La universidad española exige actualizarse y reconfigurarse. El ‘caso Cifuentes’ visibiliza desvaríos –por usar un eufemismo– intolerables. En los campus debe primar la trasmisión del saber, crear en libertad, fomentar talentos y pensamiento crítico, curtir excelencias e investigar el conocimiento como bien social. Es menos relevante que una presidente autonómica cercada por ‘fuego amigo’, oposición fragmentada y un periodismo de investigación sustentado en filtraciones o que copia dossiers. Pero lo conocido de la URJC es de bochorno. Exige luz judicial.

En España cloacas, trapicheos, endogamias, incompatibilidades, negocios y hasta delitos que se alojan en universidades públicas y privadas son tema tabú. Una de las dos Españas que profetizó Machado hielan más que el corazón cuando conocemos algunas historias personales forjadas en la universidad. Desigualdad de oportunidades, nepotismo, corrupción, machismo, ultra-feminismo (¿Por qué no?) y acosos corroboran que la Constitución de 1978 no entró en despachos, cúpulas y aulas de las universidades. Debe decirse alto y claro.

Pero vayamos por partes. Inicialmente, debemos sentar que el alumnado, investigadores/as, docentes y PAS entregados a su empeño con brillantez y tesón nada tienen que ver con la podredumbre que asola estructuras, cúpulas y departamentos universitarios. Digamos que los indicados colectivos son tan víctimas como los contribuyentes o patrocinadores que sustancian nuestra universidad.

El funcionariado universitario español raro es que acceda al empleo tras selección transparente, con garantías y tribunales neutrales. Las plazas están ‘dadas’, no nos engañemos. Sólo falta pre-publicar la identidad del ‘apadrinado’ cuyo currículum suele reproducir la convocatoria. ¡Casualidad!

Lo sutil entre padrinos es instrumentar tribunales de afines: yo voto al tuyo, tú al mío. No triunfa, pues, quien más sabe; gana quien mejores avales posee. Las excepciones, que las hay, confirman lo dicho. Si el lector tiene duda de lo afirmado puede constatar sagas familiares reinantes en ciertos departamentos o ‘áreas de conocimiento’, nunca mejor dicho. Amiguismos, credos religiosos, ideologías políticas, hábitos sexuales o parejas no están lejos de lo apuntado.

En otros países (europeos, americanos y asiáticos) está taxativamente prohibido que el graduado por una universidad trabaje o se jubile en la misma para evitar este mal que comentamos. Si bien se ha paliado en parte por algunos rectores o decanos, aún está arraigado en demasiadas universidades este hecho. La ‘gran familia’ trabaja unida, come junta y hasta comparte alcoba. El roce hace cariños universitarios con nómina.

Si comparamos nuestro estatus universitario a nivel internacional vemos que entre las cien mejores del globo no hay ninguna española. Predominan en ese podio norteamericanas, europeas y asiáticas, cómo no. Entre las 500 más valoradas por diferentes analistas y rankings sobresalen UB, UCM y la Pompeu Fabra. Es decir, ni nos acercamos a esa cúpula de las excelencias.

Si comparamos nuestro estatus universitario a nivel internacional vemos que entre las cien mejores del globo no hay ninguna española

La tasa de empleabilidad de universitario español es alta, sobre el 76%, pero acusa descenso los últimos ejercicios. Contrasta con la contundencia de licenciados norteamericanos que demandan judicialmente a universidades donde pagaron miles de dólares y no logran empleo tras dos años de su graduación. Si pasara en España habría colapso judicial pues la oferta engañosa que marida título con trabajo, oportunidades profesionales y bolsas de empleo sólo acredita la más vil explotación laboral, contratos-basura, infinitas becas o prácticas. Lo que hacen en China es más eficaz: las facultades que gradúan posteriores desempleados son clausuradas ipso-facto. No se fomenta, allende nuestras fronteras, el capitalismo académico imperante en la piel de toro. Son más pragmáticos lejos de España.

Al estar carcomidas ciertas estructuras universitarias patrias añadimos variantes de centros donde reina determinada sigla política, credo religioso u ocultos mecenas. Ejemplos: PP y URJC, PSOE-UPO y la Carlos III. O la UPVasco con PNV, o varias catalanas con el ‘nacionalismo’ VIP de la antigua CiU-ERC-PSC. Del otro lado, Opus y Navarra son matrimonio, al igual que jesuitas y Deusto/CEU/Loyola o Legionarios de Cristo y Francisco de Vitoria. UCAM, UCJC, UDIMA, San Isidoro e incontables más con apellidos ‘católicos’ son de millonarios, o de Ecónomos de Diócesis. Siempre hay patrones donde se multiplica el dinero sin acudir a los milagros.

Entes públicos, multinacionales, subvenciones europeas, autonómicas y de inferior rango reparten más millones a las universidades con dudosos retornos. El ‘maldito parné’ creó una telaraña de empresas instrumentales, docentes ‘incompatibles’, rimbombantes proyectos investigadores y becas que jamás consolidan empleos que la justicia debería analizar. No es broma. Ni baladí. La millonada se pierde en laberintos societarios y tejemanejes donde hay listos, ciegos, sordos y buenazos de inacabable horario que cobran miserias. Los ‘obreros universitarios’ no saben para quién trabajan.

