Cheap food, high wage –pan barato y salarios altos-. Éstas eran las bondades con las que los entusiastas impulsores del tratado de libre cambio de cereales, y de otras materias primas, entre Inglaterra y Francia intentaban ganarse la aprobación de los trabajadores allá por 1848. Hoy en día, casi 170 años después, el número de tratados de libre comercio que rigen actualmente la gran mayoría del comercio internacional sigue aumentando año tras año. ALCA, TTP, NAFTA,…etc, no son más que algunos de los ejemplos más representativos por su peso en la economía global, aunque sin duda los más sonados últimamente han sido el TTIP y el CETA, acuerdos de libre comercio que la Unión Europea ha negociado durante la última década con los Estados Unidos de América y con Canadá, respectivamente. Según los propios datos de Organización Mundial del Comercio (OMC), y que se reconoce con la “primacía para el establecimiento de las normas comerciales y la gobernanza del comercio a nivel global”, actualmente existen 302 acuerdos vigentes y otros 39 están siendo negociados. Y las bondades con las que se nos presentan estos acuerdos tales como el crecimiento del PIB, el aumento de empleos, el aumento de salarios,… en definitiva el desarrollo, difieren muy poco de aquellas proclamas asociadas a las mencionadas en el ejemplo del libre cambio de cereales de 1848.

Así descritos y denominándose tratados libres -quién va a estar en contra de la libertad- pocos pueden ser aquellos que, a primera vista, duden de los beneficios que puedan generar a la sociedad en general. Sin embargo, una enérgica contestación por parte de las clases populares a cada una de las negociaciones de estos acuerdos parece estar intrínsecamente asociada. Agricultores, ganaderos, sindicalistas, ecologistas, jueces,…consideran estos tratados como ataques a la democracia.

Estos tratados de libre comercio que se acuerdan de forma bilateral o regional, cada vez más comunes, tienen como objetivo principal regular las relaciones comerciales entre los estados firmantes con el fin de aumentar el flujo comercial y obtener así un mayor nivel de desarrollo económico. Para ello, se establecen normas que deben garantizar y fomentar la circulación de bienes mediante el establecimiento de zonas de libre mercado, de servicios y/o inversiones de forma ilimitada. Los tratados suscritos por cualquiera de los 164 estados miembro de la OMC deben atenerse a unas determinadas reglas marcadas por la propia OMC para, paradójicamente, evitar descontroles.

La OMC, que nació de manera dudosamente democrática para fijar las políticas económicas del neoliberalismo, se reúne en una nueva ronda de negociaciones del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires (Argentina). En esta ocasión, además de afianzar las medidas citadas anteriormente, se tratarán nuevas medidas como los derechos de propiedad intelectual, las patentes o el comercio electrónico. En este último caso, las conversaciones están dirigidas a impedir que los Estados puedan regular el comercio electrónico o incorporar nuevos impuestos a la transacción de datos. Este ejemplo deja a relucir cuál es el quid de la cuestión; en cada una de las rondas de negociaciones de la OMC, lo que queda de la llamada soberanía popular, sufre un severo revés al ceder soberanía a una organización internacional que se escapa del control democrático.

La experiencia deja al descubierto que las consecuencias de estos tratados no son siempre aquellas con las que se publicitan, sino muy contrarias. Sabiendo que los tratados de libre comercio y las reuniones de la OMC están impulsados por una élite financiera y empresarial cuyo único objetivo es la acumulación de beneficios y aumento de ganancia -porque para eso les pagan- quién puede pensar que estos acuerdos realmente se establecen con la idea de mejorar las condiciones de las clases populares. La contradicción es clara: el control y la acumulación del capital por parte de una minoría choca frontalmente con las necesidades reales y el bienestar de una mayoría, porque cuando una aumenta la otra disminuye, y viceversa. ¿Por qué entonces esa elite minoritaria que tiene su modo de actuar para controlar el comercio global a través de la OMC iba a llegar a acuerdos que van en contra de sus propios intereses?

La empresa resulta difícil, y más cuando desde la OMC elevan sus medidas económicas a la categoría de las leyes naturales (como la ley de la gravedad o las leyes de la termodinámica) e imposibles de ser cuestionadas, pero existen alternativas a los tratados de libre comercio. Alternativas más plausibles que, sin negar el desarrollo y el comercio, acometen los acuerdos sobre una base de solidaridad entre los pueblos, el respeto por el medio ambiente y que en definitiva repercuta de facto de manera positiva sobre la mayoría social. Unos tratados comerciales en los que la mayoría social sea protagonista para velar por sus intereses.

Los recortes en sanidad, educación o investigación que han asolado a toda Europa y la regresión de los derechos conquistados históricamente no han caído del cielo. Son la consecuencia de estas políticas de liberalización que se implementan en los acuerdos. Parece lógico por lo tanto revertir la tendencia de las últimas tres décadas de liberalización de la economía. Requiere esfuerzo y compromiso continuo, de ir tejiendo poco a poco una red alternativa y solidaria, con propuestas a nivel local y también global fuera de la lógica capitalista, para construir esas sociedades más justas que soñamos.

 

 

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