El ejecutivo de Susana Díaz se pone de perfil ante el problema de los miles de andaluces escolarizados cada año en colegios no deseados.

Un total de 10.164 niños andaluces de tres años no podrán estudiar el próximo curso académico 2018-2019 en el colegio elegido para ellos por sus padres y tendrán que conformarse con una opción no deseada como primera opción, porque el sistema educativo impuesto por los sucesivos gobiernos socialistas de Andalucía no ha creado en cuatro décadas de autonomía una red de centros escolares públicos capaz de absorber estas demandas ni tampoco de evitar las irregularidades que cada año se detectan por las familias que escolarizan a sus hijos incumpliendo la normativa autonómica al respecto, que pese a las sucesivas modificaciones promovidas por la Administración autonómica se sigue registrando un elevado número de escolarizaciones arbitrarias, como ha llegado a denunciar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia de 2017, donde se constató la adjudicación arbitraria de la ratio en los colegios y la admisión de alumnos al margen de los procedimientos legales ordinarios.

Casi el 20% de las plazas ofertadas por la Junta son de centros privados concertados

Estos elevados índices de escolarizaciones en centros no deseados se mantienen en niveles similares desde hace años sin que los sucesivos ejecutivos socialistas hayan evitado esta realidad sufrida cada curso académico por miles de familias andaluzas. Mientras tanto, el Gobierno de Susana Díaz, que enarbola la educación pública andaluza como uno de los pilares básicos de su ejecutivo y una de sus “joyas de la Corona”, asume estos datos como un mal menor y sigue sin buscar alternativas viables.

En comisión parlamentaria, la consejera de Educación, Sonia Gaya, aseguró este miércoles que su departamento “oferta puestos escolares suficientes para que todas las familias obtengan plaza en algún centro docente de su zona”. Pero camufla el alto índice de niños andaluces que no podrán estudiar en el colegio deseado prioritariamente. De los 95.800 niños de tres años que se incorporan al sistema educativo andaluz y comienzan Educación Infantil el próximo curso académico, más de 10.000 tendrán que estudiar en colegios asignados por la Administración sin haber sido elegidos en primer lugar por sus padres.

La consejera Sonia Gaya admite que dos de cada diez alumnos escolarizados por la Junta por primera vez lo hace en centros concertados.

En su intervención, la consejera de Educación dio otro dato sintomático que sigue siendo asumido con normalidad en el sistema educativo público de Andalucía: el 18,27% de las plazas ofertadas por el ejecutivo de Díaz son de centros privados concertados, un elevado porcentaje que se mantiene en un sistema educativo que se vanagloria de la educación pública implementada en Andalucía.

Las sucesivas normativas del Gobierno andaluz no evitan las irregularidades y el revés que conllevan para la educación de los hijos de miles de familias andaluzas

La titular de Educación apuntó en la comisión parlamentaria que su departamento “oferta puestos escolares suficientes” para que todas las familias obtengan plaza en algún centro docente de su zona, sin especificar que en muchos casos son plazas no elegidas por los padres de los alumnos ni tampoco cercanas geográficamente, con el consiguiente perjuicio logístico que conlleva para las familias.

Esta asignación de plaza escolar al alumnado es, según la consejera, uno de los procedimientos anuales “más relevantes” llevados a cabo por la Administración andaluza, tanto por el volumen como por la importancia que tiene para las familias. “De ahí el esfuerzo que se realiza para asegurar que el procedimiento tenga la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posibles”, añade Gaya.

Esta “transparencia, eficacia y eficiencia” de la que habla la consejera son puestas cada año en cuestión por los datos objetivos y sentencias judiciales que constatan las irregularidades en las matriculaciones, los altos índices de escolarizaciones en colegios no deseados ni elegidos y el elevado apoyo en centro privados concertados para sostener una población escolarizada que la Administración pública andaluza no es capaz de absorber en su totalidad.

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