Acto de apoyo de Juana Rivas y Vanessa Skewes / Fotos de Agustín Millán.

Juana Rivas, una granadina de 36 años, se niega a entregar a sus dos hijos a un maltratador que de momento tiene la Justicia de su parte, que vive en una isla de Italia, tal y como le exige la Justicia. La victima está a la espera de un recurso mientras exige justicia después de una terrible experiencia de malos tratos.

Juana Rivas es vecina de Maracena, en Granada. En mayo del 2016 tuvo que escapar de Carloforte en la isla italiana de Isola di San Pietro cerca de la isla de Cerdeña, en la que vivía con el padre de sus dos hijos, de 3 y 11 años. Vivía por que en 2013, Juana le dio una segunda oportunidad, precisamente lo que no hay que hacer nunca con un maltratador.

Según nos cuenta desde la concentración en Sol de las Mujeres Vela-Luz, Juana Rivas, explica que su expareja, con el que nunca estuvo casada, tiene una sentencia por maltrato en 2009 y “yo en el 2013, le doy una segunda oportunidad. Me voy a Carloforte, cerca de Cerdeña y estoy casi 3 años viviendo en Italia”, explica.

Y este hombre se acoge a este prefecto del Convenio de La Haya. Según su expareja, “haciendo uso de un procedimiento jurídico internacional extraordinario, quiere obligar a estos menores a que vuelvan a la isla de Isola di San Pietro, donde han sufrido este maltrato durante casi 3 años” Su padre argumenta que el entorno de los niños es en Italia.

En realidad el hijo de Juana, que tiene 11 años, ha estado casi 8 años de su vida en España y aquí tiene a su familia y amigos. Él desea vivir aquí. Cuando estaba en Italia, le decía a su madre que quería volver a Maracena: “Por favor, vámonos mamá. ¿Hasta cuándo vas a aguantar esto?”.

Con el maltratador no hay trato

“El maltrato comenzó al poco tiempo de irme para Italia. Cada vez, más y más fuerte, hasta que llegó un momento en que empecé a temer por mi vida, pero a niveles serios de hacerme mis necesidades encima”, nos comenta Juana Rivas sobre su calvario en Carloforte en la isla italiana de Isola di San Pietro, con el maltratador y padre de sus hijos.

“Yo estaba deseando de escapar y él lo se lo olía”, nos cuenta Juana. Alguien que trata maltrata a una mujer psicológica y físicamente, tiene miedo a que está se relacione con otras personas. “Él decía que no nos merecíamos venir a España”, seis meses antes de que Juana llegase a España, le escondió los pasaportes.

La noche antes del viaje, con insultos, voces y gritos, le quita de nuevo los pasaportes. El hijo mayor de Juana de tan solo 11 años, sigue a su padre y consigue saber dónde esconde los pasaportes, “y me dice dónde están. Yo los cojo y me voy al campo. Los escondo en una acequia.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha acordado, en sentencia del 14 de diciembre, la restitución de los dos menores a Italia con su padre. Juana ya ha presentado un recurso y está esperando la resolución judicial, que se verá a finales del mes de Mayo.

Juana Rivas va a seguir luchando, porque para ella, el último fallo de la Audiencia Provincial de Granada ha sido un corta y pega, se ha hecho deprisa y corriendo. “La sentencia habla de mis hijos y habla de otra hija que yo no tengo, y   que también tengo que devolver. Se hablan de situaciones y fechas que nada tienen que ver con nuestras vidas”.

La ley española se acoge a que Juana no he pedido el consentimiento del padre para traerlos a vivir a España. El hijo pequeño de tan solo tres años, “nunca había dicho nada y ahora lleva cuatro días que dice: [Mami, mami, te quiero mucho. No quiero separarme nunca más. No quiero que nos separemos, no quiero que tú te vayas. Mami yo no me quiero ir.] Nos cuenta su madre.

En una isla, de una isla, al lado de un península

Nos cuenta Juana Rivas, “Yo vivía en un cortijo, en una isla de una isla de una península, (Carloforte en la isla italiana de Isola di San Pietro cerca de la isla de Cerdeña) donde ni tenía coche. Este hombre se movía con sus llaves colgadas en el cinturón, y tenías que pedirle permiso con antelación para cualquier cosa. Me quería tener aislada”.

