Los partidarios de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina se enfrentan a un viejo dilema, aquel que enfrentó a reformistas y revolucionarios, con sus respectivos extremos de conformistas y utopistas: garantizar un pequeño triunfo y buscar el mal menor o ir por el bien mayor, aún con el riesgo de perderlo todo.
Este dilema, viejo por demás, recobra hoy actualidad de cara a la votación en el Senado de la Nación de la media sanción de la IVE alcanzada el 13 de junio de este año en la Cámara de Diputados, puesto que hasta el momento 59 de los 72 senadores han hecho pública su opinión respecto a la norma, y de entre ellos el 43% se opone, lo que pone a este grupo a 5 votos del rechazo de la media sanción.
Es un panorama sombrío, puesto que quedan 13 legisladores indecisos, de los que los partidarios de la ley deberían convencer a 9 para garantizar su éxito, casi una quimera, pero cuando todo parecía perdido, apareció una luz de esperanza. Puesto que como hemos dicho Y es aquí donde resurge el debate sobre qué camino tomar, el de la ortodoxia que arriesga un ‘morir con las botas puestas’ o la heterodoxia que da lugar a una alternativa, aunque esta no termine de convencer a quienes la impulsan.
Hubo dos momentos en los que parecía que era la reedición del ‘cajón de Herminio’ para quienes defienden el rechazo del proyecto. El primero tras el cruce entre el biólogo Alberto Kornblihtt y la senadora Silvia Elías de Pérez, el segundo tras las declaraciones del médico Abel Albino… pero el bloque que permite mantener el aborto en la clandestinidad se mantuvo monolítico.
Ante esta realidad, los tres Senadores de la Provincia de Córdoba evalúan presentar una tercera posición, más cercana a quienes están en favor de la propuesta de la IVE, pero un tanto morigerada. Son esencialmente tres los cambios sugeridos. Que la interrupción del embarazo pueda hacerse hasta la semana 12, que haya objeción de consciencia institucional y que no haya penalidades para los médicos que se nieguen a realizar la práctica. Analizaremos cada uno de ellos para dilucidar qué podría ocurrir, y como convendría al sector progresista del Congreso Nacional no ver naufragar sus propuestas inclusivas.
Que la interrupción del embarazo pueda hacerse hasta la semana 12 reduce en 2 semanas el período de tiempo en el que puede efectuarse el aborto y no es un cambio trascendental en el espíritu de la ley, de hecho es un tiempo que aparece en muchas de las legislaciones del mundo que reconocen el derecho al aborto seguro y gratuito a sus ciudadanos. No habría inconvenientes en transigir en ese tópico.
Que haya objeción de consciencia institucional es más complejo, en primer lugar porque la objeción es individual y debiera mantenerse este principio, porque la contracara de esto, por ejemplo, es qué derecho tiene un profesional a seguir sus principios si institucionalmente existe una objeción de conciencia institucional en donde trabaja. Adicionalmente, esta posibilidad abre otra que es que haya sitios en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de la ley por la inexistencia de alternativas clínicas. No es algo que pudiera ocurrir, en principio, en grandes urbes o centros poblados, pero hacia el interior más profundo del país es una realidad que comienza a tomar más cuerpo.
Que no haya penalidades para los médicos que se nieguen a realizar la práctica es quizás el punto más discutible, puesto que si hay un registro de objetores de conciencia, quienes no estén en él deberían estar obligados a realizar abortos. Incluso la discusión debiera ser más profunda e incluir si el Estado no debe garantizar, a través de los medios que considere pertinente, la posibilidad de acceder un aborto a quien lo requiera, para poder garantizar la igualdad ante la ley.
Pero aún con estos matices, ‘el camino cordobés’ puede transformarse en el único válido para intentar seguir adelante.
Se plantean entonces 3 alternativas para el próximo 8 de agosto, fecha en el que el Senado de la Nación se propone debatir y votar sobre el proyecto de media sanción de la IVE.
El primero, dado los números que se barajan como más probable, es que el Senado rechace el proyecto remitido por Diputados. Si bien esta posibilidad acarreará un costo político para quienes lo decidan, tendrá el respaldo de la Iglesia Católica que tras la media sanción en la Cámara Baja redobló su presión en pos del rechazo de la norma e incluso marchó frente a la Quinta Presidencial y convocó a una misa para el mismo día del debate parlamentario.
El segundo, y más improbable, es la aprobación del texto tal y como fue remitido al Senado de la Nación. Por esta opción se inclinan hasta el momento 27 legisladores y parece estar muy lejos del mágico número de 36 no negativos (parafraseando a Julio Cobos).
Finalmente, y como mal menor, aparece el camino cordobés. Pero como en una matrioshka rusa, esta alternativa, abre también nuevas posibilidades, puesto que si se avanzara en este sentido, el proyecto con sus modificaciones propuestas debería enviarse a la Cámara de Diputados y allí volver a transitar el camino parlamentario aunque esta vez más abreviado y someterse a votación.
Allí se pueden aprobar los cambios propuestos por los Senadores, y dar lugar al mal menor por segunda vez, garantizando la sanción definitiva de la ley o, tras el camino reformista del Senado insistir en el carácter revolucionario de lo propuesto en Diputados inicialmente. Para esta insistencia es necesaria una mayoría igual o superior a la del Senado. Es decir que imaginando que los Senadores que apoyen la opción cordobesa alcancen los 36 votos y quienes lo rechacen 35 puesto que una senadora ya adelantó que se abstendrá, alcanzará que se repita la histórica votación del 13 de junio para que el texto salga tal y como se aprobó en Diputados puesto que la diferencia de votos, que fue de 4 votos, sería mayor que la que existiiría en el Senado, que habría sido de un voto.
Pero como si fuera una nueva muñeca rusa dentro de otra, esto plantea un nuevo problema poco debatido hasta el momento, y que tiene que ver con el virtual quiebre geográfico del país, dado que el 50% de los votos afirmativos provienen de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez estos votos representan casi el 70% de los votos de la región, o incluso la Patagonia, donde el 72% de los Diputados apoyaron el proyecto de IVE, mientras que hay regiones como el NEA donde el sí apenas pasa el 20% o Cuyo donde no llega al 25%. En definitiva, tal como ocurrió oportunamente, el grueso de los votos para la sanción lo otorgaría el ‘eje costero’ del país mientras el grueso del rechazo se afincaría en el ‘eje montañoso’.
El interrogante entonces pasará por cómo garantizar, eventualmente, la aplicación de la norma en estas regiones, que por cierto hoy incumplen la normativa vigente respecto a cuestiones que frente a la interrupción voluntaria del embarazo son mucho menos complejas, como la educación sexual en los colegios.
¿Qué hacer entonces? ¿Buscar el mal menor o ir por el bien mayor? En cómo se resuelva este dilema se jugará gran parte de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y, mucho más importante aún, si se aprobara, en cómo se aplicará la ley.
