Un juzgado militar está investigando el acoso que sufrió durante cuatro años una guardia civil de Murcia que fue obligada a abortar por un sargento de su compañía tras ser violada. Este superior se enfrenta a una pena de quince años de prisión. Según la Dirección General del Instituto Armado, que fue informado por carta de estos hechos en diciembre del 2015, la decisión se ha adoptado después de recibir hoy “oficialmente” el auto de procesamiento del Juzgado Militar Territorial Número 14 de Cartagena (Murcia).
El sargento O.M.G. ha trabajado hasta el día de hoy sin ningún problema tras cuatro años de presunto acoso continuado. Según el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, su destitución se ha basado no solo por la “gravedad y afectación individual de la víctima”, sino también por la difusión de estos hechos en los medios de comunicación “que generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado”.
El sargento está acusado de los delitos de abuso de autoridad con modalidad de trato inhumano, abusos sexuales continuados, lesiones psíquicas graves y trato degradante. La víctima está de baja desde el 9 de marzo de 2015. Su abogada afirma que “está muy mal, sigue somatizando las consecuencias del acoso, con trastornos y problemas cardíacos y renales. También sufre pesadillas continuas. Recordar es dificilísimo”.
La letrada ha comentado que su defendida formaba parte de la oficina que lleva los temas de violencia de género en la Guardia Civil, por lo que sabe cómo funciona el reglamento interno “es una tortura lo que sufren las víctimas de cualquier delito y ella, además, está sometida a la disciplina militar y sabe que mostrar dolor es síntoma de debilidad”.
Los hechos se remontan al año 2012, cuando el sargento regresó de un permiso de paternidad. Ese año empezó a violar a la víctima dentro de su propio domicilio, además de empezar a acosarla con hasta 50 llamadas diarias. El presunto maltratador le envió también multitud de mensajes que forman parte del proceso judicial; tal y como cuenta la abogada de la guardia civil acosada son “horribles” y “cuesta leerlos”.
Cuando el sargento se enteró que había dejado embarazada a su víctima, la obligó a abortar con mensajes como “saca eso de ahí, no me vas a joder la vida”. Además, exigió a la agente que le mostrara la factura de la clínica abortiva.
En el año 2013, un teniente de la compañía se percató de los hechos y decidió denunciarlos a través de una unidad orgánica de la Policía Judicial: tan solo se abrió un expediente al sargento, sin mayores consecuencias. Visto el desamparo, la guardia civil causó baja en marzo del 2015. A la violencia física se había sumado el temor a las represalias de su jefe, que le hacía chantajes y le encargaba más trabajo si no cedía a sus ataques.
La AUGC, el sindicato mayoritario en el Instituto Armado, ha denunciado la opacidad de las estadísticas de este Cuerpo en relación con acosos y abusos sexuales.
