y violaciones de los derechos humanos en el territorio ocupado, para lo que se ha entrevistado con todas las partes implicadas: Marruecos, Mauritania, Argelia, el Frente Polisario y… España. En realidad, estos encuentros de Staffan de Mistura solo han servido para que una vez más los principales contendientes fijen sus posturas, radicalmente distantes y difíciles de conciliar.
La anterior ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, muñidora en abril de 2021 de la entrada de Ghali en España, que originó la crisis diplomática de Marruecos con España, se mantuvo en que, a pesar de la crisis, la postura de España sobre el problema “ni había cambiado ni iba a cambiar, no difiere en nada de lo que dicen las resoluciones de las Naciones Unidas”. Eso agudizó aún más las diferencias con Rabat, tras acoger España con nombre falso al histórico líder saharaui, Brahim Gali, para que tuviera atención médica en nuestro país, por el Covid contraído. Pero aún así, las declaraciones fueron consideradas ‘insuficientes’ por el Frente Polisario, mientras que Marruecos las tomó como una provocación y retiró a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, que aun no ha regresado a su puesto. El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, advertiría en su momento que “la crisis sigue ahí porque siguen sus causas profundas”.
Rabat, como presión política a España, lanzó en mayo del pasado año a miles de jóvenes, muchos menores, a cruzar la frontera con Ceuta, originando un gran problema migratorio en la ciudad norteafricana, hasta el punto de que tuvo que intervenir la Unión Europea, lo que no gustó nada a Rabat. Desde entonces la crisis no se ha resuelto. Y González Laya fue cesada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien puso en el cargo al actual ministro, José Manuel Albares.
Con el nuevo ministro, España trata a la desesperada de recomponer sus relaciones con Marruecos, por lo que, ante el cuerpo diplomático acreditado en España, el monarca español, Felipe VI, a mediados de enero, pidió “materializar ya” las nuevas relaciones con Rabat, “caminando juntos y encontrando soluciones a los problemas que nos preocupan”, pero la respuesta desde el gobierno magrebí fue pedir claridad y “quien desee trabajar con Marruecos ha de hacerlo con lealtad y ambición”.
Más explicito, el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Ajamuch, ha afirmado que los aliados de Marruecos deben “fidelidad respecto a la causa nacional del Sahara”. Ni más ni menos, o usted acepta nuestra postura sobre el Sahara o no hay nada que hacer. Y claro, detrás está también el reciente giro alemán tras el relevo en el Gobierno de Ángela Merkel, lo que ha elevado la moral marroquí que ya no solo cuenta con el apoyo de Francia y Estados Unidos, sino que ahora la gran potencia centroeuropea, Alemania, flexibiliza su tradicional posición a favor de la autodeterminación del territorio y apoya veladamente la autonomía ofrecida por Rabat.
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien fuera embajador español en Francia, considera a “Marruecos como un socio estratégico de España”, pero claramente ha fracasado a la hora de reconducir la crisis por las inflexibles exigencias de Rabat. Incluso se entrevistó con el secretario de Estado norteamericano, Tony Blinken, acordando “unir fuerzas para resolver este conflicto que ya dura demasiado y para el que hay que encontrar una solución”, añadiendo que deseaba que volviera a Madrid la embajadora marroquí, Karima Benyaich. “Un imperativo moral llegar a un acuerdo”, apostilló. ¿Y eso qué significa, ya que EEUU tiene reconocida la soberanía de Marruecos sobre el Sahara? ¿Ha modificado España su postura? Según Albares, no. Pero en el análisis político de la situación no se ve así, aun cuando en la realidad “ni es fluida ni es normal”, aunque el ministro sí lo considere públicamente para suavizar la situación. Habría que volver pues a la postura definida por González Laya, quien exigía “revivir el proceso sobre el Sahara en la ONU”, lo que significa estar en contra de la actual política norteamericana, por lo que ese “unir fuerzas” lanzado en Washington nadie sabe por dónde puede caminar. Contradicciones de la política, con lo único cierto de que Rabat no tiene embajador en Madrid y que Albares no ha conseguido ser recibido en Marruecos.
