Banco Popular: el BBVA advirtió que una fuga de 5.500 millones provocaría la crisis de liquidez

Tal y como venimos publicando estos días en Diario16, el BBVA realizó un profundo análisis del Banco Popular durante el mes de mayo de 2017 una vez que la entonces sexta entidad financiera de España abrió el proceso de venta privado liderado por JP Morgan.

Diario16 ha tenido acceso a determinada documentación del BBVA en la que se señalan conclusiones que pueden ser la demostración de que el Popular no estaba para ser resuelto ni, por supuesto, vendido por un euro al Santander a través de un proceso de bail in que provocó la ruina de más de 1,2 millones de personas.

Por un lado, tal y como publicamos en este medio, el BBVA valoró el negocio principal del Popular en 8.000 millones de euros.

Sin embargo, una de las conclusiones más impactantes del informe de BBVA son las que aplican a la liquidez. Hay que recordar que este informe está realizado en base a la documentación extremadamente confidencial del Popular puesta a disposición de las entidades interesadas en el proceso privado de venta en una virtual data room.

El informe está fechado el 15 de mayo de 2017 y, en referencia a la situación de liquidez, el BBVA es contundente: una fuga de depósitos por valor de 5.500 millones de euros agotaría la liquidez disponible, es decir, que adelantó lo que ocurrió 20 días después cuando las administraciones públicas sacaron sus depósitos en una cantidad similar a la señalada por la entidad vasca. Esa era la cantidad clave con la que el Popular se encontraría en un grave incumplimiento de las ratios normativas y que podría llevarle a la resolución, como así ocurrió.

Las casualidades no existen, y mucho menos en el sector financiero, donde todo está calculado al milímetro. Hay demasiado dinero e intereses en juego como para dejarlo todo al albur de una casualidad. En consecuencia, el hecho de que la cantidad clave para que el Popular cayera por liquidez fuese, casualmente, la misma que fue retirada por las administraciones públicas genera sospechas de que tuvo que haber algo más.

El Popular tenía garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos el 55% del total de liquidez. Así quedó reflejado en un correo electrónico recibido por Emilio Saracho el día 5 de junio de 2017, a las 19.57, en el que María Isabel Moreno Ayuso, directora de Información Corporativa y Análisis, afirmaba que «El importe sigue siendo el mismo (36.188 millones, un 55% del total)».

Por tanto, había 32.500 millones que no estaban garantizados y estaban expuestos a la liquidación que determinara un juez. Banco Popular siempre se caracterizó por tener una gestión muy conservadora de la liquidez. Esto consiste en tener una relación adecuada entre créditos y depósitos. Antes de la llegada de Saracho el Popular la tenía en torno al 100%, muy conservadora para un banco comercial europeo. Además, poseía una reserva de liquidez en activos que se pueden hacer líquidos en la ventanilla ordinaria del Banco Central Europeo. Esa reserva estaba en 12.000 millones de euros el 31 de marzo de 2017.

Sin embargo, a partir de la publicación del hecho relevante de la reexpresión y, sobre todo, de la Junta de Accionistas del 10 de abril comienza una salida masiva de depósitos y el Popular se ve obligado a acudir esa ventanilla reduciendo ese excedente porque los depósitos estaban saliendo. Esto tuvo como consecuencia que tenía que atender a los pagos de los clientes y proveedores con ese dinero que se iba descontando.

A 31 de mayo, tras una fuga de depósitos de 11.000 millones de euros desde abril, se había comido una buena parte de ese colchón de reserva. Para los interesados en la ampliación de capital barata se había marcado un valor de la acción de 0,25 euros, lo que era una verdadera salvajada teniendo en cuenta que el valor contable de la acción en esa fecha estaba en 1,80 euros.

El día en que BBVA fechó su estudio sobre el Proyecto Noya, Banco Popular aún no había incumplido ninguna ratio normativa. Evidentemente, quedaba la «traca final», que se inició con la noticia publicada en Reuters el día 31 de mayo de 2017 sobre la resolución de la sexta entidad de España, según fuentes internas de la JUR citadas por la agencia británica.

El día 2 de junio, Uría y Menéndez, en su documento sobre la inviabilidad, reconoce que se había producido un pequeño incumplimiento en la ratio de liquidez que el propio Consejo de Administración del Popular había calificado como «insignificante».

El golpe llegó en el primer día laborable tras la Sesión Ejecutiva ampliada de la Junta Única de Resolución (JUR) en la que se acordó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) debería iniciar un procedimiento competitivo de venta de Banco Popular determinando las normas de procedimiento, algo que la Comisión Rectora del FROB hizo ese mismo día. En ese día el Popular tampoco incumplía las ratios regulatorias de liquidez, como tampoco el domingo 4 de junio.

Ese 5 de junio de 2017 fue cuando se produjo la fuga de miles de millones de euros en depósitos de organismos y empresas públicas como la Tesorería de la Seguridad Social, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la SAREB, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Canaria o Ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona, por citar algunos. Que organismos tan distantes decidieran al unísono retirar sus depósitos del Popular no puede si no venir de una estrategia conjunta que sólo se pudo dar con la presunta utilización de información privilegiada.

Retiraron depósitos en una cantidad que coincide con el análisis de BBVA de 20 días antes. ¿Casualidad?, siempre será mejor pensar como Albert Einstein cuando afirmó que «nunca creeré que Dios juega a los dados con el mundo».