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Una mujer denuncia la colaboración de los Servicios Sociales para robarle a su hija en favor de su pareja

Escalofriante historia que pone de manifiesto la falta de control de la Administración en los procesos de tutela de menores y la retirada de la patria potestad

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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En el tranquilo municipio de Vendrell de Tarragona se vive desde hace nueve años una escalofriante historia digna de una película de terror. Es la dramática vivencia de Nathalia, una madre –pediatra de profesión, con recursos y estabilidad- a la que los Servicios Sociales municipales consiguen quitarle la custodia de su hija de cuatro años, según las declaraciones a Diario16 de su hermana, Judith Martínez Velasco, y que están recogidas en el libro de Consuelo García del Cid, El desmadre de los servicios sociales. Una experiencia de vida desgarradora y cruel que también llegó a comisión en el Senado.

Una mujer que denunció por maltrato a su pareja, del que se divorció cuando la pequeña tenía tan sólo meses de vida, –también médico de profesión- y, sin saberlo, activó el mecanismo más dramático de odio y venganza que le llevó a la ruina personal al estar alejada de su hija, a la que no ha podido ver durante cinco años, y también a la económica.

Diario16 comenzó el pasado sábado una serie de análisis y denuncia sobre lo que puede estar pasando en los centros de menores, la retirada de tutela de los progenitores y la gestión de los Servicios Sociales. Hoy, iniciamos relatos y vivencias de madres y padres desesperados que, sin avisos previos, vieron cómo de la noche a la mañana perdían a sus hijos. Desde el medio, adelantamos que habrá casos duros que pueden dañar la sensibilidad de nuestros lectores y que somos conscientes que el camino de la denuncia será difícil y complicado.

La historia es tan dramática que a veces cuesta creer. Y más en los tiempos en los que nos han metido en vena que en casos de custodia las madres siempre ganan y que todo el entramado judicial está creado para beneficio de las progenitoras y en perjuicio de los varones.

Juzguen ustedes mismos.

El caso de Natalia 

Judith Martínez, la hermana de Natalia, da la cara por ella y por su sobrina, hoy a punto de cumplir 13 años.

Esta es la historia de una mujer que denuncia a su marido por maltrato. “Es el prototipo de hombre encantador en la calle y del que cualquier vecino hablaría bien, pero que en su vida personal es posesivo, envidioso y maltratador psicológico”, explica su hermana. Nathalia le denuncia por maltrato, pero nunca llegó a ser juzgado. A partir de ahí, el padre de la menor –que tiene la custodia compartida con la madre de una niña de cuatro años- contrata los servicios de una abogada que, a su vez, es la asesora externa legal para el Ayuntamiento de Vendrell. Aquí comienza la primera irregularidad al ser la letrada juez y parte del caso.

En los tiempos de visita del padre–bien asesorado por la abogada que conoce al dedillo por trabajar para Servicios Sociales todos los entramados de la Administración-, y sin saberlo la madre, la niña es sometida a análisis y valoraciones, en las que los informes siempre dejan en mal lugar a la madre. Pero jamás hubo aviso del Ayuntamiento o del servicio de Atención al Menor de lo que estaba pasando. En este sentido, Judith destaca que “la indefensión de mi hermana fue absoluta”.

La tragedia se hace evidente cuando una tarde Nathalia va a buscar, como cada día, a su hija al colegio francés donde estudia y le dice el director que se han llevado a la menor. Aquí comienza un calvario, ya que no vuelve a ver a su hija hasta cinco años después.

Judith explica que “desde Protección de Menores se inicia el proceso de desamparo y les privan de la patria potestad a los dos progenitores basándose en “unos informes sin transparencia”. Sin embargo, aquí se produce la más que posible segunda irregularidad, cuando la Generalitat de Cataluña asume la tutela de la niña, pero permite que la menor viva con su padre.

Nathalia tendría derecho a un régimen de visitas estricto donde puede ver a la niña con presencia de los Mossos. Sin embargo, la madre nunca llegó a recibir las notificaciones de Servicios Sociales de estas visitas, por lo que no puede presentarse y así se la Administración decide retirarle esta opción por no acudir al punto de encuentro con su hija.

Aquí se desata, según Judith, “una maquinaria corrompida e imparable, donde a mi hermana se le niegan los derechos más fundamentales de un ser humano”.