El emergente negocio privado de la educación no lo evita la Universidad española. La enseñanza infantil, primaria y secundaria se nutre de fondos públicos casi al 90%. En centros concertados se ven las pautas de colectivos católicos que influyen con idearios nada neutrales con dogmas ajenos a la enseñanza y valores que se pagan con dinero público. Igual pasa en la Universidad, cuando el alumnado ya es mayor de edad.

La Constitución de la II República en 1931 (Artículo 26-4º) prohibió a las órdenes religiosas implicarse en la enseñanza. Pero el tiempo borró tal proclama. Se mató antes con sangre, guerra fratricida y sotanas resentidas. En 2018 al negocio de formar se añade ideología, credos y éticas selectivas que justifican personalmente lo que resulta injustificable socialmente.

Adentrándonos en lo que antes llamábamos ‘capitalismo académico’ añadimos los ‘títulos propios’ (RD 1509/2008), de ‘experteces’ mil y otras convocatorias carentes de valor académico. Todas, repetimos, todas, las universidades españolas configuraron con estas titulaciones llamémosle ‘locales’ academias en centros financiados por el erario público o mecenas privados. El regulador que convalida, ANECA, relativiza su autoridad ante un fenómeno que podríamos llamarle, si admitimos un coloquialismo, montar chiringuitos en una playa frente al hotel de la universidad.

Estas enseñanzas no avaladas por créditos oficiales, que alcanzan hasta tentadores másteres, sugeridas ‘carreras’ e insinuantes licencias oficiales (perito judicial, técnico ‘homologado’…) generan un negocio que facturan proyectos investigadores, fundaciones públicas y privadas y hasta sociedades que administran docentes en plantilla, con o sin testaferros. O sea, se creó una administración ‘paralela’ ajena al control auditor en universidades que pagamos los contribuyentes. Las privadas sitúan ahí chollos de algún ‘intocable’ al que se le permite todo nadie-sabe-por-qué.

Ese capitalismo del que hablamos es ubicuo en determinadas universidades entregadas al negocio. Para el empeño vale todo. Desde ‘cursos de verano’ impartidos cualquier estación, hasta ‘clases magistrales’ de charlatanes sin base empírica aunque avalados por el ‘profe local’ que así escala en la rampa de incompatibles y prevaricadores, si son funcionarios.

Dicen que, entre ladrones, los que roban más miran por encima a sus iguales. El problema, si lo trasladamos a nuestra universidad, es que además de lo que resultare punitivo se engaña a estudiantes y graduados con futuros laborales de ensueño conduciendo ilusiones, talentos e inquietudes formativas. Es decir, hay incontables estudiantes formados en aulas universitarias por docentes de plantilla que obtienen títulos y certificados sin aval académico o de créditos oficiales.

Pero debe decirse todo. Junto a ese negocio que comentamos se reitera que hay docentes y universidades que cumplen con la excelencia que predican. Sus logros están en su prestigio con la empleabilidad aunque los últimos tiempos acudan a la llamada ‘movilidad exterior’ bautizada por la ministra Báñez. Es decir, los y las mejores se van al extranjero por las inaceptables ofertas laborales y sobreoferta patria de titulados. Conclusión: España subvenciona formación superior que disfrutan países foráneos y además fidelizan. El retorno de ese talento parece obra titánica.

El ‘caso Cifuentes’ genera, sin duda, esa excusa que llevábamos años esperando para desvelar las vergüenzas del universo universitario, valga la redundancia. De paso, justo es reivindicar penosas condiciones laborales de los profesores ‘asociados’. Los hay de dos tipos, los que tienen empleo extrauniversitario con vocación académica y los que bajo ese estatus aspiran ‘hacer carrera’ en la universidad. Ese colectivo es casi el 50% del profesorado. Pero trabajan mucho, cobran poco y les prometen demasiado.

Por último, dejar escrito que el corporativismo hará de las suyas en la radiografía e inventario que se demanda estos días a la universidad española. La Conferencia de Rectores (CRUE) no entrará en el fondo de lo que se denunciará los venideros meses. Los balones los echarán a cada Universidad; éstas los redirigirán hacia los más vulnerables, no hacia los responsables. Estos últimos, con reflejos, tienen ya abogado en ‘alerta’.

Qué decirles, entonces, a los millones de padres y familiares de estudiantes, docentes o PAS ligados a las universidades. Lo que sucede en URJC no es muy diferente a lo que sucede en otras tantas. Llegados a este punto sospechamos lo escrito por el profético Darío Fo: ‘Aquí nunca pasa nada. Y si pasa, qué importa. Y si importa ¡qué pasa!’. Seguiremos para bingo con comisiones de investigación en parlamentos, observatorios, dictámenes de expertos ‘premium’ y tertulianos sa-be-lo-to-do repicando a sus fuentes. Aquí la universidad es irredenta. Spain is different!

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