El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes, contra la Orden autonómica del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que inicia el desarrollo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, una amenaza con obstaculizar una de las políticas públicas insignia de la pasada legislatura autonómica, ha informado en una nota de prensa.
La admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo y la consiguiente apertura de una pieza separada de medidas cautelares podría suponer la suspensión temporal de un plan que prevé la construcción de viviendas a cargo de empresas privadas sobre el suelo público de numerosos municipios madrileños.
Tal y como está actualmente organizado el Plan Vive, se cede suelo público a empresas privadas que son las encargadas tanto de la construcción de las viviendas como de su posterior entrega y gestión a través de alquileres. De este modo, las condiciones para acceder a la vivienda escaparían de cualquier intento de intervenir por parte de la Administración. No se establecerían baremos para los candidatos basándose en criterios socioeconómicos ni habría ninguna participación por parte de organismos municipales.
En su escrito, el Ejecutivo local del PSOE y Ciudadanos se oponía al plan autonómico de impulso a la vivienda por considerar que suponía una barrera de entrada a las rentas más bajas a la hora de acceder a las nuevas construcciones sobre suelo público.
El motivo principal de este recurso es que el Ejecutivo local considera que las condiciones del plan regional son “lesivas para el acceso igualitario a la vivienda”, ya que impiden que las rentas más bajas puedan acceder a ellas, dado que el mínimo salarial establecido para hacerlo, es de 2.5 veces el IPREM –indicador de ingresos de referencia para la concesión de ayudas y viviendas de protección pública–, lo que implica la obligatoriedad de superar unos ingresos anuales de entre 23.500 y 24.300 euros, aproximadamente.
En palabras del alcalde, Narciso Romero del PSOE, “este plan excluye u cierra la puerta a la inmensa mayoría de la población, por lo que nuestra obligación, como Administración más cercana, es habilitar mecanismos sociales para que las capas sociales más bajas puedan acceder a estas viviendas”.
“La vivienda es un derecho incluido en la Constitución. Por eso, concluimos que este Plan no es bueno para nuestro municipio, al incluir diversos mecanismos que excluirán a buen seguro a las capas más necesitadas, a las que no podemos olvidar en ningún momento”, ha afirmado el vicealcalde delegado de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero.
