La última semana del año trajo muchas novedades judiciales de peso, desde los juicios a Milagro Sala hasta el procesamiento de la ex Presidente Cristina Fernández por ser partícipe de una asociación ilícita y la reapertura de la causa que se inició por la investigación del Fiscal Nisman y que también involucra a la ex Presidente.

Tras un año en el que las causas judiciales parecían no tener grandes movimientos y centrarse tan sólo en los denunciados de menor responsabilidad de gestión durante el gobierno pasado, parece que nuevos aires comienzan a soplar en la Justicia argentina.

Hay quienes denuncian que estos hechos no son más que una cortina de humo para distraer a la población de la difícil situación económica que se vive y que, entre otros, asume también el propio gobierno.

Como decía el personaje televisivo que encarnaba Juan Leyrado en la serie Gasoleros, Héctor Panigazzi, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Es cierto que Argentina está afrontando una compleja realidad socioeconómica, eso no puede negarlo nadie, aunque no es menos cierto que parte de esta crisis es producto de las políticas implementadas durante la gestión peronista. La combinación de aquellas políticas más algunas de las herramientas de corrección que implementó el nuevo gobierno, generaron esta realidad que nadie puede negar y nadie quiere ocultar.

Por otro lado, y en paralelo a esto, se da el avance judicial. Es difícil entender que los mismos jueces que tiempo atrás fallaban en línea con las pretensiones de los funcionarios peronistas denunciados, hoy lo hagan en sentido contrario, pero resulta complejo el intentar frenar la fuerza de las pruebas. Poco a poco, pero de manera incesante, se acumulan las pruebas que van probando que, por ejemplo, aquella denuncia que realizara casi en solitario la Diputada Elisa Carrió junto al bloque de Diputados Nacionales que comandaba estaba bastante en línea con lo que ocurría y no era una mera jugada política.

Pretender asociar ambas situaciones es una triste jugada política de quienes pretenden aferrarse a una realidad inexistente, puesto que el relato que se quiso imponer cae por el peso de los hechos que van demostrando que más que relato era un mero cuento basado en realidades parciales que buscaba legitimarse con una serie de acciones justas y loables pero que ocultaba un entramado mafioso y delictual.

Según la auditoría que está realizando el Consejo de la Magistratura, durante el gobierno peronista encabezado por Cristina Fernández hubo más de 2000 denuncias por corrupción, algunas de las cuales comienzan a ver sus frutos por estos días. Los principales funcionarios han acumulado numerosas denuncias, y más allá de la realidad socioeconómica, es algo que no se puede negar y que la Justicia debe investigar. Fue la ex presidenta Cristina Fernández quien, de ese total, recibió la mayor cantidad, 419, seguida por su fallecido esposo, Néstor Kirchner, con 193; el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, 117, y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, 108.

Pero quienes creen que el avance judicial es parte de un plan orquestado por el Gobierno para perseguir judicialmente a la ex Presidente y sus presuntos cómplices deberán abrir más el espectro de sus sospechas, que ya exceden las fronteras nacionales, puesto que desde Brasil también han llegado malas noticias.

El caso Lava Jato, que descubrió y enjuició un entramado de corrupción y financiamiento ilegal de partidos políticos y campañas electorales, también arrojó novedades sobre la corrupción argentina, puesto que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado coimas por US$ 35 millones en la Argentina entre los años 2007 a 2014. Esta declaración formó parte de un acuerdo alcanzado entre la constructora ‘con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza para resolución de la investigación sobre la participación de la empresa en la realización de actos ilícitos practicados en beneficio de las empresas pertenecientes al grupo económico’, según señalo la compañía en un comunicado.

Evidentemente la realidad supera a la ficción, incluso a aquella ficción que quieren construir quienes hablan de persecución judicial en pos de una proscripción política. Como señalaba el slogan de campaña del peronismo, son hechos, no palabras.

Y por si todo esto fuera poco, queda por saber cómo avanza la investigación en lo que refiere a la muerte de Alberto Nisman y su supuesto encubrimiento en donde también aparecen denunciados e involucrados varios personajes que fueron parte del gobierno encabezado por Cristina Fernández.

Hay que trabajar para que mejore la situación socioeconómica para que todos vivamos mejor, pero hay que hacerlo sobre la base de justicia donde los delincuentes vayan presos, porque sólo así todos vamos a poder vivir mejor.

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