Y aquí empieza un largo y penoso procedimiento judicial que no se soluciona hasta cinco años después, cuando la madre por fin consigue que un Juzgado reconozca que no dejó de acudir a las citas que le otorgaba la administración y le concede un régimen de visitas para poder estar con su hija cada fin de semana alterno. “pero no le reconocen su derecho a las vacaciones”, explica.

Desde entonces, los procesos legales siguen su curso, con recursos, pago de costas y todo tipo de trabas, según manifiesta la hermana de la afectada a Diario16: “mi hermana vive en la pobreza absoluta porque le pasa a él para mantener a la niña 1.200 euros mensuales, y además asume las costas que han superado ya los 28.000 euros en un proceso administrativo y legal interminable”.

Nathalia pasa al padre una pensión alimenticia elevada, mientras es la madre la que paga la ropa y los caprichos normales hoy en día de una menor de 13 años. Judith insiste en que “Este señor tiene dos viviendas, una alquilada, y mi hermana no dispone ni de una vivienda propia”. Judith, también cuenta a Diario16 que se trata de una experiencia aterradora que ha destrozado la vida de su familia. Según explica, “te roban a su hija, se le roba la libertad, con más de diez procedimientos penales costos e interminables y cuando en cualquier procedimiento de primera estancia le condenan a costas”. “Es como si mi hermana no tuviera derecho a la justicia”, afirma con rotundidad.

Todavía hoy, nueve años después de aquella terrible tarde en que Nathalia perdió a su hija, su hermana se pregunta “Cómo puede la Fiscalía permitir que esta abogada trabaje y cobre por ambas partes”.

Judith habla muy deprisa, como si no tuviera tiempo para contar todo el calvario que viven desde hace nueve años. “A mi hermana se le niega recurrir judicialmente. Le suspenden las visitas en base a que no le notifican las visitas una vez al mes con Los Mossos. Mi hermana recurre en vía administrativa. Lo pone en el juzgado del municipio, se guarda la causa durante cuatro meses y así prescribe”, confirma, mientras envía documentos a Diario16 que corroboran su versión.

SIMICAT 

Así, Judith, convencida de que el desamparo administrativo y legal es total contra su hermana, crea la asociación SIMICAT (STOP Impunidad Maltrato Infantil). Su objetivo es contribuir a cambiar las relaciones de las instituciones con el ciudadano y garantizar los derechos fundamentales de los menores.

En medio hay detenciones contra la madre, la tía, la abuela de la niña, informes en los que se dicen que la madre y la hermana están mal de la cabeza, noches en el calabozo. Todo el sistema judicial se ha empleado a fondo contra estas mujeres que no han cejado en su empeño en recuperar a la pequeña, hoy una adolescente de trece años que ya ha declarado ante el juez que quiere vivir con su madre y no perder la relación con ninguno de sus dos progenitores.

Según explica Judith en el libro de Consuelo García del Cid, “actualmente mi hermana puede ver a su hija fines de semana alternos. Se ha interpuesto un procedimiento civil de modificación de medidas, donde se explica una vez más que todo esto se hace para privar a una niña de su madre y pedimos que las visitas con el padre sean tuteladas, puesto que tememos que esté maltratando a su hija durante estos años, y la mujer con la que está, también”.

Nathalia pidió la guardia y custodia en marzo de 2017 y todavía no se ha celebrado el juicio.

Judith, por su parte, ha iniciado un procedimiento penal para demostrar los más de 28.000 euros que ya lleva su hermana embargados por denuncias, pago de costas de prodecimientos judiciales etc. Según explica, “es que el padre de la niña miente hasta en la cantidad embargada y curiosamente en el juzgado no aparecen las notificaciones de embargo que se le ha hecho a mi hermana de su sueldo de Pediatra”. 

Consuelo García del Cid Guerra, quien colabora con Diario16 en dar a conocer casos como el de Nathalia y su hija, explica que “cada vez acuden más familias a pedir ayuda a los Servicios Sociales, y la ayuda no se vierte en las familias, les quitan a los hijos y se paga a los centros tutelados cantidades enormes que podrían resolver para siempre la vida de esas familias”

Cómo es posible –se pregunta esta escritora- “que cinco policías entren en tu casa y retiren –sin notificación previa- a los hijos de tus brazos”.

En España van naciendo cada mes nuevas asociaciones de madres y padres afectados a los que los Servicios Sociales les han quitado la patria potestad y la custodia de sus hijos. Así está, entre otras muchas entidades, SOS Desamparos, Desterradas hijas de Eva, Luchamos por ellos, una asociación de trabajadores sociales contra el sistema en Burgos, que se llama Saltando Saltos. También está la asociación de Madres Corajes y otras muchas que se están organizando para denunciar lo que califican como un robo de menores por parte de los Servicios Sociales.

