Los impulsores del procés han sufrido su primer gran varapalo en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado por “manifiestamente infundadas” las cuatro quejas presentadas por Montserrat Aumatell i Arnau, sindicada del Colegio electoral de Tarragona en el referéndum del 1 de octubre. La demandante, residente en Valls (Tarragona), presentó una demanda contra España el pasado 29 de noviembre al estimar que no tuvo un juicio justo por no recibir una notificación personal de la multa impuesta por el Tribunal Constitucional tras ejercer ese cargo en la consulta independentista. También se quejó de que fue sancionada por un hecho que no constituye delito, que fue discriminada por “ser objeto de una persecución política” y de no haber podido ejercer su derecho a un recurso efectivo. El Tribunal Constitucional impuso el 20 de septiembre una multa diaria de 12.000 euros a los componentes del colegio electoral central y de 6.000 a los de los colegios territoriales.

Se trata de la primera gran batalla judicial que pierde el independentismo catalán, ya que de haber tenido en cuenta las pretensiones de Aumatell, el alto tribunal europeo habría abierto la espita para nuevas reclamaciones de ciudadanos que participaron en las mesas electorales durante el referéndum y que tenían previsto denunciar a España por no respetar los derechos humanos durante el proceso electoral. La sentencia del TEDH pone las cosas en su sitio después de los serios reveses que Alemania y Bélgica habían venido dando a la Justicia española por la forma en que ha llevado a cabo la investigación del procés. En el caso de Carles Puigdemont, el juzgado de la localidad alemana de Schleswig-Holstein negó la extradición del ex presidente de la Generalitat argumentando que no se le puede juzgar por rebelión, ya que no se dan los requisitos, dejando la puerta abierta a que se le pudiera sentar en el banquillo por malversación. Ante esa decisión, el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa, dio el asunto por perdido, y retiró la euroorden de detención dictadas contra el expresident y otros cinco huidos.

Hasta el momento, los soberanistas habían ganado no solo la batalla mediática en Europa –vendiendo la idea de que España es un Estado totalitario que encarcela a los representantes políticos por su ideas‒ sino también la judicial. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo supone un viraje importante en ese sentido. La resolución recoge que las multas impuestas por la Justicia española “no supusieron merma alguna en los derechos y libertades” de Aumatell y añade que ella “sabía ‒o tenía que saber‒ que su comportamiento podría conllevar la imposición de multas, así como procesos penales”. La sentencia posee una relevancia jurídica destacada, ya que avala las medidas adoptadas por el Estado español tras la celebración del referéndum del 1-O y contrarresta la tesis de los independentistas, empeñados en convencer a la Justicia europea de que España es un estado bananero, un remedo de democracia donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. Además, la resolución es importante porque ya no proviene de un pequeño juzgado alemán con sus peculiaridades y su manera etnocéntrica de interpretar leyes de otro país, sino del más alto tribunal europeo que dispone de una amplia jurisprudencia respetada en todo el mundo y que ha dado muestras de su imparcialidad durante décadas. En no pocas ocasiones, este órgano judicial que defiende los derechos humanos ha dado serios tirones de oreja a gobiernos españoles que habían dictado normas poco respetuosas con los derechos humanos. Nadie puede decir que sus magistrados no sean independientes y libres de presiones externas.

La Justicia española adolece de graves defectos ‒falta de recursos humanos y materiales, lentitud exasperante y preocupante politización que en ocasiones pone en duda la imparcialidad de algunas decisiones‒ pero de ahí a difundir por todo el continente europeo la deformada idea de que los tribunales españoles son tercermundistas, autoritarios y antidemocráticos dista un mundo. El Tribunal de Estrasburgo ha tumbado esa visión malintencionada por falsa e injusta, de ahí la relevancia de la sentencia. Puigdemont ha cosechado su primera gran derrota. Los vientos están cambiando.

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7 Comentarios

  1. Hola,

    El varapalo está porqué esta denúncia no habia agotado toda la via delas autoridades judiciales españolas.

    Ahora la justicía española va a alargar todas sus causas de manera artificial para que no salga de su jurisdicción para no repetir un tema Bélgica o Alemania

  2. La fe del señor Antequera en la justicia es de monolito. Solo con lo poquito de la formacion de Pablo Casado hay bastante por no hablar de los viajes a sudamerica i/o el caso Marchena. Ya dicen que la fe mueve montañas. Un saludo.

  3. Este artículo no puede ser más tendencioso. por un momento creia que estaba leyendo Expansión o El Mundo. ¿Está de baja el jefe de redacción, pues?

  4. Lo de diario16, es por el número mínimo de estupideces que los que redactan tienen que poner? La justicia española es inexistente a los ojos de medio mundo, lo que el TDHE ha dicho no tiene nada que ver con lo que pone el artículo. Si en mi empresa dejara de lado mi trabajo para hacer lo que me diera la gana, me finiquitarían. Espero que aquí pase igual, ya hace tiempo que lo merece…

  5. És que sois la pera muchachos de varapalo a Puigdemont , nada de nada. Claro vivís del stablisment , que carai vais a decir.

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