Después de conocerse que el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y diputado en el Congreso, Pablo Casado, también tiene supuestamente guardado en su casa el título que lo acredita como máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo que presuntamente cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, todas las miradas vuelven a apuntar hacia la misma persona: el director del Instituto de Derecho Público (IDP), el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, un hombre de trato afable que se mueve a derecha e izquierda con la misma soltura, aseguran quienes lo tratan en el día a día universitario.

El propio Casado ha apuntado directamente hacia Álvarez Conde en la rueda de prensa que ha dado para explicar cómo la universidad le convalidó el 80% de las asignaturas del máster y que fue directamente una decisión de su tutor, el citado director del IDP. “Hice lo que se me pidió. No me pareció extraño. Si ha habido algo que no estaba bien, lo desconozco”, ha subrayado Casado mientras admitía que no sabía si el resto de alumnos del máster recibía idéntico trato por parte de la universidad.

Esta comparecencia del dirigente popular se producía poco después de la primera dimisión del escándalo por el presunto máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha sido precisamente de la directamente afectada en el caso sino de la subdirectora del citado Instituto de Derecho Público de la URJC desde el pasado diciembre, Laura Nuño, dirigente de Izquierda Unida, después de comprobar que no sólo no le ha dado clases jamás a Cifuentes sino que tampoco las ha impartido en el máster en cuestión y ni mucho menos es suya original la firma con su nombre que aparece en el boletín de notas del máster exhibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Ha sido falsificada”, ha explicado Nuño a El Mundo después de presentar su dimisión.

Esta dimisión no sólo deja en una delicada situación política a la propia Cristina Cifuentes sino también a nivel institucional universitario al director del Instituto de Derecho Público de la URJC, que pese a caminar de la mano del Partido Popular en los años previos a su fichaje por la URJC logró que esta universidad dotara de autonomía al ente que aún dirige a día de hoy, el Instituto de Derecho Público, el mismo que otorgó sendos másteres con pocos años de diferencia entre ellos a dos de los cargos más relevantes de la cúpula del PP, Cristina Cifuentes y Pablo Casado.

La versatilidad política de Álvarez Conde tuvo un primer momento cumbre en 1996, cuando el mismísimo Mariano Rajoy, entonces ministro de Administraciones Públicas con el primer gobierno de Aznar, lo nombró director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), cargo que mantuvo hasta 1999, cuando entró en nómina de la ahora en entredicho URJC.

Álvarez Conde, tutor de los supuestos másteres de los dos altos cargos políticos del PP totalmente en entredicho a tenor de las pruebas hechas públicas desde que estallara el escándalo a finales de marzo, es consciente de que el instituto que logró implantar en la URJC le sirvió no sólo para dotar al organismo de una independencia funcionarial a prueba de escándalos hasta ahora, sino también para ser receptor de numerosas subvenciones, sobre todo públicas, para implantar sus proyectos universitarios.

Pablo Casado admite que hizo lo que le pidió su tutor, que le convalidó el 80% de las asignaturas

Tal es la soltura y distanciamiento del escándalo con que se desenvuelve Álvarez Conde a todos los niveles que en una entrevista radiofónica en Onda Cero del pasado viernes le decía sin dudarlo un instante al periodista Carlos Alsina sobre el presunto máster de Cifuentes: “Yo he visto el trabajo y lo he corregido. Son unas 50 o 60 páginas”.

Pero si el caso Cifuentes lo ha situado en una posición más que incómoda pese a que ha sabido sortear el primer plano del escándalo, el máster que dirigió a Pablo Casado lo pone sin duda alguna en el centro de la diana del caso, a él y al IDP que dirige desde que lo fundara personalmente en diciembre de 2001, un instituto dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que preside la que supuestamente fue su alumna Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en Madrid.

Precisamente mañana miércoles estaban previstas las elecciones para renovar la dirección del Instituto de Derecho Público de la URJC. El único candidato presentado para dirigirla es Enrique Álvarez Conde.

En su currículo oficial, Álvarez Conde recuerda que es catedrático de Derecho Constitucional desde el año 1987, puesto que desempeña en la URJC desde 1999. Tiene seis sexenios de investigación (los máximos permitidos legalmente) y seis quinquenios de docencia.

Ha dirigido 12 tesis doctorales, ha sido director general del Instituto Nacional de Administración Publica (INAP) y letrado del Consejo General del Poder Judicial. Es director de dos revistas científicas (Revista Europea de Derechos Fundamentales y Revista General de Derecho Público Comparado) y miembro del consejo de dirección de todas las revistas propias de su especialidad.  Es autor de una docena de libros y más de un centenar de artículos publicados en revistas científicas indexadas.

Álvarez Conde ocupó el puesto de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares y el de profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas: Bolonia, Siena, Génova, Burdeos, Queen Mary College,  Dallas y San Marcos entre otras. En la actualidad, además de su actividad docente en la Universidad Rey Juan Carlos, se mantiene como director del Instituto de Derecho Público de esta universidad.

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