Consuelo se pregunta “¿Y por qué no han salido mil madres a la calle? Con esto se visibilizaba y nadie lo podría parar. Las mismas víctimas se autocensuran entre ellas, hay miedo, inseguridad, falta de medios”, confirma esta escritora que, tras denunciar estos casos en el Senado, tendrá que vérselas en el juzgado con un juez al que nombró en estos casos de procedimientos judiciales irregulares.

Pero el tema ya es imparable. De hecho, otra asociación, Aprodene, ha presentado una denuncia en Fiscalía de más de 800 tutelas retiradas de forma injustificada.

En Madrid, recuerda esta escritora, se pusieron cinco mujeres en huelga de hambre y consiguieron que el Fiscal se comprometiera a estudiar su caso.

En Mallorca hay otro grupo de progenitores que también se pusieron en huelga de hambre. Según recuerda García del Cid, “funcionarios de los servicios sociales les dijeron que si dejaban de llamar la atención les concedían más visitas con sus hijos”.

Diario16 continuará publicando casos en los que dará voz a quien no lo tiene y ha perdido a sus hijos por medidas poco regulares. También, como el pasado sábado, hablará con profesional de esos Servicios Sociales que hacen bien su trabajo y que consideran que debiera haber más control sobre esta retirada de custodia y otros que ya han denunciado irregularidades con un sistema público que, en principio, entendemos que protege a los menores y trata de otorgarles un futuro mejor. Por desgracia, no siempre es así. Con sólo un caso de error administrativo, esta serie de crónicas de vida desgarradoras ya hubiera merecido la pena. Pero son más. Continuaremos.

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10 COMENTARIOS

  1. ¿Cómo es posible que la Administración colabore en la comisión de delitos sin que tenga consecuencias penales graves?
    Está claro que aún queda mucho por hacer contra la corrupción y en la aplicación de la Justicia.
    Enhorabuena a María José Pintor por esta serie de investigación.

  2. Confieso que casi no puedo ni imaginar la situación de ir a recoger a mi hija al colegio y no poder verla hasta 5 años después. Y poder verla, aunque sea con cuentagotas, tras hipotecar mi vida y mi patrimonio en una pelea desigual contra el mismo sistema que me la arrebató. Jugando con sus cartas marcadas, sobre su tapete, exprimiendo esa exigua pareja de doses de la que dispongo contra su ramillete de ases, que además exhiben en sus mangas sin ningún pudor… Leí por ahí que no hay peor forma de injusticia que la justicia simulada. Hay algo peor. Cuando no se molestan ni en simular.
    Enhorabuena por la publicación del artículo. Por increíble que parezca, esto está pasando.

  3. He leído «El desmadre de los servicios sociales» donde se cuentan varios de estos casos y es realmente estremecedor tan solo pensar que pueda estar ocurriendo. El título da totalmente en el clavo. La impunidad y arbitrariedad con la que actúan los servicios sociales en estos casos es inaceptable y alguien tendría que responder ante ello.

  4. El juzgado n1 de El Vendrell sigue TRAFICANDO CON CUSTODIAS DE NIÑOS y ENCUBRIENDO A CRIMINALES PSICOPATAS, ABUSADORES, VIOLADORES….
    Denuncio la jueza CRISTINA LOPEZ POTOC, al abogado CARLES FERRER FERRÉ, a DONES JURISTES, a SATAF, EAIA, Servicios sociales de el Vendrell ( Meritxell y Victoria 2015)
    A la psicologa Maria del Pilar Bonassa Gimenez:…entre otr@s….
    Por TRAFICO DE CUSTODIAS DE MENORES A VIOLENTOS Y CRIMINALES PADRES y DESPROTECCION TOTAL DE VICTIMAS DE VG

    Haciendose valer de FALSEDAD DOCUMENTAL, MANIPULACION DE EXPEDIENTES, TRAMPAS JURIDICAS y ADMINISTRATIVAS, TORTURA A LAS VICTIMAS!!!! PREVARICACION!!!!

    Negocio judicial y crimen de lesa humanidad

    Sois corruptos y lo que haceis es de PSICOPATAS

  5. No se trata de un caso aislado, esto está pasando en toda España, es el nuevo robo legal de menores. No se puede mirar hacia otro lado, los niños son apartados de sus familias camino de un centro de menores donde su infancia queda destrozada.

