El pasado mes de julio, el Boletín Oficial del Estado publicaba el reparto de los primeros 6.000 millones de euros del fondo covid-19 para las comunidades autónomas. Se trataba de una parte del fondo no reembolsable de 16.000 millones que deberán ser destinados a sufragar gastos de sanidad en los próximos meses. De esta manera, Madrid recibió 1.495 millones de euros; Cataluña 1.246; País Vasco más de 328; y Andalucía 597, por poner solo cuatro ejemplos de territorios donde la epidemia está causando graves estragos. Sin duda, estamos hablando de una de las mayores partidas sanitarias adjudicadas en democracia a la administración regional y que debería haber contribuido en buena medida a paliar los efectos del coronavirus. Y sin embargo, la situación a fecha de hoy es que estamos peor que nunca. No se comprende cómo con semejante inyección de capital público los rastreadores no terminan de llegar, los refuerzos en Atención Primaria brillan por su ausencia, los celadores de los hospitales carecen de trajes especiales de protección contra el virus (de hecho atienden a los pacientes de las urgencias con una simple bata y una mascarilla), y las plantillas de médicos y enfermeras siguen estando tan esquilmadas que ni siquiera se pueden cubrir las vacaciones o las bajas por enfermedad. ¿En qué se están gastando estas ayudas cuando otros países con menos poderío económico que el nuestro acreditan mejores datos en la lucha contra la enfermedad? El contribuyente tiene derecho a que se le explique, céntimo a céntimo y detalladamente en informes y balances, el gasto que supone hasta la última mascarilla que se compra.

El peor ejemplo de falta de transparencia lo tenemos, una vez más, en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que se enfrenta a una nueva huelga indefinida del personal sanitario. El sindicato mayoritario, AMYTS, ha anunciado hace solo unos días una convocatoria de paro ante el colapso que sufre la Atención Primaria en esa comunidad autónoma. Los trabajadores recuerdan en un comunicado que “ya antes de la pandemia nos encontrábamos con un importante déficit de recursos humanos: más de 600 médicos de familia y más de 150 pediatras. Esto, unido a la escasez de recursos económicos y al agravamiento de la situación producido en los últimos meses por la pandemia, nos ha llevado a un límite inasumible y a un deterioro de la calidad asistencial en la atención a los pacientes”. La lógica dicta que al día siguiente de lanzarse este dramático mensaje SOS para rescatar la sanidad pública de su colapso total se deberían haber puesto todos los medios disponibles para solucionar el problema. Pero la realidad es muy diferente: sorprendentemente, todo sigue igual o peor, como atestiguan las cifras sobre número de infectados.

Lo cual nos lleva de nuevo al punto de partida de este artículo: ¿en qué se están gastando las comunidades autónomas el dinero que el Gobierno central ha destinado a la pandemia? Teóricamente, el 35 por ciento de los primeros fondos se han distribuido según la población a proteger; el 30 por ciento en función de los ingresos en UCI; el 25 por ciento por el número de hospitalizaciones; y el 10 por ciento restante según el número de pruebas PCR realizadas por cada una de las comunidades. Por si fuera poco, además de estos 6.000 millones se prevén otros 3.000 millones para gasto sanitario que serán repartidos en noviembre, otros 2.000 para educación y 5.000 más para la pérdida de ingresos tributarios y transporte. El esfuerzo estatal está siendo inmenso, jamás se había gastado tanto dinero en servicios esenciales para el sostenimiento del Estado de Bienestar, de ahí que los expertos no entiendan qué se está haciendo mal en el capítulo de gestión del dinero de emergencia.

España es un país pequeño que no debería presentar dificultades a la hora de racionalizar sus recursos. Poseemos unas infraestructuras sanitarias públicas de las más avanzadas de Europa y que se renuevan año tras año. No somos Estados Unidos, un gigante donde la sanidad es íntegramente privada y cada ciudadano se costea el servicio en función de sus ingresos. Por eso no se entiende el caos en la gestión. Por eso ha llegado el momento de que el Gobierno central reclame que se acredite hasta el último céntimo de las ayudas y subvenciones que se están concediendo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La experiencia nos dice que la descentralización de los últimos 40 años ha dado el período de mayor riqueza y prosperidad de la historia de España, pero también nos enseña que sin control, convirtiendo cada comunidad autónoma en una especie de reino de Taifa al margen de la fiscalización del Estado, la corrupción campa a sus anchas. Lo vimos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que dio lugar a la posterior crisis económica y financiera y lo estamos viendo todavía hoy, cuando siguen surgiendo vergonzosos escándalos que tienen que ver con la malversación de caudales públicos.

Lamentablemente, es bien conocido que a menudo las partidas presupuestarias que se autorizan para garantizar el buen funcionamiento del Estado de Bienestar (sobre todo Sanidad y Educación) no son destinadas a la finalidad para la que se adjudicaron en su día, sino más bien a tapar agujeros, desequilibrios y cuentas que no cuadran en otros departamentos (cuando no a sufragar los vicios y ambición de riqueza de unos cuantos). España no puede permitirse el lujo de no controlar los escasos recursos de que dispone, mucho menos cuando nos encontramos a las puertas de que Bruselas inyecte 140.000 millones en ayudas a la maltrecha economía nacional y la imagen de despilfarro que estamos ofreciendo puede dar al traste con el Plan Marshall. Es obligación del Gobierno exigir a las comunidades autónomas, a todas ellas sin excepción, que rindan cuentas de a dónde van a parar las monstruosas cantidades de dinero que se están movilizando contra la pandemia. Nadie entiende que el país esté destinando más recursos que nunca y estemos en el peor momento de nuestra historia reciente. Algo está fallando y Sánchez tiene que averiguar qué es.

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1 Comentario

  1. El gobierno central no debería dar ni un céntimo si no es con una justificación de gasto claro y que se centre en las necesidades para las que se destina la ayuda. Después se bajan impuestos y demás chapuzas, pero no sé invierte en mejorar los servicios públicos

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