Desde que a finales de julio entrase en vigor la Ley de la Eutanasia, 24 personas han podido ejercer su derecho a morir dignamente. Son datos que ha hecho público el Departamento de Salud de Cataluña. Durante los 5 meses que se lleva aplicando la ley se han recibido 53 solicitudes, 34 en los Centros de Atención Primaria, donde los solicitantes son atendidos por los médicos de familia, que son los que hacen un seguimiento más cercano del paciente. El resto, 19 personas, acudieron a los hospitales para pedir ayuda para recibir una muerte digna.
Ayuda psicológica
La mayoría de los enfermos que piden información sobre la Ley de la Eutanasia son pacientes oncológicos o personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa. Debido a la gravedad de los cuadros que presentan los enfermos y a la trascendencia de la decisión, tanto ellos, como sus familias y como los profesionales de la salud que intervienen en el proceso reciben en todo momento acompañamiento psicológico.
Minucioso protocolo
El proceso de la aplicación de la Ley de la Eutanasia sigue un minucioso protocolo para asegurar que el derecho a morir dignamente se ejerza con garantías y en total libertad por parte del enfermo. «Se revisan los hechos, la enfermedad, el sufrimiento, la situación funcional, el impacto emocional, la situación social, la competencia del enfermo, que es esencial.” Señalaba en una entrevista recogida por TV3 el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, Albert Tuca.
Morir en casa
En algunos casos los enfermos han rectificado, concretamente 2 personas han cambiado de opinión y han revocado su derecho a la eutanasia. También se han dado 6 casos de personas que han muerto antes de recibir la asistencia que habían solicitado para morir dignamente. La mayoría de las personas elige su casa como lugar para morir.
Consenso médico
La aprobación por parte de los profesionales de la salud es consensuada. Tan solo un 0,1% de los sanitarios se han declarado objetores de conciencia para no tener que intervenir en las solicitudes de muerte digna. En total han sido 90 los objetores: 77 médicos, 12 enfermeras y 1 farmacéutico, mientras que 12.000 profesionales han pedido formación específica sobre la aplicación de la eutanasia para poder atender correctamente a los solicitantes.
