La actual República de Yemen surgió en 1990 tras la unificación de la República Árabe de Yemen (Yemen del Norte) y la República Popular Democrática de Yemen (Yemen del Sur). Yemen del Norte alcanzó la independencia en 1918 con la partición del Imperio otomano, mientras que los británicos mantuvieron el control en el sur del país hasta 1967, cuando nació Yemen del Sur. Los dos países se unificaron formalmente como la República de Yemen en 1990, bajo la presidencia de Ali Abdullah Saleh, el cual llevaba 12 años siendo Presidente de Yemen del Norte.

En 2011, luego de la serie de rebeliones y protestas acontecidas en todo el mundo árabe, los ciudadanos yemeníes se rebelaron contra el régimen de Saleh, mediante una serie de manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas violentamente por el gobierno. A pesar de la promesa de una transición de poder ordenada y progresiva, para finales de marzo del 2012, muchos grupos aún continuaban con las protestas en el Estado. La situación política y social del país empeoró a lo largo del 2012, hasta que se logró la destitución del Presidente. Los hutíes, un grupo zaidí con orígenes en la montañosa gobernación de Saada, boicotearon las elecciones de un solo candidato a principios de 2012 para dar a Abd Rabbuh Mansur Hadi un período de dos años de mandato.

Mientras tanto, el conflicto entre las tribus hutíes y sunitas en el norte de Yemen se extendió a otras provincias, incluyendo la gobernación de Saná a mediados de 2014. Después de varias semanas de protestas callejeras contra la administración de Hadi, los hutíes se enfrentaron a las fuerzas del Ejército de Yemen. En una batalla de unos pocos días, los combatientes hutíes tomaron el control de Saná, la capital yemení, en septiembre de 2014. Los hutíes obligaron Hadi a negociar un acuerdo para poner fin a la violencia, por el que el Gobierno dimitió y los hutíes alcanzaron un gran nivel de influencia sobre las instituciones del estado y la política.

En enero de 2015, descontentos con una propuesta para dividir el país en seis regiones federales, combatientes hutíes tomaron el complejo presidencial en Saná. El juego de poder llevó a la renuncia del presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi y sus ministros. El liderazgo político hutí anunció la disolución del Parlamento y la formación de un comité revolucionario para gobernar el país el 6 de febrero de 2015.

El 21 de febrero, un mes después de que militantes hutíes confinaron a Hadi a su residencia en Saná, este escapó de la capital y viajó a Aden, la antigua capital de Yemen del Sur. En un discurso televisado desde su ciudad natal declaró que la toma de control hutí era ilegítima e indicó que seguía siendo el presidente constitucional de Yemen.

Hace ya casi dos años, el 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra el grupo armado de los hutíes en Yemen, desencadenando un auténtico conflicto armado.

Desde entonces, el conflicto se ha ido extendiendo y los combates se han propagado por todo el país. A los incesantes bombardeos aéreos de las fuerzas de la coalición hay que añadir la batalla que libran en tierra las facciones rivales: hutíes, aliados con los simpatizantes del ex presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh; por otro, las fuerzas contrarias a los hutíes, aliadas con el actual presidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, y con la coalición dirigida por Arabia Saudí. En medio está atrapada la población civil, con miles de muertos y heridos y una crisis humanitaria que crece vertiginosamente.

Durante estos dos años, la mayor parte del mundo ha hecho caso omiso de este feroz conflicto y ha tenido pocas noticias sobre sus devastadoras consecuencias. Es una guerra olvidada o escondida principalmente por las potencias occidentales.

La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas a miles de civiles, el conflicto ha exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano.

Al menos el 83 % de la población yemení depende actualmente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Para impedir la llegada de suministros a las fuerzas hutíes, la coalición ha impuesto un bloqueo aéreo y naval parcial que ha limitado gravemente la importación y aprovisionamiento de combustible y otros productos esenciales, obstaculizado el acceso a agua, alimentos, asistencia humanitaria y suministros médicos, y provocado un fuerte aumento de los precios de la comida. Esto ha conducido a millones de personas a una situación desesperada. Según datos de la ONU más de 10.000 personas han muerto en esta guerra -niños y niñas en una gran parte-, más de 3 millones han sido desplazadas interiormente por los conflictos, meses de embargo y escaramuzas han propagado la hambruna y el pánico. La violencia ha dañado o reducido a escombros hasta 70 centros sanitarios, como el hospital administrado por Médicos Sin Fronteras. Más de 600 centros de salud han cerrado desde el inicio del conflicto.

