Un tanto crípticamente, Rajoy ha dejado entrever que, si como todo parece indicar, fracasa su investidura que comienza este martes y concluye el viernes, lo volverá a intentar. Los analistas creen que lo hará después de las elecciones vasca y gallega. Pero hay un inconveniente. En estos días los juzgados recuperan su actividad tras el paréntesis vacacional y la apertura del año judicial. Y el PP tiene varias citas pendientes con los jueces que, indudablemente, repercutirán en los medios de comunicación.

Lo más inmediato es el fallo de la Audiencia de Madrid sobre el recurso presentado por el Partido Popular por su procesamiento en el asunto de la destrucción de los discos duros del ex tesorero, Luis Bárcenas. Como se recordará, la reforma del Código Penal introdujo la imputación de las personas jurídicas, es decir, empresas, sociedades e instituciones. Al Partido Popular le ha tocado en suerte ser la primera formación política en sentarse en el banquillo de los acusados. Su “representante legal” deberá acudir al juicio si, finalmente, la Audiencia de Madrid desestima el recurso.

El pasado mes de julio, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, Rosa María Freire, cerró la instrucción de esta causa y procesó a la formación de Rajoy por “destruir a conciencia” los discos duros de los ordenadores portátiles del ex tesorero, Luis Bárcenas, que contenían información relevante de la Caja B de los ‘populares’. La instructora propuso juzgar al PP como persona jurídica y a su tesorera, Carmen Navarro, al jefe de los servicios jurídicos del partido, Alberto Durán, y al jefe de sistemas, José Manuel Moreno, por los delitos de encubrimiento y daño informático.

Dos días antes de que se celebren las elecciones vascas y gallegas, el 23, comienza en la Audiencia Nacional, el juicio de las tarjetas “Black” de Cajamadrid. Se sentará en el banquillo de los acusados Rodrigo Rato, figura emblemática del PP, además de Miguel Blesa, el ex presidente de la Entidad al que se empeñó en designar el mismísimo José María Aznar, su amigo y compañero de la Agencia Tributaria. Y unos cuantos nombres más. Afortunadamente, en este asunto hay más acusados pertenecientes a otras formaciones políticas, y organizaciones sindicales.

Rodrigo Rato tendrá que ir a declarar, el 8 de septiembre, en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid por haber contratado a su cuñado, Santiago Alarcón, en Bankia cuando él presidía la entidad. Y está pendiente, para esas mismas fechas, la designación del instructor del Tribunal Supremo en la causa abierta contra la ex alcaldesa y Senadora del PP, Rita Barberá, en la pieza separada del Caso Taula.

Todo esto no es nada comparable con la que espera el 4 de octubre. Ese día comienza uno de los macro juicios más importantes que ha habido nunca en este país: el de la primera época de la trama Gurtel, que va de 1999 a 2005. El PP responde como responsable civil subsidiario por una cantidad de 204.198 euros al ser considerado partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos presuntamente por la red corrupta capitaneada por el empresario Francisco Correa. En el banquillo de los acusados se sentarán los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el del PP, Ángel Sanchis. Pero más que los acusados, en este juicio llamará la atención la presencia, y consiguiente declaración, de la ex ministra Ana Mato, en calidad de “partícipe a título lucrativo”, y Esperanza Aguirre.

Malos tiempos para llevar a cabo la segunda intentona de investidura de Rajoy

 

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