Días atrás decíamos que ‘Venezuela sigue subiendo el listón de tensión política. Cuando parecía que las diferencias entre gobierno y oposición se habían encarrilado para una discusión en la que ambas partes se reconocieran como actores del problema y de la solución, los hechos vividos a finales de semana demuestran que los acuerdos preliminares alcanzados bajo el auspicio de la Iglesia Católica no eran más que provisorios y tendientes a desactivar la crisis, más que a encontrarle una solución. Una vez más la Iglesia poniendo paños fríos para mantener el statu quo … Es decir, ha pasado el tiempo y nada ha cambiado tras la crisis del 2016, que parecía que desencadenaría en una guerra civil y que el involucramiento de UNASUR y la Iglesia Católica lograron desactivar… aunque no lograron modificar las consecuencias del enfrentamiento y, mucho menos, las causas.’
Una semana más tarde la situación se complejiza aún más, y los bandos enfrentados siguen su escalada en pos de la derrota de su adversario (ni siquiera es por su propio triunfo) mientras los propios ciudadanos y los observadores extranjeros vemos como a cada momento parece haberse alcanzado un límite, pero siempre se corre el listón un poquito más arriba.
Tras la elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Nacional por parte de los Diputados de la oposición, este cuerpo decidió presionar aún más al Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro y, aunque sin consecuencias prácticas pero con fuertes contundencia política, declarar el abandono del cargo del Presidente de la República, y basan su declaración en siete puntos centrales:
- Suspensión del revocatorio y postergación de las elecciones regionales que debieran haberse realizado el año pasado y se pospusieron para este. Esta situación es, a los ojos de la oposición, un claro golpe de Estado y la instauración de una dictadura. Cierto es que estas situaciones no colaboran en la consolidación del proceso democrático venezolano y se riñen con las leyes vigentes, pero hablar que en Venezuela hay una dictadura no es algo real ni objetivo.
- Falta de independencia de los poderes del Estado, y puntualmente se focaliza en el rol que le cabe al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la mayoría de las decisiones de la Cámara, que cuenta con mayoría de la oposición.
- La crisis económica que afronta el país caribeño, que es profunda y trae aparejadas grandes consecuencias para vastos sectores de la población. Pero la aplicación de políticas, a juicio de la oposición, desacertadas, no puede tomarse como abandono del cargo sino precisamente como lo que es, una serie de políticas desacertadas.
- El aumento de los índices de criminalidad en el país, pero como mencionáramos en el punto anterior, no son estas causales de remoción o declaración de abandono del cargo.
- Violación de derechos humanos, en especial en lo que concierne a la oposición política. Según ONG’s especializadas en el tema, el pasado año se encarcelaron por cuestiones políticas a 55 dirigentes, a quienes el Ejecutivo acusa de conspiración y terrorismo. Si bien esto sí representaría una causal para la destitución del Presidente, quien debe validar las acusaciones de la oposición es el Poder Judicial, a quien la propia oposición acusa de hacer seguidismo del Ejecutivo.
- El estado de emergencia económica y excepción en el que Maduro gobierna desde enero de 2016, lo que le permite controlar áreas básicas de la economía como la producción y distribución de alimentos, situación que fue en reiteradas veces aprobada y prorrogada por el TSJ.
- El conflicto territorial vivido con Guyana por el Esequibo.
La salida que se propone a la crisis, por parte de la oposición, es la celebración de ‘elecciones libres y plurales’, que es una forma de reflotar la idea del revocatorio, puesto que esas elecciones deberían ser para elegir al Presidente, y además, afirman los Diputados en su declaración que ‘la inobservancia de esta [la Constitución] se produce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la inconstitucionalidad en el sentido clásico, sino también cuando desde la Presidencia de la República se hace uso de la autoridad civil y militar para socavar la Constitución’.
Frente a esto, la respuesta institucional corrió por cuenta del TSJ que dictó su 47 pronunciamiento contra lo resuelto por el Parlamento dominado por la oposición, y declaró que la AN debe ‘abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales’.
Además, la respuesta política del oficialismo fue una radicalización de su accionar y una fuga hacia adelante, ya que al día siguiente de la declaración parlamentaria confirmó que realizaría movimientos militares que pretenden enviar un mensaje hacia dentro y fuera del país. Hacia el exterior se busca exponer que ante una agresión, que el Gobierno Maduro reflota de cuando en vez como una opción probable, Venezuela tiene con qué responder por su integridad, y a su vez, al mostrar el armamento adquirido a potencias armamentistas que no pertenecen al entorno más cercano a Estados Unidos, ubica al país caribeño en una posición geopolítica alternativa.
En términos de política nacional, busca mostrar un alineamiento total entre los diversos factores de poder interno, y a partir de la mayor importancia que se le otorga al Ejército en el día a día, procura desalentar algunos movimientos locales que buscaban ‘empujar’ a las Fuerzas Armadas Bolivarianas detrás de un quiebre constitucional. Y el ejemplo más claro son las declaraciones del Presidente Maduro cuando señaló que ‘queda instalado el Comando Nacional Antigolpe (CNA), ¡vayan y detengan las conspiraciones!’, en Venezuela y le pidió ‘firmeza para responder a las provocaciones de la derecha, a los golpes que intentan desde la Asamblea. No deben quedar impunes las violaciones de la Constitución, ¡que se atengan a las consecuencias!’. Al frente de este CNA estará lo más granado del chavismo, representado en su ala más radical, el vicepresidente, Tareck El Aissami, el ex Presidente de la AN Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Poco tiempo después de instalarse el CNA comenzó a desarrollar su tarea y detuvo al Diputado opositor Gilbert Caro, quien según declaraciones de El Aissami, al momento de la detención un fusil automático ligero, 20 cartuchos, explosivo plástico y dinero.
Sin embargo, esta radicalización comienza a traer sus consecuencia en sectores que tiempo atrás acompañaron (y acompañamos) ciertas políticas del chavismo. Quizás el mayor exponente de estas posturas es Heinz Dieterich Steffan, creador del concepto del socialismo del siglo XXI y durante mucho tiempo soporte intelectual del proceso político liderado por el Comandante Chávez, quien señaló que ‘La constitución del Comando Antigolpe y el nombramiento de El Aissami colocan a Venezuela en la antesala de la dictadura militar abierta’.
Una vez más se eleva el listón y se tensa la cuerda, la situación política se agrava día tras día, y cuando uno cree que no puede agravarse más, los actores políticos venezolanos demuestran que siempre se puede ir más allá. El empate entre las fuerzas políticas antagónicas que pretenden dirigir los destinos de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde hace un tiempo no parece encontrar solución, y las respuestas que se proponen para superar la solución son cada vez más violentas y totalitarias.
El tiempo sigue pasando, la cuerda se sigue tensando y las soluciones siguen sin aparecer… como una semana atrás, no queda más que repetir ay Venezuela, Venezuelita…
