La irresponsabilidad de los políticos españoles con representación parlamentaria, que han necesitado más de 300 días para investir a un presidente del Gobierno, traslada a los españoles la indeseada y no merecida responsabilidad de hacer frente a enormes consecuencias de tipo económico.

Siempre es así en la España actual: el político hace lo que le viene en gana, o lo que puede porque no da más de sí, y luego a los españoles les toca pagar los platos rotos, la vajilla entera.

Pasó con el hundimiento de la práctica totalidad de las cajas de ahorro, con la corrupción que ha tenido y tiene un coste para los ciudadanos importante, con el déficit o con el endeudamiento de las administraciones públicas.

Ahora la factura que llega a los hogares patrios es en la que se refleja lo que ha costado a la economía nacional casi un año de bloqueo de la inversión y parte importante del gasto públicos del Estado, ministerios, otras administraciones y satélites.

Principalmente la parálisis en la contratación de infraestructuras o la continuidad de las que están en marcha como, por ejemplo, ferrocarriles, puertos o carreteras.

Pero en lo menudo de la contratación pública también es considerable el daño ocasionado a miles de pymes a las que se ha llevado a una situación difícil por la ausencia de concursos, empleo incluido. No todo, aunque es importante, es terminar el trazado AVE a Extremadura. Se trata de una enorme cantidad de concursos de suministros de bienes o servicios que la Administración Central consume diariamente.

Volver a poner al día todas esas estructuras administrativas va a tener un coste elevado que incrementará el monto total de la factura ciudadana.

Esta es una de las tareas a las que se tendrá que poner el nuevo Gobierno desde el próximo lunes aunque hay más cuestiones en la bandeja de pendiente y son, casi todas, peores.

Si damos por hecho que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 serán aprobados dentro del tiempo que exige la Ley y así evitar la multa de Bruselas, estos son los asuntos de naturaleza económica que morderán los tobillos de Mariano Rajoy y sus ministros, prácticamente todos.

 

Ajuste presupuestario

Hace pocos días Mariano Rajoy recibía una atenta carta firmada por el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici en la que le indicaban que España debería reducir el Presupuesto para 2017 en 5.500 millones de euros y otro tanto en 2018, es decir, 11.000 millones. La cuenta está clara: España ha presentado un déficit del 3,6% y la Unión Europea le exige que sea del 3,1% y todos esos millones corresponden al 0,5% del PIB, es decir la diferencia deficitaria.

Millones que se retirarán de la inversión y el gasto público y, por tanto, que no llegarán a los canales productivos del país.

 

Pánico por las pensiones

También hace pocos días, 18 de octubre, se ha conocido que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social llega hasta diciembre del año próximo y que incluso, en la actual situación, no se podría abonar la paga de Navidad a los beneficiarios.

Todo ello se debe, de nuevo, al déficit en este caso de la SS que para el próximo ejercicio se estima sería del 1,7% (el objetivo era del 1,1%) conllevando una desviación de 1.900 millones.

A finales del año pasado el Fondo de Reserva tenía en sus arcas 32.481 millones y este año, en diciembre se podrán contar una cantidad levemente superior a los 13.500 millones. Y si se tiene en cuenta el coste del déficit la deviación a diciembre de 2017 sería de 16.000 millones, números rojos para el Fondo.

¿Qué puede hacer el Gobierno? Aumentar cotizaciones, trasladar fondos del la caja general del estado e incluso bajar el importe de las prestaciones. Otra vez más de lo mismo: el coste para el ciudadanos.

 

¿Banca sana?

No hace falta ser un experto en finanzas para conocer lo que el Sareb o el Frob. Lo que el ciudadano sabe es que son instrumentos que ha creado y utiliza el Estado, vamos, el Gobierno, para sanear el sistema financiero. Y que pagamos, otra vez, los ciudadanos y que difícilmente vamos a recuperar en su totalidad, sólo en una pequeña parte.

La parte incumbente, la banca, se empeña a repetir que el sector financiero español está ya saneado. Pero lo cierto es que los resultados de los siete grandes bancos españoles correspondientes a los nueve primeros meses del año no son precisamente buenos. Los ajustes de plantilla siguen así como el cierre de oficinas y la búsqueda de liquidez mediante la venta de activos patrimoniales.

Además, la solicitud de nuevos créditos no se recupera, mientras que las entidades presentan frecuentemente planes y programas de mejora de la gestión con el incremento de la digitalización, como paradigma y solución de todos los males. Todavía existen en España muchas entidades y muchas oficinas.

 

Hay más

A todo lo anterior se deben añadir otras cuestiones que por conocidas no son menos importantes y graves para la situación económica que es, consecuentemente, la situación social del país.

¿Se podrá pagar alguna vez la deuda? Hay quien que no, que no es posible y de ser así España deberá destinar ad eternum cuantiosísimos recursos públicos para abonar los intereses y liquidar lo que sea posible de deuda.

Se dice recurrentemente, desde posiciones interesadas, que la legislación laboral última ha posibilitado la creación de empleo. Y también la miserabilización de gran parte de los salarios correspondientes a las nuevas contrataciones. Mismo trabajo, menor salario, el truco del almendruco.

Y así se incrementa la ya de por si enorme desigualdad existente entre españoles y provoca la frustración entre los aspirantes a empleados y en los recién contratados, así como la desconfianza en el sistema e incluso malestar cercano a gran cabreo.

Este es el panorama, o parte de él, que se observa desde La Moncloa y desde los despachos de los nuevos ministros. Y no es ficción, es dura realidad.

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