El fiscal, Emilio Valerio, el fiscal del llamado “Caso Tamayazo”, que se encargó en su día de los delitos contra el medio ambiente, y que llegó a ser sancionado por decir que el asesinato del dirigente abertzale Santi Brouard “se podría haber evitado”, recurrirá ante la Audiencia Nacional el expediente abierto contra él por la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, “por la realización de actividades incompatibles”. Ahora tiene la palabra el ministro, Rafael Catalá. Si este da el visto bueno, Valerio será expulsado de la carrera que ha ejercido durante 36 años.
El expediente se basa en las actividades privadas de Emilio Valerio. Se ha acreditado que gestiona personalmente un entramado de 16 empresas dedicadas a la producción y exportación de vino, aceite, cerveza y productos ecológicos, así como la propiedad de un bar en la calle Estafeta, en pleno centro de Pamplona. Según el expediente sancionador que cuenta con el visto bueno, también, del Consejo Fiscal, Valerio, “además de encargarse directamente de la administración y gestión de estas empresas, se ocupa de obtener subvenciones públicas y de abrir mercados en el extranjero. Todo ello mientras permanece en activo en la Fiscalía de Madrid”. En el expediente también se comenta que “sorprende la magnitud del entramado mercantil del que se ocupa Valerio, y de sus resultados económicos”.
En base a esos hechos, la sanción se apoya en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece que “el cargo de fiscal es incompatible con el ejercicio directo o mediante personas interpuestas de toda actividad mercantil”. No obstante, dicho Estatuto “exceptúa la transformación y venta de productos obtenidos de los bienes propios, operaciones que podrán realizarse pero sin tener establecimiento abierto al público”. También está prohibido que los fiscales “desempeñen las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra actividad que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades mercantiles, públicas, privadas o de cualquier fuero”
Las actividades privadas de Emilio Valerio eran perfectamente conocidas tanto por sus compañeros como por sus superiores. De ahí que haya sorprendido la medida promovida por la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. La expulsión de la carrera es una medida muy infrecuente. El último caso fue el del fiscal de Galicia, Juan Antonio Frago, separado del servicio por incumplir una orden de su superior.
De todas maneras, se podría entender esta iniciativa si se tiene en cuenta que algunas de las actuaciones de Emilio Valerio como fiscal han sido controvertidas. Se le sancionó por falta leve al declarar públicamente que el asesinato del dirigente abertzale Santi Brouard podía haberse evitado.
De Bilbao, donde ejercía, fue trasladado a Madrid. Allí ejerció como número dos de la Fiscalía. Posteriormente, fue encargado de los temas de medio ambiente donde se le recuerda por su actitud implacable contra este tipo de delitos. Tuvo muchos encontronazos con empresas y entidades públicas en materia de urbanismo y se encargó de investigar el llamado “tamayazo”, el caso de un supuesto soborno a dos diputados regionales socialistas que se ausentaron durante la investidura del candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad, Rafael Simancas. Este, al final perdió la votación. Hubo que hacer segundas elecciones que ganó Esperanza Aguirre. El caso de este supuesto soborno acabó archivado. Por lo que se dijo en la época, a manos de Valerio llegó un informe de la Guardia Civil en el cual se hablaba de “la posibilidad de que se esté comerciando con unos terrenos para la construcción de viviendas de precio libre cuando en los mismos sólo pueden hacerse del régimen de protección oficial” Este informe fue publicado en el periódico El País. Emilio Valerio fue denunciado “por revelación de secretos” mediante una querella que, primeramente, fue sobreseida y, posteriormente, se reactivó.
En la actualidad, Emilio Valerio se encuentra apartado cautelarmente de sus actividades dentro del Ministerio Público.
Que fuertes son los intereses espurios en este país, bravo por el fiscal Valerio!