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Una unidad especial de inspectores investigará las denuncias por falsos autónomos en Mapfre

Efectivos de la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social se desplazarán a las casi tres mil sucursales de la empresa del Íbex 35 repartidas por todo el país para recabar información e interrogar a los trabajadores

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análisis

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Una unidad especial de la Inspección de Trabajo con sede en Madrid se hará cargo de la investigación tras la serie de denuncias que ha interpuesto Liberados de Mapfre (LM), la asociación recién constituida que asegura que la compañía multinacional española del Íbex 35 tiene contratados a miles de trabajadores como falsos autónomos. El organismo que centralizará las diligencias será la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, una unidad de inspectores que acostumbran a desplazarse a las provincias cuando el caso adquiere una magnitud, un volumen de denuncias y una complejidad considerables y cuya forma de trabajar está considerada como “brillante” entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Tal como viene publicando en exclusiva Diario16, Liberados de Mapfre ha destapado un inmenso caso de supuestos falsos autónomos en esta compañía de seguros y lo ha llevado a la Inspección de Trabajo de Almería, provincia donde empezaron a detectarse las presuntas prácticas irregulares. Este organismo territorial, al constatar que el asunto podría afectar a miles de trabajadores –no solo en Andalucía sino en todo el país–, ha remitido el expediente a la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social en Madrid.

Cabe recordar que Mapfre es una empresa multinacional de capital español con presencia en 49 países. Según datos de 2014, tiene oficialmente registradas 5.524 oficinas en todo el mundo. El grupo dispone de una red de 79.000 agentes y mediadores de seguros, 5.600 de los cuales trabajan en Estados Unidos y más de 24.700 en Brasil. El resto –unos 49.000–, trabaja en territorio español. Según Liberados de Mapfre, miles de esos empleados prestan servicios como falsos autónomos.

Fuentes de la Inspección de Trabajo consultadas por este diario aseguran que el de Mapfre es un caso “complejo” que llevará tiempo investigar, no solo por la enorme cantidad de trabajadores que maneja la compañía y que podrían estar afectados como “falsos autónomos” sino por la “propia estructura de los contratos” que la empresa suele firmar con los agentes y delegados de las casi tres mil sucursales repartidas por todo el país.

Una vez que las denuncias interpuestas por Liberados de Mapfre lleguen a Madrid, el procedimiento de investigación será el habitual. El Jefe de la Inspección analizará tales acusaciones contra la multinacional española y verificará si resultan creíbles a la vista de los documentos de prueba que aporta la asociación denunciante. Tras determinar que el caso es materia de su competencia, se dará orden de servicio a los inspectores, que se desplazarán por todas las oficinas Mapfre de España (casi tres mil) para recabar más información. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que dispone actualmente de los medios humanos y materiales para llevar a cabo esta ardua investigación. Ya en las oficinas provinciales de la empresa, los inspectores interrogarán a sus responsables y agentes, recabarán más pruebas y revisarán toda la documentación necesaria para determinar si Mapfre está contratando realmente a trabajadores como falsos autónomos, tal como denuncia LM.

El caso de Mapfre estalla apenas dos meses después de que el Gobierno aprobara un decreto con el que pretende aflorar más de 40.000 falsos autónomos en todo el país. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asegurado en más de una ocasión que pretende acabar con estas prácticas irregulares del mercado laboral que ocasionan miles de millones de euros en pérdidas al régimen general de la Seguridad Social, ya que los impuestos no recaen sobre las empresas (como sucede en un contrato laboral por cuenta ajena) sino sobre los trabajadores, a los que tras obligarlos a firmar un contrato mercantil se terminan convirtiendo en algo así como pequeños empresarios. Además, todo el marco legal suscrito entre trabajadores y empresarios salta por los aires, en concreto el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos sectoriales, abocando al mercado laboral a un agujero negro donde se instala la inseguridad jurídica, los abusos, la precariedad y la explotación laboral. En definitiva, los contratos de falsos autónomos son un cáncer que amenaza con destruir el tejido social y económico de todo un país. De ahí que el decreto del Gobierno pretenda endurecer las medidas de control para perseguir lo que no deja de ser más que un inmenso fraude laboral que se ha instalado en muchas empresas españolas tras la aprobación de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

Semillero de falsos autónomos

En su denuncia, la Asociación Liberados de Mapfre insta al Ministerio de Trabajo a que investigue los contratos y prácticas laborales que se realizan en casi 3.000 sucursales de la compañía multinacional española en todo el país. Según la denuncia de la asociación, en Mapfre hay dos clases de sucursales, las que están dirigidas por un agente y aquellas cuyo responsable último es un director. En el primer grupo (formado por unas 2.624 oficinas, el 90 por ciento del total) el jefe es un agente de seguros que en realidad es un “falso autónomo”, pues depende “jerárquicamente de las sucursales con un responsable director”.

Además de las delegaciones dirigidas por agentes, en Mapfre funciona un segundo tipo de sucursales cuyo responsable último es un director empleado de la empresa y donde trabajan “gran número de falsos autónomos” denominados APM (agentes profesionales Mapfre). Estas representan aproximadamente un 10 por ciento del total de las sucursales, es decir, 291. “En estas sucursales de Mapfre desarrollan su actividad miles de trabajadores (denominados APM) dentro del ámbito de organización y dirección de Mapfre a través de su director”, asegura la denuncia. Estos empleados también estarían sometidos a un horario determinado, retribución salarial, medios de producción, etc, dependientes de la empresa. “En definitiva, trabajan como asalariados pero están contratados como si fueran autónomos”, agrega el escrito. “A todos los responsables de estas sucursales les presionan para contratar personal (como empresarios) y/o convertirse en personas jurídicas para enmascarar la relación laboral. Todos ellos son falsos autónomos y los que trabajan con ellos también lo son”, afirma el escrito de denuncia interpuesto por la asociación.

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