A la activista hondureña Berta Cáceres la asesinaron en su casa disparándole tres tiros en el abdomen. Cuatro meses después, Lesbia Yaneth Urquía era asesinada tras recibir varios machetazos en la cabeza. Ambas eran militantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización creada en 1993 y que colabora con otras organizaciones similares en Honduras y el resto de Latinoamérica.

CONPINH responsabilizó «al Gobierno de Honduras, a las fuerzas militares, policiales y a todas las instituciones gubernamentales» del asesinato de Urquía. De hecho, un ex-viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, fue detenido el pasado octubre acusado de estar detrás del asesinato de Berta Cáceres. Numerosas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, ha exigido una investigación independiente al estar plagado todo el proceso de numerosas irregularidades, incluido el robo del expediente judicial.

 

Trampa mortal para activistas

La situación en Honduras es tal que la Directora de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara-Rosas, denunció en un artículo que “Honduras sigue siendo una trampa mortal para activistas medioambientales (…) meses después del asesinato de Berta Cáceres”. Guevara-Rosas recuerda además que “según un estudio reciente de Global Witness, Honduras y la vecina Guatemala tienen las dos tasas más elevadas de asesinatos de activistas medioambientales per cápita”.

En 2015 fueron asesinados 122 defensores de los derechos humanos que trabajaban en asuntos relacionados con las tierras, el territorio o el medio, y según Guevara-Rosas “los crímenes contra activistas rara vez se investigan debidamente, lo que perpetúa la violencia. Las autoridades suelen culpar de las terribles injusticias a la debilidad de las instituciones del país, pero ignoran muy oportunamente el hecho de que es la absoluta falta de voluntad política para proteger y apoyar a estos activistas lo que suele ponerlos en peligro mortal”.

 

Más de dos asesinatos por semana

Uno de los aspectos más dramáticos del asesinato de Berta Cáceres es que ella misma participó en el informe ¿Cuántos más?. En este informe se reflejaba una situación escandalosa: “los asesinatos alcanzaron una media de más de dos por semana. Prácticamente tres cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica, mientras que el sureste asiático fue la segunda región más afectada. Honduras es el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014”.

los asesinatos alcanzaron una media de más de dos por semana

En el informe la misma Berta Cáceres alertaba denunciaba “Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos” Cuándo Cáceres realizaba estas declaraciones tres compañeros suyos habían sido asesinados por oponer resistencia a la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, en el río Gualcarque. La relación de instituciones y la compañía Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) con todos estos asesinatos debe aclararse cuanto antes.

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