1994. Son los tiempos de la guerra sucia contra ETA. El Gobierno socialista de Felipe González encomienda al comisario José Manuel Villarejo una serie de tareas “delicadas”, la principal indagar en la vida privada de jueces como Baltasar Garzón, el incómodo magistrado que hurga peligrosamente en los fondos reservados, en los casos Lasa y Zabala y en las cloacas del Estado: los GAL. También se le encargan dosieres confidenciales sobre las actividades de políticos relevantes del momento y sobre periodistas y empresarios como Javier de la Rosa. Sin comerlo ni beberlo, Villarejo se mete hasta el cuello en el fango de las alcantarillas del Estado en un viaje sin retorno al corazón de las tinieblas. Desde ese momento ya no va a ninguna parte sin su grabadora. “Lo tiene todo grabado de todos, por eso le han protegido más”, aseguran fuentes policiales. Supuestamente Villarejo obtiene cientos de horas de conversaciones con personajes del más alto nivel y va depositando el material en un lugar seguro que solo él conoce. Es precavido, no quiere correr riesgos innecesarios por si al Gobierno se le ocurre quitarlo de en medio, eliminarlo sin más. Hay quien dice que los 40 terabytes con información altamente sensible que dice poseer se encuentran escondidos en el sótano de un banco de Panamá. Nadie puede confirmar ese dato.
La llegada al poder de José María Aznar en 1996 no parece afectar a las actividades profesionales de información y espionaje del comisario Villarejo. Sigue trabajando para organismos relacionados con la seguridad del Estado en asuntos turbios de la máxima confidencialidad. Y por lo visto gana dinero. Mucho dinero. Incluso en 1999 se plantea levantar un megalómano parque temático árabe junto a los restos arqueológicos de Medina Azahara, una inversión de 2.500 millones de pesetas que al final no se llega a construir, aunque sigue obteniendo pingües beneficios con sus empresas de “gestión de crisis”. Pasa el aznarismo y tampoco le va mal con José Luis Rodríguez Zapatero. Ni con Mariano Rajoy a partir del 2011. En total llega a trabajar con cuatro gobiernos y diez ministros distintos. Es lo que tiene saber nadar y guardar la ropa, aprender a moverse con unos y con otros, reptar por las entrañas viscosas del Estado. Villarejo siempre ha dicho en su descargo que compatibilizar los negocios privados con su actividad como policía es algo perfectamente legal y ha llegado a revelar que hasta 60 funcionarios de Policía en activo lo hicieron de forma más o menos habitual. Ese dato ha sido negado tajantemente por el Ministerio del Interior. Polémicas aparte, en marzo de 2014 el ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, lo condecora con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Es el premio por los servicios prestados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, hay quien dice que el verdadero motivo de aquella medalla fue el pago por sus espionajes a políticos catalanes durante la Operación Cataluña, una serie de seguimientos y escuchas a los impulsores del procés independentista.
Y así llegamos al año 2015 y a un caso que dará un vuelco a la vida de José Manuel Villarejo hasta hacerlo caer en desgracia. La prensa airea las grabaciones de la entrevista que en 2011 mantuvo con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, implicado en la compra de un ático de lujo en Estepona y en el cobro de comisiones del caso Lezo. Villarejo acude a esa cita con el número 2 de Esperanza Aguirre en compañía de otro mando policial. La versión del excomisario es que González le pide ayuda para tapar el caso. El político popular mantiene que el policía pretende chantajearle. El volcán está a punto de estallar y el magma de corrupción del PP se extiende por todas partes. “Fernández Díaz tiene que aclarar para quién trabajan esos policías, a quién representan y a quién reportan, puesto que parecen actuar al margen de los órganos regulares del Estado de Derecho”, advierte El País en un duro editorial. Es entonces cuando sale a relucir el nombre del comisario. “Personas a las que la sociedad dota del poder de usar placa y pistola no pueden hacer lo que les viene en gana, investigando a quien les parece y en medio de una inquietante confusión entre actividad pública y privada”, añade el rotativo madrileño.