  6. ¿custodia hacia un padre? esto es un unicornio blanco comparado con otras Comunidades autónomas. ¿No se supone que el feminismo es #custodiacompartida y es igualdad de derechos y obligaciones?Si el 99% de los psicosociales SIEMPRE van hacia la madre, porqué sorprende esta anomalía tanto?

  7. Yo también estoy pasando por momentos tristes y amargos . Después que los del AIA se hayan metido en mi caso
    Mi situación llegó por problemas de depresión y ansiedad , la cual no podía hacerme cargo de mis hijos 15 y 10 . Yo vivia con mis padres , mi madre estaba ayudándome , pero cuando pasé toda esta situación y me quería ir para salir de mi tema depresión y llevarme a mi hija de 10 años ya que su padre me apoyaba , mi madre no dejó llevarme a la niña , y en eso se metoí el AIA. A mi me están tratando como una maltratadora, no he visto hace 4 meses a mis hijos , estoy viviendo a 5 minutos de ellos y no puedo asercarme, ahora he pasado entrevista y mañana 9 de diciembre podré verlos, estar solo con ellos 1h vigilado ,me siento impotente , a mis hijos los he cuidado y siempre visto por ellos,ahora me tratan como lo PEOR, solo por que he pasado una situación de enfermedad. Ya me dieron el calendario y los voy a ver una vez al mes ,me parece injusto. Quiero volver a tener la vida que teníamos antes con ellos, ir al cine a cenar a todo sitios . No lo tengo y siento que mi la vida junto a ellos estoy perdiendo,mi niña cumplirá años y no estaré con ella y eso me me duele . Creo que no hay derecho soy su madre y no han tenido ni maltratos ni nada para que me estén tratando de esa manera, no es justo que me tengan que venir a decir cuando y como tengo que ver a mis hijos,estado enferma no es una situación de maltrato drogas o alcolismo. Espero que toda esta pesadilla pase rápido ,así me despierto cada día ,como una maldita pesadilla.

  8. Están haciendo ya lo mismo con ancianos incapacitados, elaborando informes demenciales contra la familia y consiguiendo que la tutela pase a instituciones sin «ánimo de lucro» que reciben dinero público amén de apropiarse de pensiones y patrimonio. Todo un negocio,el negocio de «lo social».

  9. Vaya, qué casualidad. Mencionan por aquí a Cristina López Potoc, la misma juez que acaba de dictar sentencia desestimatoria en un caso sin tener ni la más remota idea de cómo funciona el Centro Municipal de Servicios Sociales en el que se produce el fallo administrativo que provoca el asunto de fondo que se juzga. Esta «magistrada» se piensa que cualquier usuario de un centro de servicios sociales, entra en él como Pedro por su casa y puede presentar los documentos o justificantes cuando le viene bien. Señora, a ver si se entera: El CMSS al que se refiere el caso tiene unas normas de funcionamiento. No se pueden presentar los documentos cuando a uno le viene en gana ni acudir a las citas en cualquier momento porque no se recibe a quien no tiene cita. Y siendo una irregularidad con el sistema de citas precisamente lo que se juzgaba, resulta indecente que tenga usted la osadía de alegar la «falta de diligencia» de alguien que no pudo presentar los justificantes con anterioridad al momento en que lo hizo, precisamente por respetar dichas normas.
    Si no tiene usted la más remota idea del funcionamiento y los mecanismos que se siguen en el centro en el que se producen los hechos que usted está juzgando, lo mínimo es que se informe adecuadamente para emitir una sentencia coherente, y no el disparate infundado que ha redactado, eso sí, inadmitiendo la posibilidad de recurso alguno para proteger su decisión.
    Cuando en esta página otras personas la están citando a usted por otras irregularidades cometidas en connivencia con otras administraciones, también en el ámbito de los servicios sociales, por algo será… Cuando el río suena, agua lleva.
    CRISTINA LOPEZ POTOC, es repugnante el nivel de corrupción al que llegáis algunos. Retírate por el bien de todos, incompetente corrupta. Eres una vergüenza para la profesión. Menos mirar por encima del hombro a los usuarios de servicios sociales, y más atención al asunto que tienes entre manos.
    Tardar más de medio año para semejante birria de sentencia a base de conjeturas… lo tuyo es de traca, como para que critiques la conducta de los demás. Luego, eso sí, a echar balones fuera, achacando la lentitud de la justicia a factores externos. A ver si te enteras de que tu ámbito de actuación es un juzgado, no un circo…

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