Noviembre de 1984 no fue un mes cualquiera en la historia argentina y de hecho aun no ha sido valorado en su real importancia.

El domingo 25 de noviembre de 1984, los argentinos fuimos a las urnas para opinar respecto al Tratado de Paz y Amistad con Chile, firmado el 18 de octubre anterior para dar fin al litigio entre los países vecinos en la zona del canal de Beagle.

Argentina había recuperado hacía menos de un año la democracia y procuraba reinsertarse en el mundo buscando exhibir un quiebre marcado con lo acontecido en la etapa previa. La Guerra de Malvinas, que había finalizado apenas dos años y medio antes, era una herida abierta que pegaba fuerte en el país, y las nuevas autoridades querían exhibir otra forma de resolver los conflictos.

Así, y a diferencia de la realidad que vivió el país en 1978 cuando la guerra estuvo a un tris de convertirse en realidad, Argentina planteaba una salida diplomática al conflicto de límites en el sur.

Todo comenzó con una reunión entre el flamante canciller argentino Dante Caputo y el representante de la dictadura chilena, coronel Ernesto Videla, quienes tras una reunión reservada en casa del jefe de la diplomacia nacional alcanzaron un acuerdo que incluía la redacción de la carta, el diseño de los mapas y la decisión de inicialar el acuerdo en el Vaticano. Sobre esta base, el 23 de enero de 1984 los cancilleres de ambos países firmaron la Declaración de Paz y Amistad. Esto significaba un claro triunfo para la diplomacia argentina puesto que lograba alcanzar una salida acordada tras estar al borde la guerra, y así lo sintió el canciller Caputo que al volver al país fue a ver al Presidente Alfonsín a presentarle las novedades, pero la respuesta no fue la acordada, puesto que el  primer mandatario respondió con un lacónico ‘No es el último paso, tenemos que ir a una consulta popular’.

Es claro que pocos meses después de asumir el gobierno contaba en su haber con un amplio respaldo de la ciudadanía, pero para poder avanzar en un tema de tamaña complejidad era imprescindible contar con un explícito apoyo ciudadano para lograr encausar al Poder Legislativo, puesto que el radicalismo no contaba con mayoría en la Cámara de Senadores. Asimismo es necesario recordar que este no era el único frente que debía atender la novel democracia argentina, puesto que también debía lidiar con la cuestión de la deuda externa, que había explotado pocos meses antes con el anuncio de cesación de pagos de México, y además su decisión de enjuiciar a los jerarcas militares de las últimas dictaduras, por los crímenes cometidos entre 1976 y 1983.

En consecuencia, Alfonsín buscó la compañía ciudadana para avanzar en pos de una paz definitiva con Chile y el 25 de julio del mismo año firmó el Decreto 2272/84 por el que convocaba a una consulta popular para escuchar la opinión de la ciudadanía al respecto. En el anuncio de la convocatoria Alfonsín afirmó que ‘La paz, una condición para recuperar la dignidad de sus habitantes. No alcanza invocar la paz, hay que realizarla.’, y en ese sentido fue que se avanzó en la negociación con Chile.

Si bien era un tema que se comentaba en los ambientes políticos, la convocatoria tomó por sorpresa al peronismo que aún estaba enfrascado en las consecuencias de la primera derrota electoral de su historia, ocurrida apenas unos meses antes, y así como fue caótica su recomposición tras dicho acontecimiento, fue caótica su reacción a la convocatoria presidencial.

