El escándalo de Cambridge Analytica, la empresa británica que utilizó datos de 87 millones de clientes de Facebook sin su consentimiento, ha puesto en entredicho la protección de los usuarios. A partir de este viernes, se pone en marcha el nuevo reglamento sobre protección de datos de la Unión Europea, que será de obligado cumplimiento y busca proteger al usuario.

El nuevo reglamento sobre protección de datos de la Unión Europea (RGDP) ya tiene un carácter obligatorio y a través de su aplicación, se pretende evitar que se repitan situaciones similares de desprotección. Los correos electrónicos que estos días, empresas y organizaciones han enviado a sus bases de datos son el principio de la entrada en vigor de este reglamento.

Entre los principales cambios, resalta la protección hacia el usuario. Aunque parezca una obviedad, las compañías están ahora obligadas a contar con el consentimiento explícito de los usuarios para el uso de sus datos.

En España, ya contábamos con una de las leyes orgánicas de Protección de Datos más restrictivas en Europa por lo que el cambio no debería de ser un gran contraste. Sin embargo, parece que muchas empresas están en una carrera de contrarreloj procurando evitar las sanciones por incumplimiento. Y es que, según lo establecido podrían recibir multas de hasta 20 millones de euros o en caso de que la facturación de la empresa supere esa cantidad, estaría obligada a abonar un 4% de su facturación.

Con la entrada en vigor de esta normativa aparecen nuevas formas de tratar los datos de los usuarios. La mayoría de personas, reconocen que no llegan a leer las solicitudes de consentimiento. Así que, para evitar esta tendencia las políticas de privacidad deberán de ir escritas con un lenguaje prácticamente periodístico: claro y alcanzable.

A lo largo de nuestra vida útil como usuario de la red, compartimos nuestros datos con infinitas empresas e instituciones, a través de encuestas, formularios, portales de empleo, etc. Puede ocurrir, por tanto, que existan datos nuestros ya obsoletos y tenemos derecho a que su huella tecnológica desaparezca con el tiempo. Es el denominado derecho al olvido, el que nos permite que nuestros datos personales puedan eliminarse en caso de que no exista una razón legítima para que la compañía los guarde.

Los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos son obligatorios para todas las empresas que operan dentro de la Unión Europea con independencia de que sean europeas y estén dentro o fuera del territorio europeo. Las Asociaciones de pymes han pedido un periodo de adaptación y un trato especial en la aplicación de multas que les ha sido concedido con el fin de que puedan acogerse al nuevo reglamento.

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