El artículo 35 de la Constitución Española, además de afirmar que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, reconoce a los trabajadores el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. La Reforma Laboral del PP y las medidas adoptadas por las empresas en materia salarial gracias a lo establecido por la Ley 3/2012 incumplen claramente lo que dicta la Constitución, tal y como hemos venido informando en Diario16. En 2004 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desvinculó las políticas presupuestarias extra laborales del Salario Mínimo Interprofesional al crear el Indicador Público de Rentas Públicas. Este indicador es uno de los referentes más importantes a la hora de concesión de becas, ayudas, subvenciones o de los subsidios de desempleo.

Desde su creación en 2004 el IPREM evolucionó al ritmo marcado por los objetivos de inflación del Banco Central Europeo (2%), hasta el año 2010 en que sólo se incrementó en un 1%. A partir de que Rajoy llega al poder el IPREM fue congelado. Esta ratio se ha utilizado durante años para actualizar muchos de los módulos de los Presupuestos Generales del Estado. Para entender la pérdida de poder adquisitivo del IPREM veamos su evolución desde su creación hasta el año 2016:

Fuente: Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fuente: Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Como podemos comprobar el IPREM lleva congelado desde que Rajoy llega al gobierno y ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo de un 7,2%.

Ante la actitud triunfalista del gobierno al referirse a la «recuperación económica» y a los datos de crecimiento, los sindicatos UGT y CCOO han trasladado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez la exigencia de que el IPREM debe revalorizarse para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según las organizaciones sindicales es inadmisible que este indicador se mantenga congelado y, consecuentemente, se continúe depreciando ya que conlleva una serie de consecuencias negativas en el sistema de protección social. Tanto UGT como CCOO exigen al gobierno que en 2017 el IPREM se revalorice un 7,2%, el mismo porcentaje que ha perdido desde el año 2004.

Esta revalorización exigida por los sindicatos se justifica en el propio Real Decreto Ley por el que se crea el IPREM, donde se cita la previsión u objetivo de inflación de los Presupuestos Generales de Estado como umbral mínimo para la actualización del IPREM. Según las previsiones macroeconómicas del gobierno se pone como índice deflactor para el año 2017 un 1,4%.

Además, los sindicatos proponen la creación de un mecanismo de actualización permanente del IPREM para que las políticas sociales que dependen de este indicador no se deprecien.

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