González Laya llegó a criticar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hubiera dejado vacante más de año y medio el puesto de enviado especial para el Sahara Occidental. Horst Köler, expresidente alemán y último enviado especial, dejó el puesto por motivos de salud, en mayo de 2019, sin conseguir ningún avance en tan enquistado conflicto. La cosa se ha corregido el pasado mes de octubre con el nombramiento de Staffan de Mistura, quien rápidamente se ha puesto a trabajar. Primero visitando Marruecos, encontrándose con la insistencia del ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, en ofrecer al Sahara Occidental una autonomía limitada, pero no el referéndum de autodeterminación propuesto por Naciones Unidas, e incluso firmado por Marruecos en 1991 para lograr el alto el fuego.
Ningún resultado desde entonces, muy al contrario, Marruecos ha aprovechado la inestable paz para rearmarse y presionar más a los saharauis que permanecen en el territorio bajo su control. Rabat exige que la ONU llame a la mesa de negociación, no solo al Frente Polisario, sino también a Mauritania, que administró en los primeros años la parte sur del Sahara, y a Argelia, el país magrebí que apoya y da cobijo a los miles de refugiados saharauis que huyeron de la invasión y la represión marroquí, aun cuando desde el verano ambos países rompieron relaciones por la escalada armamentística que protagonizan. En un comunicado emitido en Rabat se afirmaba que la fórmula de mesas redondas fue la propuesta, el pasado 29 de octubre, del Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo “una solución política realista, pragmática y duradera”. Es evidente que ya sabemos a qué se refiere lo de realista y pragmática. Pero el Polisario ya no está a favor de esas mesas y sí de una negociación bilateral con Rabat.
También ha visitado De Mistura la capital mauritana, Nuakchot, donde se ha entrevistado con su presidente, Mohamed Chej Gaznani, aunque nada ha trascendido de ese encuentro. Mauritania participó en los acuerdos de Madrid de 1975 y durante un breve tiempo se mantuvo en el sur del Sahara en lucha contra el Polisario, con el que firmó la paz en 1979, lo que hizo que Marruecos ocupara también la antigua zona mauritana reclamándola para sí.
Posteriormente, el enviado especial de la ONU se trasladó a Argelia donde ha visitado los campos de refugiados de la zona de Tinduf. Ahí se encontró con el reproche saharaui de que la ONU no hubiera sido capaz de organizar el referéndum pactado en 1991, por el que se consiguió el alto el fuego con Marruecos. Le recordaron que el Sahara sigue siendo un territorio no descolonizado y que la ONU lo incluye en la lista de “territorios no autónomos”. Y una insistencia, “solo queremos la independencia, que se apliquen las resoluciones firmadas”.
Para iniciar un proceso de paz, el primer objetivo del enviado especial de la ONU será conseguir un nuevo alto el fuego, tras los enfrentamientos bélicos que se vienen produciendo en la zona. Brahim Gali insiste en que ha sido Marruecos el que ha roto el alto el fuego y que debe cumplir con el compromiso acordado con la ONU, en 1991, para el referéndum sobre el futuro del Sahara. Al termino del encuentro con el enviado especial de la ONU, el representante saharaui en el organismo internacional, Sidi Mohamed Omar, se mostró dispuesto a “iniciar negociaciones directas con Marruecos sobre la base del derecho a la independencia”, pero con una advertencia, «no habrá ningún alto el fuego si Marruecos insiste en seguir ocupando el territorio saharaui. Nuestra postura es muy clara, independientemente de la agenda del enviado especial, seguiremos mientras no haya un plan de paz que incluya el referéndum de autodeterminación».