El sector más ortodoxo del partido, referenciado en la figura del entonces presidente del bloque de Senadores nacionales Vicente Leónidas Saadi se opuso firmemente a la consulta popular, aún siendo no vinculante, puesto que afirmaban que era una puesta en escena del gobierno para distraer de los problemas que enfrentaba por entonces, y hasta hubo proyectos parlamentarios que abordaban el tema, por ejemplo el 2113/84, firmado entre otros por Carlos Torres, Julio Bárbaro y Adam Pedrini, que el 3 de agosto sostenían: “No nos oponernos a que, por negocios de Estado que traten asuntos vitales para la Nación se recurra a los pueblos de las provincias para que resuelvan sobre los mismos. Lo que no aceptamos es que se recurra a los pueblos, por métodos que están fuera del espíritu de la Constitución Nacional”. Ese fue el principal planteo del Justicialismo, oponerse a la realización de la consulta por entender que no era constitucional, pero curiosamente en el mismo proyecto doblaban la apuesta al proponer, en su primer artículo, una consulta para la cuestión del Beagle y para lo referido al pago de la deuda externa, pretendiendo reposicionarse electoralmente tras el descalabro de octubre de 1983.

La respuesta a estas posturas vino desde dos ámbitos, uno externo al peronismo, y el otro desde sus propias entrañas.

Desde la Corte Suprema, el ministro Carlos Fayt afirmó que ‘El advenimiento de la democracia contemporánea ofrece una perspectiva no prevista por el constitucionalismo clásico y obligará a reconocer a toda persona, legalmente capacitada, el derecho a tomar parte directamente en el gobierno de su país, mediante el referéndum o cualquier otro medio de consulta o participación popular…’, lo cual abortaba el camino judicial como oposición al proyecto presidencial.

Desde el propio peronismo, hubo quienes entendieron la importancia de la hora y, sobre todo, el apoyo con el que contaba el gobierno nacional, y lo inoportuno que sería posicionarse en su contra. Quien lideraba esta propuesta era el entonces gobernador riojano Carlos Menem, quien públicamente se manifestó en apoyo a la propuesta gubernamental y militó por el Sí.

Pero no fue el único, puesto que por ejemplo el diputado Pedrini, que había acompañado el 3 de agosto el proyecto para promover una consulta popular más amplia, el 30 de agosto del mismo año acompañó un proyecto, el 2115, que solicitaba declarar ‘sin efecto lo dispuesto por el decreto número 2272, de fecha 25 de julio de 1984’ por entender que ‘el Presidente de la República no está facultado para convocar al electorado a los fines de una consulta de tal naturaleza y en la forma y condiciones que señala el decreto de referencia’. El camino del diputado Bárbaro fue el inverso, ya que pasó de una posición moderada y pro acuerdo a la publicación de una nota en Diario Clarín en la que afirmaba que ‘“la línea divisoria entre un país en ruinas, dividido y marchito y un proyecto de futuro que sin el lastre de sueños irrealizables nos permita alcanzar el despegue argentino. Un país posible, sin fraudes, ni delirios’, a ir por todo y pedir una amplia consulta popular.

En el peronismo había casi tantas posturas como peronistas y aunque a finales de octubre se procuró darle organicidad a la postura convocando una ‘abstención masiva y militante’, no fue más que una mise-en-scène ya que las autoridades partidarias carecían de liderazgo y autoridad.

El 18 de octubre finalmente se firmó el acuerdo entre Argentina y Chile, cuando la consulta popular ya tenía fecha fijada. El 25 de noviembre los argentinos concurrirían a las urnas para manifestar su conformidad, o no, con ‘los términos de la conclusión de las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo relativo a la zona del Canal de Beagle’.

Una semana antes de la consulta popular el canciller Dante Caputo y el jefe de la bancada peronista de Senadores nacionales, Vicente Leónidas Saadi protagonizaron un debate televisivo, el primero y único de la historia argentina, en el que confrontaron ideas y opiniones sobre el acuerdo de paz. A tal punto había llegado la discusión, y tan endebles eran los argumentos que sostenía el senador Saadi para cuestionar el fondo del debate que el canciller Caputo redujo parte de su alocución a una recordada frase, dijo entonces Caputo que ‘no hay mejor defensa para la posición de la Cancillería que lo mencionado por el senador Saadi’.

