Mark Twain:“Lealtad al país siempre. Lealtad al gobierno cuando se lo merece.”

Por síndrome podríamos considerar al conjunto de síntomas que definen una disfunción. Dicho esto, podríamos aplicar ese concepto a nuestra realidad social y política. En democracia, cuando se toma posesión de los cargos, se jura o promete cumplir con las obligaciones que le son propias. En ese acto no se somete la responsabilidad de la gestión a entidades espirituales ni testas coronadas. El acto de asunción de un cargo se realiza en arreglo a la Constitución. Esa norma de normas es el referente que designa al conjunto ciudadano. Cuando se acepta el cargo se hace bajo el marco de la Ley. En democracia los cargos electos o designados, sólo se legitiman si respetan la Ley y al conjunto ciudadano que la sustenta. Sus lealtades deben ser a esa fuente: las personas que hacen un país.

Sin embargo, la vocación colectiva, propia de nuestro sistema de gobierno, suele verse debilitada a menudo por el egoísmo individual o espúreo de quienes confunden las lealtades de grupo por las de la sociedad democrática. La degradación social comienza cuando no se acepta que, la idea de progreso, trae aparejada la de que los individuos deben ejercer sus labores de manera solidaria y colaborativa para todos los ciudadanos, no al servicio de facciones minúsculas, por poderosas que estas sean. Sólo entonces se irradiarán valores positivos para que el individuo se realice de modo colectivo. La propia sociobiología concluye en concordancia con esta idea. La propensión humana a la transgresión de las normas, por parte de aquellos que deberían ser sus custodios, es un síntoma. El conjunto social, cuando dejó atrás los “años felices” del hiperconsumo y de la insatisfacción programada, se vuelve a encontrar con la solidaridad y la colaboración. Eso es madurez democrática. Aunque debemos reconocer que se producen episodios que hacen sospechar cierta permisividad o inequidad hacia el delito, según de quienes venga. Ello, de confirmarse, es el parapeto que permite la fragmentación y debilitamiento de la Justicia. Si se añade la restricción de los recursos disponibles para defender el interés colectivo, si esto ocurre, estamos entonces en presencia de otro síntoma. La transformación social es el objetivo último de los gobiernos o, al menos, debería serlo. Construir cambios para que las personas se perfeccionen es la clave. Por ejemplo, el trabajo que realiza el individuo representa, probablemente, su función más importante en la sociedad que lo contiene. Pero, si el soporte social que le dio orientación y apoyo a lo largo de su vida laboral, desaparece y cambia de un modo perverso las relaciones productivas, en defensa de intereses corporativos, entonces la sociedad corre el riesgo de convertirse en una jungla en el que los poderosos campan a sus anchas. Esto deslegitima la autoridad delegada por los ciudadanos.

Disculpar actos que son cometidos por personas e instituciones, en el desempeño del poder que les ha sido conferido, sólo contribuye a permeabilizar el sistema de valores. Esa es la línea defensiva que protege a las personas del abuso del poder. La sucesión de episodios que involucran a cargos y ex cargos con diferentes causas en marcha, sólo hace crecer la alarma social y la indignación por las conductas opacas y oscuras. En este contexto hay que ubicar la cuestión catalana y los límites de la legitimidad con la que se están gestionando. Desde la UE nos dicen que algo no está bien.

En cualquier caso, me pregunto, ¿a quién deben lealtades los señores ministros, magistrados, parlamentarios, militares y funcionarios? ¿A su partido, a la agrupación religiosa a la que pertenecen, al conjunto de cotporaciones que se mueven tras los intereses en juego de sus carteras, sus actas o sus cargos?

Sólo basta observar una foto de aquél magnífico Gabinete de Aznar. Poco digno queda de sus actos y muchas consecuencias que afrontar por los españolitos de toda condición. Tampoco las extrañas circunstancias en las que se entromete el poder económico en el poder político y, éste, en el poder judicial. Tampoco podemos ignorar que el general de división Juan Chicharro Ortega, quien se encontraba en la reserva desde 2010, se ha convertido en el nuevo presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Su nombre era conocido en el mundo castrense, y también en la Casa Real: según consta en su currículum oficial, en su calidad de teniente coronel fue “ayudante de Campo de Su Majestad el Rey”. Es tenebroso pensar que de la Transición sólo pueden quedar mentiras.

Recordemos que el presidente Richard Nixon debió renunciar a su cargo por el significativo hecho de mentir. Va siendo hora de aclarar lealtades para no caer en el “síndrome de la deslealtad”. Cuando se observan comportamientos que no permiten garantizar la equidad en el tratamiento ante el incumplimiento de las normas. Si se contemplan sucesivas arbitrariedades en asuntos económicos, políticos y sociales, entonces se abren las puertas a los comportamientos tan indeseables como reprobables. Sólo el escrupuloso cumplimiento de la legalidad constitucional nos puede salvaguardar del desorden y el caos.

No dejes que te engañen otra vez. El PNV lo hace hoy en las Cortes aprobando unos presupuestos insolidarios para la mayoría de españoles, apoyados por la más rancia derecha que los necesita porque no tiene mayoría suficiente. En unos meses las urnas dictaminarán, recuerden entonces a Anaxagoras, del siglo V AC: ”Si me engañas una vez la culpa es tuya. Si me engañas dos, la culpa es mía”.

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