La gira ha terminado en España, cuyo gobierno ha prestado a De Mistura el avión con el que ha recorrido la zona y que ha ofrecido el apoyo a las gestiones del diplomático italo-sueco para que las partes enfrentadas se sienten a negociar. ¿Pero cómo hacerlo, cuando Marruecos y el Polisario están en guerra? Madrid, atrapada desde su origen en el conflicto, por la deuda contraída con el territorio que administró desde finales del siglo XIX, y por sus intereses geoestratégicos, sociales y económicos con Marruecos, no tiene la fórmula para la salida al conflicto que, en opinión del ministro Albares, “debe ser mutuamente aceptable para las partes, en el marco de la ONU”.
Si es así, lo que está diciendo es que no habrá reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara y, por tanto, también queda descartada el ofrecimiento de autonomía limitada al Sahara, lo que supone ese distanciamiento con Rabat y sus consecuencias sobre múltiples aspectos de las relaciones bilaterales. El rechazo de Marruecos a la independencia del Sahara supone para España todo un enorme laberinto diplomático que complica mucho nuestras relaciones internacionales.
De Mistura trae tras de sí una larga trayectoria diplomática como negociador de la ONU en Iraq, Afganistán y en el sur del Líbano, pero dada la radicalidad de las partes será difícil encontrar una solución consensuada, máxime cuando el conflicto está cerca de cumplir 50 años desde que España salió huyendo del territorio tras la Marcha Verde orquestada por Marruecos, con el apoyo estadounidense y francés. El sátrapa Hassan II jugó satisfactoriamente sus cartas, mientras que el régimen franquista dejó una desastrosa herencia por no saber afrontar la situación y tratar de salvar los muebles dejando que ministros con intereses económicos, como el caso de José Solís, fueran los que negociaran la entrega a Marruecos y Mauritania de lo que era una provincia española.
De aquella cobardía e intereses estos lodos. Más de cien mil saharuis sobreviven en los campos de refugiados, tanto al sur de Argelia como al Este del Sahara, fuera de los muros defensivos de Marruecos. Y en sus tierras y casas abandonadas se han asentado unos 150.000 colonos y militares marroquíes.
El Frente Polisario exige que en el referéndum solo puedan votar los antiguos habitantes y sus descendientes recogidos en el último censo español, mientras que Marruecos, antes de rechazar el referéndum, pretendía que también votasen los colonos y militares marroquíes que se han ido instalando en el Sahara. Este es el escollo que ha hecho fracasar todos los intentos para consensuar dicho referéndum. Sin embargo, en la actualidad ni siquiera tal posibilidad entra en la agenda marroquí, que busca el reconocimiento internacional a su pretendida soberanía sobre lo que fue el Sahara español.
Los intereses económicos y geoestratégicos condicionan hoy todo el interés por esta enorme franja desértica africana. Sus enormes recursos pesqueros frente a la costa canaria y sus recursos naturales en fosfatos, hierro y muy probablemente petróleo y gas constituyen importantes elementos como para querer controlar esta tierra despreciando la voluntad de sus habitantes, que nunca formaron parte del reino marroquí. Desprecio que promovió España entregándolos a la satrapía alauita, eludiendo su responsabilidad de organizar el referéndum de autodeterminación bajo mandato de la ONU. Desde entonces, todos los gobiernos españoles han tenido que hacer frente a los chantajes marroquíes consciente Rabat de la importancia de que España aceptara la soberanía marroquí sobre el Sahara.
Es verdad que diplomáticamente el ministro Albares no se cansa de repetir que “el conflicto dura demasiado y hay que dar solución y esperanza a miles de personas en el Sahara”. El problema es que personalmente no se cómo puede darse solución a los saharauis que luchan por su independencia, si España termina situándose cerca de las tesis de Marruecos, que por activa y por pasiva ha advertido que no reconocerá una independencia del Sahara, máxime ahora que tiene de su lado a Estados Unidos.