El presidente Alfonsín, en el estadio de Vélez Sarsfield colmado, reclamó el apoyo ciudadano retomando palabras que habían conformado su discurso de campaña poco más de un año atrás. Dijo entonces Alfonsín ‘Es la lucha de todos. Yo cerré una campaña electoral, aquí en la Capital, diciendo que todos, cualquiera fuera nuestra posición, debíamos marchar unidos; que era absolutamente necesario que comprendiéramos la necesidad de unirnos detrás de los grandes comunes denominadores de la Argentina, para tener realmente un comportamiento nacional que superara nuestra discusión y que nos permitiera exhibirnos unidos ante las grandes potencias del mundo, haciendo una figura decía que los radicales ya estamos en la columna. Allá van nuestros grandes jefes, nuestros grandes muertos al frente de ella: Alem, Yrigoyen, Larralde, Pueyrredón, Balbín y tantos otros. En resumen, todos en la columna que no es de un partido, es de la Nación. Y hallarán en esa columna, también al frente, a los socialistas con Alfredo Palacios y Juan B. Justo, a los demócrata-progresistas con Lisandro de la Torre, a los demócrata-cristianos con Estrada; y todos, en definitiva, marchando con sus banderas históricas. Pero las están bajando un poco, porque por encima de todos debe haber un lugar para que pueda flamear más alto que ninguna la azul y blanca que a todos nos une.’ Y curiosamente omitió el ejemplo de Perón y Evita, que sí mencionaba en la campaña.

Y la ciudadanía respaldó de manera contundente al gobierno en su innovativa propuesta. El sí triunfó en todas las provincias y territorios del país, aunque más ajustado en Mendoza y Tierra del Fuego, alcanzando el 82,6% de adhesión total, y el 29 de noviembre, apenas 4 días después de la consulta, el canciller Dante Caputo y su homónimo chileno, Jaime del Valle, firmaban en el Vaticano el Tratado de Amistad Argentino-Chileno.

El gobierno había dado un gran paso pero aun faltaba el principal escollo, porque como afirmara el Diputado Prone en el proyecto 1513, ‘las respuestas del pueblo a esa consulta carecerán en absoluto, de carácter resolutivo y porque no será la ciudadanía, sino los representantes constitucionales del pueblo, quienes, en definitiva, aprobarán o desecharán el tratado argentino-chileno, ejercitando para ello las irrenunciables atribuciones que, en cuanto a la concertación de tratados, les confiere expresamente nuestra Carta Fundamental’, faltaba aun la aprobación en el Congreso de la Nación.

El trámite en la Cámara de Diputados, donde el Radicalismo contaba con una holgada mayoría, pasó sin sobresaltos, pero distinta sería la situación en el Senado de la Nación, donde el Radicalismo era minoría y debía acordar con bloques minoritarios la aprobación del acuerdo, porque incluso uno de sus senadores, Luis León del Chaco, se oponía.

Tras un arduo debate que duró un día de sesión, los Senadores votaron la ratificación del Tratado en marzo de 1985, por 23 votos a favor, de la Unión Cívica Radical y partidos provinciales, 22 en contra, del justicialismo y Elías Sapag del Movimiento Popular Neuquino, y la abstención de Luis León.

Como dijera Dante Caputo, artífice de la negociación internacional, ‘Aunque parezca increíble, con un resultado tan categórico ganamos por un voto en el Senado. Eso muestra hasta qué punto el camino de la consulta popular era el apropiado. Estremece un poco pensar que la mitad se opuso a la única solución posible. Cuando uno vota en contra de algo, implícitamente lo está haciendo a favor de otra opción.’

Esta semana se cumplieron 35 años de la consulta popular y la firma del Tratado, sirvan estas líneas como homenaje a esta gran gesta que, encabezada por Raúl Alfonsín, comenzó a garantizar la paz para siempre en nuestro país.

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