Carmen Lamela acepta que sea el supremo quien lleve el caso contra el Govern y envía la causa al Tribunal Supremo. La jueza considera que se está investigando a los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Catalunya y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario.
La juez considera que los delitos que se están investigando en ambos tribunales son análogos y si se escindiera la causa, como lo está actualmente, dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.
La decisión de la magistrada viene precedida de la solicitud por parte de del juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena, en relación a la posible acumulación de ambas causas.
En su escrito de respuesta, la jueza, afirma que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.
La jueza Lamela sostiene en su escrito que: “de lo actuado hasta el momento hay elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Catalunya y su proclamación como república independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.
Por eso entiende que debe ser el juez Llarena quien asuma toda la investigación, en contra el criterio de la Fiscalía. La magistrada considera que dicha organización está integrada por “el poder legislativo, autoridades parlamentarias, el ejecutivo y los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat”.
- Para Lamela, esta “organización”, tenía un reparto de funciones, que “perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, y que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia”.
La magistrada considera que la misión de los líderes de las asociaciones independentistas como ANC y Omnium era “movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos”. ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”.
Para Lamela los Mossos D’Esquadra tuvieron un papel relevante dentro de la “organización” para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia, “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”.
Se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. También con “la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.
Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, fueron financiadas parcialmente con fondos públicos. Aunque la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum.”
Lamela concluye que la investigación de ambas causas por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”.
La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. “La investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.
