No hay nada más peligroso que un policía descontrolado. Mientras paga por sus excesos en la cárcel de Estremera, el siniestro comisario Villarejo ve cómo sus dosieres comprometedores estallan por todo Madrid como bombas de papel. El comisario no solo se ha convertido en un peligro para el Estado, sino para todo aquel personaje público que en el pasado cometió la fatal imprudencia de quedar con él para comer, para dar un paseo por el Retiro o tomar un café.

Por lo que se va sabiendo, el presunto comisario iba a todas partes con su voraz grabadora en el bolsillo y no precisamente para captar psicofonías y llevárselas a Íker Jiménez, sino para hacer negocio con ellas revelando las intimidades de la gente. Nadie que haya estado cinco minutos charlando con Villarejo de cualquier tema, ya sea político, juez o periodista, puede considerarse a salvo del chantaje. Medio país tiembla con los informes secretos del madero que al parecer traficaba con las vidas de los demás, mayormente de los miembros de la biuti, que aunque antipáticos también tienen sus derechos constitucionales, como todo hijo de vecino.

Cualquiera que algún día se tropezara por la calle con Villarejo y se detuviera un minuto con él para darle los buenos días, charlar del partido del domingo o del tiempo, tiene motivos para estar preocupado. Incluso para tener miedo. Que se lo pregunten si no a la ministra Dolores Delgado, la última víctima de los audios letales de la factoría Villarejo.

La conversación privada que le han aireado a la entonces fiscal Delgado, en la que también estaba el juez Garzón, íntimo amigo de la ministra, solo puede ser calificada de vil chantaje que debe investigado hasta sus últimas consecuencias. Y todo porque a los postres la mujer se relajó y soltó unos desafortunados e improcedentes comentarios sobre la condición femenina a la que ella misma pertenece y sobre la orientación sexual de su compañero de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Por supuesto, a los lobos de la derecha les faltó tiempo para afilarse los colmillos y lanzarse a degüello sobre la ministra pidiéndole dimisiones, peticiones de perdón y hasta reprobaciones en el Congreso. Después del asunto del máster de Carmen Montón, después de la operación fallida de acoso y derribo contra Pedro Sánchez a cuenta de un supuesto plagio que nadie ha podido demostrar en los tribunales, la nueva temporada de caza se ha abierto contra Delgado, alguien cuyo mayor delito fue hacer algo que todo ser humano ha hecho alguna vez: soltar alguna inconveniencia a los postres, contar algún chiste malo entre café y copa, deslizar algún comentario fuera de tono en una conversación privada y distendida entre amigos.

Últimamente el listón de la moralidad se ha puesto muy alto en España, curiosamente por aquellos que más vergüenzas tienen que esconder, y ya no se puede decir nada políticamente incorrecto en “petit comité” sin que a uno le abran una comisión de investigación, le monten un juicio mediático o le abran una caza de brujas.

Pero más allá de la hipocresía social en la que nos hemos instalado, más allá de la locura que supone pedir la dimisión de una ministra por un comentario entre amigos mientras otros siguen gobernando después de haber arruinado un país sin que nadie les pida explicaciones por ello, no debemos perder de vista el origen de la polémica, que no es otro que el revanchismo, la ira y la vendetta de un comisario que en lugar de empeñar su vida en atrapar a los malos, tal como juró el día que salió de la Academia de Policía, se dedicó a montar una especie de despacho de paparazzi policiales, de espías de medio pelo y cotillas especializados en pillar en renuncios a la gente, chantajearla y sacarse unos cuartos.

La catadura moral del personaje, su trayectoria repleta de escuchas furtivas y su supuesta fortuna amasada con un negocio asqueroso, deberían ser suficientes credenciales para que cualquier medio de comunicación rechazara de plano la información que sale del Amo del Calabozo. Y sin embargo, sus dosieres secretos, sus audios supuestamente obtenidos pisoteando los derechos humanos más elementales, sus espionajes baratos y caros seguimientos, son objeto de titulares a cinco columnas, casi a diario, en todos los periódicos del país, tanto convencionales como digitales.

La prensa, la degradada prensa de hoy que ha terminado reduciendo una noble y digna profesión como el periodismo a la categoría de sucio espectáculo, da crédito a cualquier filtración que lleve impreso el sello Villarejo, como si la información que maneja un presunto corrupto (no se nos olvide poner lo de presunto) fuese poco menos que un dogma de fe que va a misa. Y así, mientras un día el escándalo es una escucha a una amiga entrañable del rey emérito, al siguiente se filtran datos reservados sobre la Operación Catalunya, sobre el Pequeño Nicolás, sobre el seguimiento a jueces y políticos o sobre el ático de Ignacio González.

Ciertos reporteros que se jactan de hacer buen periodismo de investigación cuando en realidad se han convertido en recaderos e intermediarios de la mafia policial presumen de poseer en exclusiva alguna de esas grabaciones que van pasando de mano en mano y que han sido obtenidas por esta especie de Harry El Sucio castizo que no ha dudado en pasarse el Código Penal por el forro de su pistolera en función de su único interés: hacer dinero fácil (de él se dice que llegó a manejar 46 empresas con un capital social de 16 millones de euros). Un tipo como ese que pretende poner el Estado a sus pies para negociar después una rebaja de la pena por sus causas abiertas, no debería ser el centro de atención de ese nuevo periodismo español que se ha degradado tanto (ética y profesionalmente) que apenas puede distinguirse ya de los mafiosos a los que dice denunciar.

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