Hace unos días el Consejo de Ministros aprobaba la firma del Tratado de libre comercio entre Europa y Canadá (CETA), que contempla la supresión de aranceles en la mayor parte de los productos comerciados entre ambos países. El CETA es el primer capítulo de esta nueva vuelta de tuerca del libre comercio;  el siguiente tratado que se pretende aprobar es el TTIP, entre Europa y Estados Unidos.  Solamente unos días antes, el mismo gobierno había dicho que no podía poner en marcha la ratificación del Acuerdo de París contra el cambio climático por estar “en funciones”. Estos hechos muestran la auténtica cara de este gobierno: un gobierno hipócrita y siempre pendiente de atender las demandas de sus aliados económicos, dejando de lado el interés general.

Hay una explicación para que el gobierno de los recortes y del austericidio apoye el TTIP y el CETA: se trata de un nuevo paso en la expansión del libre comercio por todo el mundo. Un gobierno conservador en materia social, y liberal en lo económico como el español, se sitúa en el estricto cumplimiento de las políticas neoliberales de la Troika, y en el impulso a nuevas medidas que apuntalen la caída de cualquier derecho social, ambiental o laboral. Eso, ni más ni menos son el CETA y el TTIP.

Desde que en enero de 1995 se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), los derechos están en retirada, frente a los intereses comerciales. Mientras los gobiernos pierden cada vez más peso, con presupuestos aligerados por privatizaciones sin freno, las grandes corporaciones van ganando cada vez mayor tamaño y capacidad económica.

La entrada en vigor del TTIP sería el golpe definitivo

Si se firmara el TTIP, se estaría dando vía libre al libre comercio entre los dos mayores bloques económicos del mundo. Europa sigue siendo el mayor mercado, pero a pesar de la presión de los poderes financieros, todavía es una isla de derechos sociales, ambientales y laborales. La entrada en vigor del TTIP sería el golpe definitivo a estos derechos, que se sacrificarían para priorizar el comercio. Hay muchos ejemplos de cómo afectaría el TTIP en nuestro territorio, y por eso se están movilizando decenas de organizaciones para tratar de evitar su firma. Pero hasta el momento los grandes bloques políticos de Europa: conservadores y socialdemócratas comparten, aunque los segundos con matices,  su apoyo a este tratado.

Uno de los aspectos más sensibles a la entrada en vigor del TTIP es el ambiental. Tecnologías como el fracking que hasta ahora se habían evitado, podrían implantarse con vía libre en nuestro país. Los transgénicos, cuya implantación había conseguido impedir la Unión Europea, entrarían sin problemas con el TTIP. La carne tratada con hormonas, hasta ahora prohibida, podría comercializarse, y así sucesivamente.

Uno de los aspectos más polémicos del tratado es la puesta en marcha de tribunales ad hoc para dirimir posibles conflictos entre los estados y las corporaciones. Se trata de una forma de eludir la justicia ordinaria, creando una institución nueva que difícilmente podría repartir justicia, y que decidiría al margen de las instituciones democráticas.

En definitiva, tanto el CETA como el TTIP son una nueva vuelta de tuerca en favor de las grandes corporaciones y en contra de los derechos y de los intereses de la gente.  Por eso hay que pararlos. Hay que evitar que las negociaciones sigan adelante. No podemos permitir que esta agresión a nuestros derechos siga adelante. Por eso decimos con claridad. Ni CETA ni TTIP.

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