La buena estrella de Villarejo parece apagarse a partir de ese preciso instante. La prensa publica el ingente patrimonio que supuestamente ha ido amasando en los últimos años. Villarejo tiene que salir a la palestra para asegurar que todo lo tiene en regla y que cuenta con la autorización oficial de sus superiores. “Después de 10 años de excedencia en la policía, me pidieron que volviera como agente encubierto en régimen de excedencia especial, y me autorizaron a mantener mi actividad privada; de hecho, he puesto al servicio de la policía alguna de mis empresas para realizar acciones de investigación dentro y fuera de España”, se excusa en un comunicado urgente. Pero la caja de los truenos se ha abierto violentamente y amenaza con llevarse por delante al comisario y a decenas de personajes públicos relevantes que tuvieron el infortunio de cruzarse con él en algún momento de sus vidas.
En julio de 2016, con 65 años, Villarejo se jubila voluntariamente. Por esas mismas fechas ya ha estallado el caso de la ‘Policía patriótica’, oscuros informes que elabora el Gobierno del PP sin autorización judicial sobre supuestas prácticas corruptas y cuentas en Suiza de líderes independentistas como Artur Mas. El objetivo de la “brigada política”: desacreditar a los separatistas catalanes que quieren romper España. El escándalo agrava aún más la delicada situación del ministro Fernández Díaz –a quien la oposición exige su cese– y del misterioso excomisario de la boina calada. Las cloacas del Estado, en las que durante décadas ha chapoteado Villarejo como pez en el agua, quedan al descubierto. Pero lo que realmente va a desencadenar el desastre final es la guerra abierta entre servicios policiales a cuenta del crudo enfrentamiento entre Villarejo y Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos hasta que es relegado de su puesto por Fernández Díaz. La relación entre ambos se deteriora a partir de 2012, cuando precisamente un informe de Asuntos Internos sobre el caso Emperador –la mafia china de Gao Ping especializada en el lavado de dinero negro de aristócratas y empresarios–, salpica al hijo de Villarejo y a policías de su confianza. Villarejo monta en cólera al saber que su gente está siendo investigada (en realidad su vástago nunca llegará a ser imputado) acusa a Martín Blas de obtener pruebas al margen de la autoridad judicial y decide pasar a la acción.
El segundo episodio de la contienda se remonta a octubre de 2014, cuando tiene lugar una reunión de altos mandos policiales. En el despacho están Martín Blas, dos agentes del CNI y un inspector de Policía. Allí se habla de las andanzas de un tal Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el también conocido como ‘Pequeño Nicolás’, un personaje pintoresco que alardea de ser el mayor conseguidor de Villa y Corte y que anda codeándose con lo más granado del Gobierno del PP. Misteriosamente la entrevista es grabada de forma subrepticia, aunque Villarejo lo niega. Martín Blas sospecha cómo se obtuvo ese audio: “Durante la reunión llamó a mi teléfono Carlos Mier, el periodista que trabajaba en Información Sensible, quien está ahora investigado en la pieza separada sobre esa grabación ilegal, junto a Villarejo y a su mujer, que dirige esa página web”, asegura en una entrevista para Público, en la que añade que el propósito de la grabación –que fue activada por control remoto– era dar al traste con la investigación de Asuntos Internos en la que se apuntaba a la relación directa entre Villarejo y Nicolás.
Finalmente las conversaciones terminan en los periódicos, el caso explota y agrava la guerra policial. Villarejo empieza a granjearse enemigos dentro de la misma Policía. Lo repudian los de Asuntos Internos, los del CNI, hasta algunos de sus propios compañeros. Martín Blas lo acusa de “grabación ilegal” y de “organización criminal”. Villarejo se defiende alegando que no sabe nada del caso Nicolás porque no es de su competencia. Empieza el cruce de querellas. Desde ese momento hasta hoy la basura no ha parado de salir. Y no solo en escándalos ya citados como el del ático de Estepona de Ignacio González o el caso Nicolay, sino también en el proceso judicial sobre la supuesta fortuna de los Pujol en Andorra y los errores de forma detectados en la instrucción del sumario del caso Emperador contra Gao Ping, impulsado por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que finalmente se ve obligado a apartarse del caso por su amistad manifiesta con uno de los investigados. Una cosa parece clara: o el Estado doblega a Villarejo o es este quien doblega al Estado.
