No han pasado ni 24 horas desde que el Senado de los Estados Unidos confirmara por 54 votos a favor y 45 en contra al juez Neil M. Gorsuch para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo, un nombramiento que desequilibra las fuerzas entre conservadores y liberales en favor de los primeros.
El perfil ultraconservador de Gorsuch hace temer que muchos de los derechos sociales de los norteamericanos puedan sufrir restricciones y que otros que reclaman los sectores más ultraconservadores del país puedan ser ampliados.
Hay un hecho a tener en cuenta del nuevo miembro del Supremo: Gorsuch interpreta la Ley según la corriente denominada «originalismo», es decir, que la Constitución de los Estados Unidos se interpreta según el modo en que lo harían los redactores de la Declaración de Independencia y no en base a los cambios que la sociedad va teniendo según la evolución de los tiempos.
Gorsuch, además, cuenta con el favor de grupos religiosos extremistas porque siempre ha defendido la prevalencia de las creencias religiosas frente a las regulaciones gubernamentales. Un ejemplo lo podemos ver en el polémico caso de la cadena de tiendas Hobby Lobby que demandaron al Gobierno de Obama porque el Obamacare la obligaba a proporcionar a sus empleados seguros médicos en cuya cobertura debían ir incluidos tratamientos anticonceptivos. En este caso Gorsuch consideró que el Obamacare violaba la libertad religiosa al obligar a las empresas a proporcionar coberturas que iban en contra de sus creencias. Esto a pesar de que la cobertura incluida en los seguros médicos estaba orientada a cuidar de la salud de las mujeres.
Por otro lado, el juez Neil M. Gorsuch es un claro defensor de la pena de muerte, está en contra de la eutanasia o el suicidio asistido. En su comparecencia en el Senado, además, esquivó las preguntas sobre temas con los que se posicionó en el pasado: los matrimonios entre personas del mismo sexo o la financiación de las campañas electorales.
El conservadurismo de Gorsuch va a tener un reflejo en el trabajo de la Corte Suprema desde el próximo lunes, fecha en la que tomará posesión del cargo y en lo primero en lo que tendrá incidencia será en si se toma en consideración la petición de grupos de presión ultras de ampliar la Segunda Enmienda, la que permite la tenencia de armas como un derecho constitucional. Lo que los lobbies de las armas y la Asociación Nacional del Rifle piden es que el derecho a tener un arma en el domicilio se amplíe a poder llevarlas en la calle. En esta primavera, además, el Supremo debate nuevos modelos de protección del derecho al voto (los sectores más conservadores quieren limitarlo), como ocurre con la demanda del Estado de Carolina del Norte en que se quiere hacer una modificación del derecho al voto que claramente va en contra de los ciudadanos afroamericanos y la influencia de los lobbies religiosos en la política como son los casos de escuelas cristianas radicales que piden estar subvencionadas por los programas de educación gubernamentales. En Estados Unidos no se subvenciona a este tipo de centros porque el Estado debe estar separado totalmente de las confesiones religiosas.
Esta es otra de las consecuencias de la llegada de Trump al poder, la incorporación al Tribunal Supremo de un juez que más que hacer avanzar las leyes norteamericanas las llevará hacia el «originalismo» que propugna, hacia el siglo XVIII.
