El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia cree que la salud de la Seguridad Social exige una bajada de las prestaciones públicas del 3,11% para el próximo ejercicio mientras que la Autoridad Independiente Fiscal, la Airef, da por descontado que en 2017 se habrá agotado el Fondo de Reserva que actualmente cuenta con 22.000 millones de euros. Ese es el desolador panorama que trazan los expertos en lo que a pensiones se refiere. Un asunto que deberá centrar la atención del próximo gobierno, pero también de la oposición parlamentaria y de los sindicatos.

El resultado al que llegan los expertos de la Universidad de Valencia se basa en los deslizamientos que hay que introducir en el mecanismo del cálculo de la revalorización de las pensiones que desde 2014 sustituyó a la actualización según el índice de precios al consumo, IPC.

La fórmula diseñada para efectuar dicho cálculo tiene en cuenta distintos parámetros del sistema: evolución de los ingresos, aumento del número de pensiones, efecto sustitución (relación entre altas y bajas de pensiones) y, por último, la corrección del déficit. El resultado viene siendo determinante para la subida de las pensiones de cada año.

Aún así, nunca se utiliza estos criterios porque la Ley señala que el mínimo a subir debe ser del 0,25%. Pero si se aplicase su tenor literal, la cuantía de las pensiones, según los resultados de 2015, debería de haber bajado un 2,52%, y este año, esos parámetros indican que la reducción debería ser del 3,11%. Eso si se aplican los criterios plasmados en la Ley al pié de la letra. Cosa que ningún grupo político se atreve a hacer por las razones de todos conocidas.

Estos expertos advierten que, en estas condiciones, el sistema corre verdadero peligro de quiebra. De ahí que los grupos representados en el Congreso estén elaborando propuestas para que, una vez se haya superado el periodo de investidura si es que se supera, se convoque al Pacto de Toledo para buscar una solución al menos a corto plazo.

Los sindicatos vuelven a insistir en que todos estos argumentos que manejan los expertos “son falacias”. En UGT señalan que “Rajoy deberá justificar por qué parte del dinero del Fondo de Garantía, que se utilizó para comprar deuda pública, no ha vuelto a retornarse en el momento en que el Banco Central Europeo ha tomado cartas en el asunto de dicha deuda”.

Según los datos de la Contabilidad Nacional, hay invertidos en deuda pública 56.500 millones de euros procedentes de la “hucha” de las pensiones. Los sindicatos denuncian que “se ha hecho un uso indebido del Fondo”. En una reunión de la comisión de seguimiento del Fondo de Reserva, mantenida el pasado 11 de julio, Mari Carmen Barrera, secretaria de políticas sociales, empleo y seguridad social de la UGT, dijo que “no se deberían otorgar futuras habilitaciones que permitan disponer del Fondo de Reserva para financiar reducciones de los ingresos por cotizaciones derivados del fomento de la contratación, así como ninguna otra medida ajena a la naturaleza del sistema de pensiones».

Tanto los sindicatos como la izquierda progresista, frente a los argumentos utilizados por los expertos, denuncian que de la crisis del sistema tienen la culpa los incentivos para el fomento del empleo, las famosas tarifas planas de las cotizaciones, que han reducido sensiblemente los ingresos y cuyo desfase se debe compensar “vía impuestos y no mediante el Fondo, que es para otras cosas”, concluye Barrero.

4 COMENTARIOS

  1. esta es la marca EPAÑÑÑÑA EN ADMINISTRACION ¡¡ se lo han cargado todo , hasta la decencia que debe tener todo individuo que trabaje para lo publico , mucho yonki de dinero , mucho chulo putas ,muy muy mucho indecente y «ruiz» , mucho amigo del alma y mucha cal viva , pero no para los bancos ¡¡ viendo como contestaba el «giñapo» a una periodista ¡¡ aunque debo pensar que los periodistas se lo han ganado a pulso , trabajan como lacayos de la informacion para una manta de ignorantes¡¡¡
    ahi esta ¡¡ ahi esta ¡¡
    la torre de alcala¡¡¡

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