Por un momento parece que el comisario más poderoso de la democracia, el gran protegido del poder, va a ganar la partida, sobre todo cuando Martín Blas es relegado de su puesto. Pero al final el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, se va a encargar de poner las cosas en su sitio al llamar a declarar a Villarejo en calidad de investigado por revelación de secretos en el caso Nicolay. El instructor decide llegar hasta el final en el escabroso asunto, pese a que el fiscal se opone a que el comisario dé explicaciones sobre quién grabó la reunión de octubre de 2014. El asunto aún colea en los tribunales…
El tiempo pasa y los problemas se le amontonan a Villarejo, que se encuentra con un nuevo escándalo: una doctora, la dermatóloga Elisa Pinto, lo acusa de haberla intentado apuñalar en abril de 2014 después de que ella denunciara por acoso al empresario Javier López Madrid, el “compi yogui” íntimo amigo de los reyes de España. Según Pinto, López Madrid y Villarejo intentaron intimidarla y terminaron pasándose de la raya. Esta vez el comisario ha apuntado demasiado alto, tanto como la Casa Real, y va a pagar un precio muy alto por ello.
En febrero de 2017, Villarejo está con el agua al cuello y el cerco judicial se cierra peligrosamente en torno a él. Mientras tanto, se va a cruzar en su camino un personaje inesperado, David R. Vidal –ex agente del CNI y autor del libro Diario de un espía–, que se encarga de hacer llegar un amplio dosier a la Fiscalía Anticorrupción sobre las andanzas de Villarejo. Estamos a finales del mes de abril y su denuncia anónima va a ser la puntilla contra el todopoderoso comisario. “A mediados de 2016, por junio, alguien me dio una información: una serie de cuentas que tenía en Panamá el comisario José Villarejo para fines, me decían, ilícitos. Eran las cuentas donde él pedía que le ingresaran el dinero de sus trabajos especiales”, explica en una entrevista para El Mundo. Además, Vidal averigua que un alto cargo de Guinea contrató los servicios de Villarejo para desprestigiar a uno de los hijos del presidente del Gobierno, Teodoro Obiang. Este nuevo culebrón de la factoría Villarejo comienza cuando los supuestos guineanos piden un informe comprometedor sobre el hijo de Obiang. Villarejo, presidente del Grupo Cenyt con sede en la Torre Picasso de Madrid, se interesa por el asunto. Al final el dosier de investigación sobre Guinea del polémico comisario recibe el nombre de Proyecto King y contempla “seguimientos, interceptación de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias y otros elementos de privacidad personal” sobre el hijo de Obiang, según consta en la denuncia de David R. Vidal. El precio total por los trabajos: 5,3 millones de euros, 1,7 millones por la elaboración del informe más otros 3,6 por un seguimiento anual, según asegura Vidal en su entrevista con los reporteros de El Mundo. Todavía hoy la Justicia investiga si el dinero por aquellos encargos terminaron bastante más lejos de las oficinas de Villarejo en la Torre Picasso, concretamente tan lejos como Panamá. “Un espía lo es para siempre. Y se pasa miedo. La idea era prender la mecha, que ya se encargaría el fiscal y la policía de atar más cabos. Yo lo que hice fue prender el fuego, o ponerle al cascabel al gato, que diría un castizo, y a partir de ahí seguro que empezarían a salir más y más cosas”, añade el ex agente del CNI.
Y tanto que va a salir más veneno… A partir de ese momento varios medios de comunicación filtran que Villarejo dispone de información altamente comprometedora sobre políticos, jueces, fiscales, periodistas y empresas, además de instituciones importantes del Estado, incluida la Casa Real. La amenaza probablemente remueve a las altas esferas, que dicen basta ya a las actividades del policía descontrolado. A partir de ahí los acontecimientos se precipitan. El 3 de noviembre de 2017 el comisario jubilado es detenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. El sumario se bautiza como Operación Tándem y según la Fiscalía va contra los agentes que “prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero, así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español” (los misteriosos guineanos). Las oficinas del excomisario en la Torre Picasso son registradas, también su domicilio en Boadilla del Monte. El imperio Villarejo, construido tras décadas de grabaciones y chantajes, se desmorona por fin.
