De una Transición ejemplar a la (in) dependencia de Cataluña

Siempre he pensado que las actuaciones más brillantes que pueden darse en nuestra sociedad vienen dadas por el contexto en el que se realizan y teniendo en cuenta su incidencia pragmática en la ciudadanía que la recepta.

En el título hablo de una Transición ejemplar porque, dejando al margen los contrapuntos que desde nuestra óptica actual puedan tenerse y que son evidentes, el esfuerzo que en la década de los setenta se realizó por todas las corrientes políticas fue excelso en aras de buscar una solución democrática al camino sin salida que se tomó en el obscurantismo franquista. En su época fue ejemplar que idealismos tan encontrados, con sangre derramada entre hermanos, tendieran su mano al entendimiento con la intención de sentar las bases en las que desarrollar un futuro mejor para el conjunto de nuestro Estado. Esa Transición marcó un modelo, no solo social, económico y jurídico, sino también un modelo territorial que venía, meses antes, del más puro y estremecedor centralismo. Intentar dividir nuestro país en regiones que tuviesen competencias propias en determinadas materias se tornaba en una cuestión demasiado compleja, a tenor de la historia que precedía a cada una de nuestras regiones. Romper con un único Ente, que reprimía cualquier atisbo de movimiento regionalista de un modo contundente, fue una tarea que requería de varios escalones en cuanto a su implantación, y el primero se formó durante la Transición, debiendo ser especialmente cuidadoso con el hecho de no crear agravios comparativos entre regiones por aquello de buscar la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos de una misma nación.

El problema radica en que la construcción de ese modelo territorial se frenó en los propios pilares y no se desarrolló hasta formar un edificio bien estructurado que pudiera defenderse de las inclemencias propias del paso del tiempo, como se está demostrando con la cuestión catalana.

Como se suele decir, “de aquellos barros, estos lodos” y el Procés era cuestión de tiempo que se pusiera sobre la mesa. La cuestión es que hemos vuelto, teniendo presentes los antecedentes históricos, a un modelo de Estado cerrado y muy poco dado a la aceptación de cambios evidentes en la sociedad de nuestra nación. La Constitución Española no es el alma de nuestra democracia, pues la misma radica en la voluntad popular; la Constitución es la consecuencia de esa voluntad.

Muy a menudo pienso que se idealiza demasiado con un texto como nuestra Constitución Española, de hecho es la obra más importante de nuestra democracia, pero ello no implica que sea sagrada y que por lo tanto no pueda mutar. La mutación para su adaptación a las necesidades sociales y al interés general de cada una de las épocas por la que puede pasar es vital para la propia subsistencia de nuestro Estado de Derecho. Es muy peligroso el inmovilismo de nuestra Carta Magna, pues su defensa a ultranza sin atender a la actual configuración social de nuestro país puede provocar un efecto contrario para lo que fue creada. Nuestra Constitución, sin armonizarla con la sociedad de la que emana, puede acabar con la propia democracia que regula.

Efectivamente, la aplicación del artículo 155 de la CE supone prácticamente la supresión de las competencias asumidas por una determinada región durante un determinado periodo de tiempo, lo que implica que se deje de tener en cuenta la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de ese territorio y ello conlleva, necesariamente, una revuelta popular que genera en el resto del Estado una gran inestabilidad, todo lo contrario a lo que pretende nuestra Constitución.

Llegar a la aplicación del artículo 155 de la CE es poner de manifiesto el fracaso de la política. Si empecé el artículo hablando de una Transición ejemplar por entender a la sociedad de hace cuarenta años, España necesita una nueva transición hacia un modelo de Estado adaptado al siglo XXI, que entienda y proteja las necesidades presentes y futuras de cada una de las regiones de nuestro país.

Si el Procés ha generado tanto revuelo y posiciones enfrentadas en nuestro Estado, significa que España depende de Cataluña y Cataluña depende de España. Hablar de la independencia de un miembro vital de un país es hablar del fracaso del modelo de Estado y de la propia ciudadanía, que entra en juegos de banderas y no repara en trascender a lo esencial, que no es más que tolerar la idiosincrasia de cada región y aceptar un modelo basado en la solidaridad de sus pueblos.