A Víctor Jara le descerrajaron 44 balazos después de maltratarlo, cortarle la lengua y los dedos, para que no pudiera volver a cantar. Sus asesinos acaban de ser condenados a 18 años de cárcel, 45 años después; una barbarie que el golpe militar de Pinochet, entre tantas otras, perpetró sin pudor. Pero, como el Golpe fascista en España, ¿Por qué se perpetraron? ¿Qué privilegios querían mantener? ¿Qué medidas se tomaron tras el uso de la fuerza para doblegar a sistemas democráticos como la España republicana o el Chile de Unidad Popular? ¿Quiénes estaban detrás?
En el caso de Chile, Pinochet ya tenía en su escritorio las bases de un nuevo modelo económico para aplicar sobre Chile, antes del golpe fascista. Allí lo habían depositado convenientemente aquellos que financiaron a los grupos opositores primero, y al Golpe de Estado después: economistas y empresarios que seguían las tesis ultraliberales de la Escuela de Chicago y que tenían intereses cruzados con corporaciones de EEUU, cuando no directamente con su Estado. El modelo, el libro, era conocido como «El ladrillo”, y diseñaba un proceso de “apertura económica” como buenos seguidores chilenos de las ideas de Milton Friedman, Nobel de Economía 1976 y posterior asesor del presidente Ronald Reagan.
Curiosamente, un gobierno fascista y nacionalista iniciaba un proceso de apertura y liberalismo de la economía chilena que en pocos años pondría en manos de corporaciones extranjeras enormes cargas de sectores productivos propios, afectando muy especialmente a la agricultura, al sector textil y a determinados recursos naturales, tradicionalmente importantes en la economía chilena.
A esta apertura y liberalización de determinados sectores, le siguió la descapitalización de empresas controladas por el Estado. El gobierno de la Unidad Popular llegó a estatalizar decenas de empresas en Chile, incluyendo la del cobre, principal fuente de riqueza del país. El régimen de Pinochet devolvió la mayoría de esas compañías a la iniciativa privada, pero yendo mucho más allá, continuó con la privatización de otras 50 de las 67 empresas estatales que ya existían como públicas incluso antes del Gobierno de la Unidad Popular.
Bajo las supuestas premisas de eficiencia de lo privado, otro postulado esencial de los ‘Chicago Boys’, se privatizaron casi todos los servicios públicos relativos a la salud, pensiones, el agua, el gas o la electricidad. ‘Lan Chile’, durante 60 años estatal, también pasó a manos privadas.
A la postre, aquellos pasos, socialmente, han sido dramáticos; educativamente, se instauró una especie de apartheid formativo, con enormes desigualdades entre un sistema básico y universal, que era público y de corte municipal, uno intermedio privado pero subvencionado, y un tercero, privado, con enormes recursos y donde estudia el 8% de los chilenos, los que acaparan la mayor parte de a renta, reproduciendo un modelo clasista y de escasa movilidad social; el acceso a la salud también ha terminado siendo a la medida del bolsillo de cada familia, ya que el sistema público adolece de suficiente calidad y sufre continuas y las largas esperas, falta de camas y determinados recursos en hospitales y carencia de especialistas, no en vano, el gasto público en salud desde 1987 a 2013, tan sólo subió del 2% al 3,5% del PIB, muy por debajo del 6% que recomienda la OMS, siendo el seguro privado, y en función del bolsillo de cada cuál, terreno abonado para los sufridos ciudadanos/as que quieren complementar un sistema tan deficitario (¿os suena?).
Pero la madre del cordero de las consecuencias de aquellas políticas económicas que llegaron de la mano de las armas, la muerte y la represión, la expone el sistema de pensiones: hoy en día más de 2 millones de pensionistas llegan a su última etapa inmersos en la precariedad de un sistema de previsión privado que en muchas ocasiones no les devuelve, tras años depositando en fondos privados en beneficio de la inversión de las empresas de los grupos que forman tales compañías, ni el 25% de lo que cobraban durante su vida laboral. Chile es uno de los países más caros de América Latina y la ineficacia, la insuficiencia, y la descapitalización de lo público de sistemas como el sanitario, hacen que este modelo de pensiones que instauró Pinochet, relegue a la pobreza y a la exclusión social a una enorme bolsa de población chilena.
Todo es buena muestra del fracaso social de la implantación de políticas ultra-liberales en servicios públicos, sociales y de previsión, en cambio muy rentables económicamente para las corporaciones que están detrás tanto del lucro educativo, como del sanitario, como el que surge de utilizar los ahorros de todos los chilenos en beneficio propio.
La pregunta, democrática más que socialista, es ¿hasta dónde debe llegar el lucro privado en tareas y servicios que son en pro del común y general? ¿puede el lucro ser la base de servicios públicos de carácter social?
Lo que quiero decir es que el odio de la derecha, o del fascismo, no es inocuo, ni bien intencionado, es un virus convenientemente inoculado para crear el estado de opinión, primero, y ejecutar determinadas políticas, después, detrás de las que se esconden los intereses económicos de determinadas corporaciones, cuyas élites no durarán en sobrepasar todos los límites que las sociedades democráticas se hayan dado para convivir entre ellas, sobrepasar y destruir esos consensos en beneficio propio: mercantil, económico, pecuniario.
Por eso mataron a Víctor Jara, y a tantos/as otros miles de chilenos/as; por eso siguen 120.000 españoles y españolas en cunetas, sin arrojar luz sobre sus crímenes (hay familias hoy en España que hicieron fortuna, y por décadas aseguraron la de sus descendientes, a través del robo, el escarnio y la expulsión o asesinato, de estos otros españoles/as); y por eso el tono de aquellos que hoy no quieren que nada cambie de manos, ni por interés general, ni por bien común (a no ser que vaya en interés de sus propios bolsillos), no bajará ni un ápice su volumen, y no dudará en llamar lo que haga falta (asesino por ser independentista, golpista por ejercer la democracia, criminal por defender el derecho a decidir de la mujer, terrorista por salvar la libertad de expresión, etc.) a aquellos que quieren que el bien común y el interés general de la mayoría presida la toma de decisiones desde el poder.
A Víctor Jara, a García Lorca, a tantos y tantas millones, nos los mataron para lucrarse.
