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El 42 por ciento de los jueces y el 51 de los fiscales secundan la huelga en la Judicatura

Día negro para la Justicia española. A la huelga convocada por Jueces y Fiscales se han sumado los abogados que también tenían convocada una concentración para hoy en las distintas sedes judiciales de todo el país

Ángel Zafra
Periodista con amplia trayectoria en varios medios de comunicación, siempre como colaborador. EN las ultimas fechas ha estado vinculado a Radio Nacional de España y a el diario El País.
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Después de cuatro paros en las últimas semanas, la fecha acordada para la huelga por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, llegaba a primera hora de esta mañana. Según los datos facilitados por el comité de huelga a las 13:00, el 41% de los miembros de la carrera judicial, 2.294 jueces, y el 51 % de los fiscales, 1.264, se han sumado al paro convocado este martes para reivindicar una reforma de la justicia.

Los motivos que sustentan esta convocatoria, según han manifestado ambos colectivos, son, por el lado de los jueces, que no se hayan aprobado las catorce propuestas que presentaron en julio del año pasado ante el Congreso para la reforma de la Justicia, y por el lado de los fiscales, que no se hayan tomado medidas para garantizar su autonomía presupuestaria o la creación de nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.

Un portavoz del comité de huelga ha explicado que “ante el silencio de las instituciones”, se han visto “obligados a adoptar una serie de movilizaciones que culminan con la huelga cuya pretensión es instar a los responsables ministeriales para que se apueste de verdad por la Justicia en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte, los fiscales consideran que llevan “demasiados años necesitados de una reforma en la Administración de Justicia que no solo no llega sino que cada vez se aleja más”.

Tres han sido las ocasiones en las que los jueces han hecho huelga, el 18 febrero de 2009, con motivo de la huelga general a la que se adhirieron, el 14 noviembre de 2012 y el 20 febrero de 2013. En esta última, a la que también se sumaron las asociaciones de fiscales, la participación de jueces y magistrados fue del 41% según las cifras del Consejo General del Poder Judicial y de un 62 % según las asociaciones judiciales. La Fiscalía General del Estado no facilitó datos del seguimiento entre los fiscales. Las reivindicaciones de esta huelga fueron principalmente la de impedir la imposición de tasas judiciales o la externalización del Registro Civil.

Abogados

Como en concentraciones anteriores, los abogados han exigido una Justicia de Calidad y se han concentrado en Defensa de la Profesión. “No es por nosotros, en realidad estamos aquí para defender el derecho de los ciudadanos a una Justicia de calidad, que cumpla su importante función social”. Exigen más medios para los Juzgados, la despolitización el CGPJ, el pago puntual y aumento de las retribuciones del Turno de Oficio, Medidas de Conciliación Profesional (han preparado una Iniciativa Legal), una Sistema de notificaciones judiciales de calidad y bajo control de Poder Judicial, la eliminación de los juzgados de cláusulas abusivas, entre otras reivindicaciones. Denuncian una Justicia colapsada e ineficaz, que no da respuesta a la ciudadanía, en estado crítico y llegan a hablar de una Justicia Fallida.

En Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza o Vigo, se han producido las concentraciones más numerosas, pero las ha habido a lo largo de muchas ciudades y pueblos, siempre a las puertas de los Juzgados: se ha podido ver Abogados portando cárteles con las reivindicaciones en lugares tan dispares como las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Murcia, Zaragoza, Cartagena, Burgos, Logroño, Melilla, así como en sitios más pequeños como Verín, Villarcayo, Lerma, Salas de los Infantes, Telma, Guía o San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria.

El Ministerio de Justicia ha manifestado que está impulsando la mayor parte de las propuestas planteadas las asociaciones judiciales y de fiscales, y que para llegar a un acuerdo sigue apostando por el diálogo “como pauta necesaria e imprescindible para la mejora y modernización de la justicia”.

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