El ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, lleva camino de convertirse en un culebrón porque, por encima de todos los argumentos humanitarios, la derecha, tanto la política como la mediática y la judicial, están empeñados en que vaya a la cárcel lo antes posible.
Hasta hace unos días, el trámite de la Audiencia Provincial de Sevilla transcurría sin novedades. Pero, de repente, por arte de magia, aparece un informe de la prisión provincial en el cual, ¡oh milagro ¡, resulta que han descubierto que tienen los medios necesarios para llevar a cabo el tratamiento de radioterapia al que se está sometiendo al expresidente de la Junta para intentar atajar el cáncer de próstata que le aqueja desde finales de año.
La Audiencia Provincial no se lo ha pensado dos veces y ha dado traslado a las partes personadas: fiscalía, defensa y acusación particular, para que se pronuncien sobre si es conveniente, ahora, con los medios disponibles, el ingreso en prisión. Justo en un momento en el que está a punto de concluir el tratamiento de radioterapia que le están dando a Griñán fuera de los cauces penitenciarios.
Suena extraño la prisa con que la Audiencia Provincial ha dado traslado a las partes para que se pronuncien, en el plazo de tres días, sobre esta nueva circunstancia. Que no es tan nueva. Que ya se conocía. Se sabía que en el centro penitenciario Sevilla 1 cuentan con el instrumental necesario para tratar el cáncer de próstata. Incluso se había cuestionado, durante el debate entre las partes acerca de la conveniencia de que la enfermedad de Griñán fuese tratada en el centro de reclusión, si la cárcel cuenta con medios suficientes. Y se había dicho, entonces, que sí cuentan con dichos medios.
Pero se decidió aplazar el ingreso en prisión de Griñán porque en el informe del forense que analizó el asunto se argumentó que “un centro penitenciario, aunque cuente con los medios para el tratamiento, no es el lugar mas adecuado como para curar una enfermedad de la gravedad de la que padece el expresidente de la Junta. Sobre todo, por el régimen especial al que se ven sometidos los reclusos”. La decisión de la Audiencia de Sevilla fue esperar a conocer los resultados del tratamiento que se inició en enero. Un tratamiento a punto de concluir.
¿No sería mejor esperar a los resultados médicos que se van a conocer en las próximas semanas? Pues parece ser que no. De repente, aparece un informe sobre la situación general del centro penitenciario Sevilla 1 en el que se analizan todos los aspectos de su funcionamiento, carencias y medios incluidos. Entre otras cosas, la dirección del centro se queja de la falta de personal para trasladar a los presos. En resumen, un informe de los habituales. Salvo que, como si fuese de pasada, anuncian que cuentan con los aparatos adecuados para el tratamiento “con garantías” de radioterapia, que es lo que se está dando a Griñán.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio, aseguran que, si la Audiencia Provincial tomó la decisión de paralizar el ingreso en prisión de Griñán hasta que se conociese la gravedad de su enfermedad y las posibilidades de cura, ahora no puede cambiarla porque haya aparecido un informe de la prisión provincial donde se habla de la existencia de medios para tratar adecuadamente al recluso. Y, sobre todo, porque se debe de tener en cuenta el dictamen del forense para quien el régimen carcelario no es el más adecuado para este tipo de enfermedades.
La sospecha sobre la existencia de intereses en el Caso Griñán vuelve a aparecer. Es como si alguien estuviese interesado en que el expresidente de la Junta acabe en la cárcel lo antes posible. A otro condenado, el exviceconsejero de empleo, Agustín Barberá, se le suspendió el ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena por padecer una enfermedad incurable.
Y no sólo en el Caso de los ERES de Andalucía. El artículo 80.4 del Código Penal dispone que “los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo”.
En noviembre de 2021, el Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid concedió al expresidente de Bankinter, Jaime Botín, la suspensión de la pena de prisión a tres años de cárcel a la que fue condenado por sacar de España el cuadro “Cabeza de una mujer joven” de Picasso, debido a una enfermedad grave “con padecimientos incurables”.
Otro de los beneficiados por esta medida fue el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, condenado por su implicación en el caso Malaya. El 1 de junio de 2021, la Audiencia Nacional dictó un auto en el que se le concedía la libertad condicional porque “el penado presenta una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable”.
Pero, José Antonio Griñán no es Julián Muñoz aunque en la sentencia queda demostrado que no se llevó ni un euro. Ni tampoco es el Jaime Botín de la todopoderosa familia Botín, que parece tener inmunidad judicial.
Griñán fue un ministro de Felipe González, un consejero de Economía de la Junta de Andalucía y luego su presidente. Tiene que haber algo muy grave. Griñán debe tener enemigos muy poderosos para que se estén ensañando con él como lo están haciendo.
