Uno de los grandes problemas que tiene la democracia española es que no se ha reformado en cuatro décadas, sigue con los mismos parámetros que tras la muerte del dictador y la Transición. Esta es la razón por la que los poderes del Estado se encuentran anquilosados en unos escenarios que ya no son aplicables en el siglo XXI. Por ello se producen injusticias, por ello se está incrementando la desigualdad y, sobre todo, por culpa del «dontancredismo» político, el Estado es incapaz de hacer frente a los verdaderos problemas del pueblo. Mientras el debate político está centrado en temas territoriales, los índices de pobreza siguen colocando a España a la cola de Europa o la precariedad laboral impide que la ciudadanía pueda plantearse siquiera proyectos de vida futura.
Sin embargo, mientras que durante la Transición los poderes ejecutivo y legislativo avanzaron un poco respecto a lo que ocurría en el franquismo, el judicial continúa anclado en los mismos patrones, no de la dictadura, sino del reinado de Fernando VII. Ese anquilosamiento del poder encargado de impartir justicia ha generado lo que se ha denominado en llamar «corrupción judicial» que, en absoluto, tiene que ver con un enriquecimiento económico de jueces y fiscales, si no, más bien, del modo injusto en que se imparte esa justicia.
La ciudadanía se ha rebelado contra el hecho de que los tribunales que, en teoría, deberían ser el lugar en el que se igualan el pueblo con los poderosos bajo el manto de la ley, se conviertan en un lugar controlado por los lobbies de los grandes despachos que representan a las élites. Casos ha habido muchos, pero, el más sangrante, lo vimos en la resolución del Tribunal Supremo en la que se desdijo de una sentencia que beneficiaba a la ciudadanía y perjudicaba a la banca: la del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas.
Como decimos, el pueblo se ha empezado a rebelar y no ha dudado en acudir al único ámbito que no pueden controlar esos lobbies: los organismos europeos que han dejado en ridículo al poder judicial español en multitud de asuntos que afectaban directamente a los intereses de la ciudadanía. Una democracia madura debería avergonzarse de que su pueblo se vea obligado a acudir a la UE porque en su país no encuentra la justicia que se espera de los tribunales.
Veamos algunos ejemplos que han sido publicados en estas páginas. El equipo jurídico que asesora y soporta la lucha de los denunciantes de corrupción ha interpuesto varias denuncias contra el Estado porque han detectado que en varios procedimientos judiciales las cuestiones prejudiciales dirigidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) eran rechazadas de manera sistemática y siempre con parecidas argumentaciones. Estos procedimientos se han vehiculizado en tres denuncias a la Comisión Europea y una cuarta al Servicio de Compliance de la UE (Direct-Europe). Estos hechos, según los denunciantes, se dieron en las salas tercera, cuarta y quinta del Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, así como en la Audiencia Provincial de Sevilla. Según los letrados que presentaron esta denuncia hay indicios claros, continuados y confrontados con la Unión Europea de que las instituciones de Justicia del Estado español han cometido un presunto delito de prevaricación continuada por su insistente y continuada voluntad de, en perjuicio del justiciable, no aplicar el Derecho de la Unión, que es prevalente al Derecho nacional y tiene primacía sobre el mismo.
Otra denuncia contra el Estado español por corrupción judicial fue la presentada por un abogado que tiene que luchar día a día contra esas dictaduras privadas que tienen contralados los tribunales a través de terceros, por medio del lobby de los grandes bufetes. La denuncia, a la que Diario16 tuvo acceso, parte de los datos del Eurobarómetro que constatan el amplio descredito de la Justicia entre la ciudadanía, que cada año va en aumento y muestra de ello es que la mayoría «considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia por su corrupción sistémica», afirma la denuncia. Esa desconfianza en la Justicia tiene diferentes causas como las presiones políticas y las injerencias o presiones de intereses económicos.
La denuncia de este abogado incide en el hecho de que el problema se encuentra en que, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía y de los abogados, el Consejo General del Poder Judicial, el encargado de sancionar las conductas presuntamente corruptas de los jueces, archiva todas las quejas presentadas «en una clara muestra de su corporativismo, haciendo inútil cualquier tipo de denuncia de corrupción contra los jueces que sistemáticamente “caen en saco roto” y quedan impunes sin sanción. Tan grave es la situación de corrupción de los jueces y su órgano de gobierno, el CGPJ, que una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad de denunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”», se afirma en el documento.
Otro ejemplo de ello fue publicado la pasada semana en Diario16 y se trataba del caso de un ciudadano denunciaba ante la Comisión Europea «simulaciones procesales de determinados juzgados de primera instancia, juzgado mercantil, de lo social, y juzgados de instrucción de Córdoba, así como de las tres salas de la Audiencia Provincial de Córdoba, junto a actuaciones de altos funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social», afirmaba la denuncia.
Un país donde su ciudadanía tiene que recurrir a la Justicia europea porque sus tribunales se han sometido, presuntamente, al poder de las dictaduras privadas, no puede calificarse como una democracia porque, tal y como afirma el artículo 117 de la Constitución, «la justicia emana del pueblo». Si la Justicia se vuelve injusta es contraria a los principios democráticos y, por ende, se corrompe y se convierte en un arma más de la dictadura de los poderosos porque, al fin y al cabo, deja al pueblo indefenso ante sus abusos.
Si algún día gobierna PODEMOS, con la mayoría suficiente para poder influir en la Justicia, esto empezaría a cambiar a mejor. Imaginar a una Ministra como Victoria Rosell como ayudaría a que empezara a existir una verdadera Justicia.
Coincido totalmente con Arroyo.
Los únicos partidos rupturistas con el sistema actual son VOX y Podemos. El problema es que VOX sólo quiere romper con los derechos que tanto nos ha costado conseguir a los ciudadanos, manteniendo el resto del régimen actual de prebendas para los jueces, mientras que Podemos sí sería capaz de plantar cara a la corrupción judicial. El problema de ésta es que se ha convertido en algo tan cotidiano que de procederse en serio se llenarían las cárceles de corruptos.