Tal y como hemos repetido en múltiples ocasiones en Diario16, el conflicto de los interinos se enmarca dentro de una situación social y jurídica anómala que afecta a un importante colectivo, pero que venía siendo observada y tratada por el Parlamento Europeo desde antes de 2017, a raíz de las intervenciones de los jueces sustitutos, especialmente del exmagistrado Fruitós Richarte.
No sólo la Comisión de Peticiones, sino el propio Parlamento Europeo requirieron a la Comisión y a los estados a solventar de inmediato el problema de los trabajadores interinos. Lo hicieron a una pregunta a la Comisión encabezada por la eurodiputada Cecilia Wikström, en nombre de la Comisión de Peticiones, cuya respuesta después nadie tampoco ha argüido.
Tal y como publicamos en Diario16, el pasado 10 de enero de 2022, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abierta la petición de que se analizara la situación de los trabajadores temporales e interinos de las administraciones públicas en España, de cuya «desprotección» se responsabilizó al Estado.
Después de que los eurodiputados de la mayoría de los grupos políticos se mostraran partidarios de examinar esta cuestión, la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, la parlamentaria letona Tatjana Zdankova, dejó la denuncia abierta, al considerar que se trata de un asunto que «todo el mundo considera grave» y que, según ella, «viola los derechos de los trabajadores».
Zdankova encargó un informe escrito a la Comisión Europea para que analice si la nueva legislación aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez supone algún avance a la hora de reducir la temporalidad. Mientras que el Ejecutivo comunitario no se pronuncie, la denuncia se mantendrá abierta.
Las decisiones del Parlamento Europeo
Por tanto, hasta ahora se ha producido un mal aprovechamiento de las acciones que históricamente se han realizado. Desgraciadamente han sido ignoradas y desaprovechadas por algunos despachos que defienden a los interinos.
En este punto es donde incide la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde, tal y como publicó Diario16, se vuelve a poner de manifiesto que las actuaciones y decisiones adoptadas por las autoridades españolas, tanto las administrativas y legislativas, como las judiciales, no serían conformes con el espíritu de la Directiva ni de las sentencias que se han producido sobre el tema. Además, amplía la protección a todos los ámbitos de la Administración, militar inclusive, y lo aplica al personal docente de religión.
Esta sentencia, siguiendo el criterio que aparecía recogido ya en las sentencias Popescu y Mascolo, deja claro que el Acuerdo Marco también se aplica al personal contratado en el sector de la enseñanza impartida en centros públicos.
Además, se fija jurisprudencia sobre la Cláusula 5 del Acuerdo Marco, que no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada, aunque para ello, es condición indispensable que, en la Legislación nacional exista y se aplique otra medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 1999/70/CE, cosa que en España no ocurre.