Amnistía Internacional ha recogido indicios que revelan que todas las partes en el conflicto han cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario: ataques contra civiles, contra viviendas y edificios civiles, contra instalaciones médicas. Algunos de estos ataques parecen haber tenido deliberadamente como objetivo instalaciones civiles como hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, por lo que podrían constituir crímenes de guerra. La coalición encabezada por Arabia Saudí también ha empleado bombas de racimo, armas explosivas letales cuyo uso está prohibido por el derecho internacional. Al ser lanzadas, estas armas liberan decenas —a veces cientos— de minibombas que a menudo quedan sin explotar y pueden causar terribles heridas mucho después del ataque. Amnistía Internacional ha documentado el uso por la coalición de al menos cuatro tipos de municiones de racimo, que incluyen modelos fabricados en Estados Unidos y Brasil.

Pese a los firmes indicios de graves violaciones del derecho internacional en Yemen, muchos países han continuado vendiendo y transfiriendo armas a Arabia Saudí y a otros países miembros de la coalición para su uso en el conflicto. También, se han desviado armas que han acabado en manos de las fuerzas hutíes y de otros grupos armados que luchan en Yemen.

España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido registraron licencias y venta de armas a Arabia Saudí (entre ellas drones, bombas, torpedos, cohetes y misiles) por valor de más de 25.000 millones de dólares en 2015. Entre ellos, los 70 millones de euros en proyectiles de artillería y munición que España vendió a Arabia Saudí en el primer semestre del año pasado y que han sido utilizados en la masacre civil del Yemen.

Y, en este contexto, la Monarquía española, en un papel extraño de agente comercial, acompañada de la casta oligárquica, ha visitado Arabia Saudí para promover la venta de armas -corbetas de guerra que sepamos- al principal país alentador de la situación y que, además, ofrece la sintonía con un régimen campeón en la aplicación de la pena de muerte (más de 350 ejecuciones en los últimos tres años), la discriminación de la mujer o la persecución de disidentes como el bloguero Raif Badawi, condenado a mil latigazos y 10 años de cárcel por “insultar al Islam”.

Aunque lo que es más sorprendente es que desde sectores “anticapitalistas” dicen, como el alcalde de Podemos de Cádiz, Kichi, y sus socios de Izquierda Unida, se apoye la iniciativa de construcción y venta de estos barcos de guerra a un país como Arabia Saudí, con el falaz argumento de que dan trabajo: “Que no quepa la menor duda sobre nuestro apoyo a los astilleros de la Bahía de Cádiz”, para añadir a continuación que muestra su “respaldo y apoyo” a las negociaciones que la SEPI y la dirección de Navantiaestán desarrollando para que el contrato de las corbetas se firme de la manera más inmediata posible”. Esto pone el contrapunto a esta nueva Zarzuela de -y nunca mejor dicho- “Españistán” que podríamos titular como “La verbena de las corbetas” -dado lo heterogéneo ideológicamente de sus participantes.

Cualquier actuación que no ponga fin a las transferencias de armas para uso de las partes del conflicto de Yemen; que no investigue las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos cometidas en Yemen, con vistas a asegurar que las personas sospechosas de delitos comparecen ante la justicia en juicios justos; y que no garantice el acceso pleno y sin obstáculos a las organizaciones de ayuda humanitaria, no puede recibir el más mínimo apoyo de todos aquellos que en algún momento se han sentido defensores de los Derechos Humanos.

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Vinculado desde muy joven a la CNT y a diversos movimientos de izquierda, es militante de Los Verdes desde finales del siglo pasado. Ha sido concejal en Dénia, Presidente de Los Verdes del País Valenciano y, actualmente, Presidente de la Federación de Los Verdes. Filólogo y escritor, ha ejercido su magisterio en diversas escuelas e institutos del País Valenciano y de Cataluña, así como también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en el Instituto de Ciencias de la Educación de las Universidades de València y Alacant. Ha sido Inspector Educativo y Director Territorial de Cultura en Alacant. Premio XXV d’Abril en Benissa con un libro de cuentos, Premio Educación y Sociedad del Ministerio de Educación por su libro de texto A debat, ha publicado una treintena larga de libros de texto para la enseñanza del valenciano, libros de cocina tradicional valenciana e innumerables colaboraciones periodísticas.

1 Comentario

  1. Magnífico artículo, que arroja bastante luz acerca de un conflicto que apenas copa espacio en la prensa internacional.

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