Según Juana, con los antecedentes de maltrato del padre, no entiende como la justicia le ha podido recriminar el que se llevara a sus hijos. “Con el maltrato no hay trato. Yo a los jueces, le diría que tendrían que ser ellos, los primeros en defendernos. Los jueces no han vivido el maltrato, y no saben lo que es. Les pediría que hablen, que se acerquen a las personas víctimas de violencia de género”.

Nos cuanta Juana, que ha su hijo no lo ha visto ningún grupo de especializados psicólogos para víctimas de violencia de género, “lo ha visto a la ligera, un psicólogo de familia”. Sus hijos no son un “número en una sentencia de corta y pega, y luego ya veremos. Mis hijos llevan aquí ya un año, han vuelto a la normalidad, están totalmente integrados en un ambiente sano y en una casa nueva”.

Juana estuvo arropada por varias diputadas socialistas, Ángeles Álvarez, y Sonia Ferrer portavoz socialista de la comisión de infancia en el Congreso. A los grupos parlamentarios Juana les diría. “Por favor, que se interesen por nosotros, que por favor me apoyen y me ayuden. Yo sigo confiando en que este calvario se va a solucionar. Por eso estoy aquí, si yo supiera que me van a quitar a mis hijos sí o sí, estaría en mi casa llorando o muerta de dolor”.

El Ayuntamiento de Maracena, en Granada, aprobó una moción para instar al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Justicia del Parlamento a la elaboración de un protocolo específico en los supuestos de sustracción internacional de menores cuando concurre una situación de violencia de género.

Sonia Ferrer portavoz socialista de la Comisión de Infancia en el Congreso, que acudió a la concentración en apoyo de Juana Rivas y Vanessa Skewes, afirmó que el grupo socialista   se “está haciendo eco del caso de Juana y de Vanessa, dos mujeres que a demás de ser víctimas de violencia de género, ven como sus hijo menores, también son víctimas directas de esa violencia. Si los niños se van con el padre, un padre que ha sido maltratador, que es maltratador, pues deja de sentir esa protección a los menores”.

Para Sonia Ferrer es algo completamente injusto, “que algo que ya está regulado en esta normativa española, qué los hijos que son víctimas directa de la violencia de género, están protegidos, si se traspasa fronteras, dejen los hijos de tener esta protección”.

Paqui Granados Gámez, directora de igualdad del Ayuntamiento de Maracena: “En los últimos años, nos encontramos con que se está produciendo un retroceso importantísimo en lo que se refiere al sistema judicial, con más frecuencia de la que nos gustaría, nos estamos encontrando con que se están dictando resoluciones judiciales que desatienden la normativa de la que nos hemos dotado”.

En 2015 se había visibilizado la mujer víctima de violencia de género a nivel legal, pero los hijos víctimas de violencia de género, estaban completamente invisibles. Lo que se consigue a instancias del convenio de Estambul del 2011, es visibilizar a esos menores. Esto de hace a través de la Reforma de tres normas fundamentales: La Ley de Protección Jurídica del Menor, el Estatuto de la Víctima del Delito y la Ley Integral Contra la Violencia de Género.

Se introducen en estas tres normas algo que de entrada es tristemente todavía muy desconocido a nivel de judicatura, y es que los hijos, cuyas madres son víctimas de violencia de género, se les considera víctimas de violencia de género persé. Solo el hecho de ser testigo de esa violencia, implica una agresión importantísima al niño.

Al finalizar el acto se ha leído un manifiesto de las técnicas de igualdad de Granada en lucha frente a los retrocesos en violencia de género

Nos solidarizamos con la asociación Ve-la luz, que ha vuelto a la Puerta del Sol en Madrid, y con todas aquellas personas y colectivos que denuncia y combaten la violencia de género. Apoyamos a Juana Rivas y Soraya Ramos en su Vía Crucis judicial para proteger a sus hijos de un padre maltratador. Denunciamos la hipocresía institucional que pese a las aterradoras cifras negras, no adoptan las medidas necesarias contra la violencia de género, tal y como lamentablemente se expresa en los Presupuestos Generales del Estado, que pretende aprobar el Gobierno. Exigimos responsabilidades a los profesionales que no aplican la normativa vigente de protección a mujeres y niños víctimas de violencia machista.

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