¡Todos a la cárcel!

Berlanga recreaba un país de corruptelas en su película “Todos a la cárcel” narrando cómo en la prisión de Valencia con motivo del Día Internacional del Preso de Conciencia, gentes de la política, la cultura y la farándula, asistían al acto para hacer algún que otro negocio en beneficio propio. Canovas del Castillo llamaba a la Restauración de la que él fue el máximo artífice “presidio suelto.” Expresiones de una sociedad desvanecida moralmente y abandonada al arbitrio de los oscuros intereses de unos pocos. La corrupción generalizada que padece hoy España es el resultado de un modelo estructural en quiebra que fía su equilibrio a la transmutación de los valores en prejuicios para poder prescindir de ellos. Sin embargo, las ideologías, los principios, es decir, la política como pulsión cívica volcada al bien común, que diría Azaña, no tiene alternativas decentes. Es el motivo por el cual los intersticios de la vida pública supuran las excrecencias de una suplantación de la centralidad democrática a favor de los intereses opacos de las minorías influyentes y su voracidad extractiva. La política, o su ausencia, se ha convertido en una excusa sin dignidad que sirve a un régimen de poder que ha tomado como rehenes a las mayorías sociales, una política estatutaria, fiel guardiana del status quo, creyente de que la continuidad, simplemente por serlo, es una práctica virtuosa, que todo lo que dura está justificado hasta cierto punto.

Abolidos los principios y la ética de los intereses generales por el pragmatismo y la tecnocracia que se compadece con el Ibex 35 y marca la deriva política, el poder sigue apostando por la servidumbre voluntaria, el miedo, el clientelismo y la costumbre. Un poder político, constreñido por el poder económico, que se singulariza en una oligarquía ampliada que tiene en el medro personal un estímulo para que el usufructo del poder no transgreda los resortes fácticos que el pacto de la Transición blindó como un decálogo recién bajado del Sinaí. Se trataba de que las ideas ya no fueran entendidas como principios que estuviesen presentes en la realidad asegurando la armonía y la coherencia del todo, configurando una racionalidad amplia y sistemática. Ello, en su misma génesis, ha ido produciendo una crisis de la razón política fundamentada en la crisis de los partidos políticos, que con alguna excepción han dejado de ser ideológicos para convertirse en entes de gestión.

Pero el atrezzo sistémico se ha desvencijado por la grosera dualidad del régimen y el déficit democrático que supone el desequilibrio social, el egocentrismo distante de la vida pública y la obscena promiscuidad de la política con los negocios. La ciudadanía exhibe su malestar y descontento y muestra una justificada desconfianza cuando observa como empresarios, representantes de los partidos y sindicalistas se enriquecen opacamente en un país con millones de parados y casi diez millones de personas que viven en la pobreza, incluyendo mucha población trabajadora, porque el salario es tan bajo que no les permite vivir dignamente.

El régimen ha llegado a un ápice de decadencia en la que le es imposible organizar su propio caos, incapaz de resolver los problemas estructurales que crea, atado a la recidiva impertinente que le postra. La degradación del acto político como esencia de los cimientos del sistema produce lo que nos enseñaba Aristóteles cuando concluía que las fuerzas –pero no los principios- que concurren para promover y conservar la vida son los mismos que pueden destruirla. El mantenimiento del régimen de poder, poder de las minorías dominantes, y la exigencia de una despotilización de la vida pública han terminado en la deriva imposible de que el régimen tenga que estar huyendo permanentemente del tiempo, de las responsabilidades y de la historia.