Según informa el diario El Mundo este martes, Iñaqui Urdangarín, condenado a seis años y tres meses de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales, quiere que se le revoque al completo la sentencia dictada en primera instancia.

En el recurso, firmado por su letrado Mario Pascual Vives,  Urdangarín pide al Tribunal Supremo que le absuelva por su implicación en el Caso Nóos argumentando que se limitó a ser un “amigable componedor” y afirma que todo lo hizo  “con la conciencia de que todo se hacía correcta y legalmente”. Descargando la responsabilidad, con vino siendo habitual en todo el proceso, en su ex socio Diego Torres.

A tenor literal del texto del recurso, Urdangarín asevera que la sentencia que le condena está cargada de  “fundamentaciones ilógicas, absurdas y que carecen de la solidez y razonabilidad legalmente necesarias” y añade que “la versión judicial” del fallo “resulta más improbable que probable”.

El marido de la Infanta Cristina Palma refuta también las “confesiones de los responsables del Gobierno balear” que le incriminaron; según versa su recurso, “son básicamente defensivas, tendentes a mejorar su posición procesal, por lo que su credibilidad debe ser considerada como mínima”.

Además destaca que los funcionarios del Ejecutivo que presidía el popular Jaume Matas disponían de “formación jurídica y profesional” y “nunca podrían ser considerados como peleles en manos de un ser superior al que se debiera obediencia y pleitesía”, al igual que señala que “la obsoleta figura de la ‘obediencia debida’ ha desaparecido del Código Penal hace años”.

Insiste en defender que no realizó “tráfico de influencias alguno”, limitándose a aprovechar sus “contactos deportivos nacionales e internacionales así como institucionales” para conseguir que las Islas Baleares “pudiera esponsorizar al mejor equipo del mundo de ciclismo en aquel momento”.

En cuanto a los delitos fiscales por los que ha sido condenado, destaca que el tribunal ha llevado a cabo “interpretaciones de la norma del IRPF de manera extensiva y parcial, siempre en contra de la aplicación favorable del conjunto de dicha norma”, vulnerando el principio “in dubio pro reo“.

Urdangarín niega también en su recurso haber cometido falsedades documentales: “Ningún documento fue simulado. Mi firma fue falsificada por terceros”.

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