Un golpe de Estado es la toma del poder, de un modo repentino y de forma violenta, por parte de un grupo de poder, que vulnera la legitimidad establecida en un Estado. Siempre pensamos en la toma violenta del poder político, sin embargo, hay otras formas de ejecutar un golpe de Estado y en España hemos sido testigos de uno de ellos en los últimos días.

Nuestro país es uno de los que más experiencia tiene en Europa a la hora de ejecutar golpes de Estado. A lo largo de nuestra historia se han realizado pronunciamientos, rebeliones, guerras civiles para la toma del poder. En el último siglo los hemos visto de todos los colores. El levantamiento militar que provocó la Guerra Civil y que fue el germen de la dictadura de Francisco Franco es el último que tuvo éxito desde un punto de vista político, ya que se logró derrocar al gobierno legítimo de la II República para implantar un régimen autoritario y violento que se mantuvo durante casi 40 años.

Tras la transición de la dictadura a la democracia, en España se han producido diferentes intentos de golpe de Estado en el que han estado implicados los distintos poderes. Aunque los libros de Historia no lo dicen, algunos han tenido éxito. Todos pensamos en el 23 de febrero de 1981 cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. «¡Todo el mundo al suelo!». El golpe fracasó y al día siguiente Tejero se entregó. Diferentes historiadores y estudiosos han defendido la implicación no sólo de una parte de la clase política, PSOE de Felipe González incluido, sino de la propia figura de Juan Carlos de Borbón. Un golpe de Estado promovido o apoyado por el propio Jefe del Estado contra la propia soberanía popular sobre la que se asienta cualquier democracia que se precie de tal nombre. Todo estaba planteado para que, a través del general Armada, se creara un gobierno de concentración nacional que se hiciera cargo del país hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones. Se justificaba este movimiento en el desmoronamiento de UCD y en la caída de Adolfo Suárez.

 

Sin embargo, la propia presunta implicación de la Corona ya es un motivo de alarma. El Jefe del Estado atacando la soberanía de sus propios ciudadanos. En cambio, Juan Carlos de Borbón salió del 23F como el héroe, como el hombre que se puso al frente de la situación y sacó a los tanques de la calle. La duda de la implicación de Juan Carlos de Borbón en el intento de golpe de Estado está ahí. El libro del historiador Jesús Palacios, 23F: el golpe del CESID, es, quizá, el mejor estudio que se ha hecho sobre el tema. Las confidencias de la Casa Real con Armada apenas unos días antes, la negativa de aquélla a que Armada expusiera en el juicio el contenido de la conversación mantenida con Sabino Fernández Campo el día 13 de febrero, los testimonios off the record del propio Adolfo Suárez, dejan claro que cuando el río suena, agua lleva.

España, no obstante, desde el año 1975 ha sufrido más intentos de golpe de Estado en el que han estado implicados de manera directa o indirecta los poderes Ejecutivo, Legislativo o el cuarto poder como cómplice necesario. Se trata de golpes no políticos, de golpes que no se han tratado como tal en la prensa o en los tratados históricos. En cambio, sí que se trata de casos de coup d’État porque son verdaderos atentados a la soberanía nacional. En algunos casos se entra en el terreno pantanoso de las teorías conspirativas, como ocurre con el atentado del 11 de marzo de 2004, en el que se acusa a los servicios de inteligencia de haber intervenido para provocar un cambio de gobierno.

Otro modo de realizar un golpe de Estado que se puede interpretar como que se ha llevado a cabo en este país es presentarse a las elecciones con un programa electoral que, de antemano, se sabe que no se va a cumplir. El Partido Popular ganó las elecciones del 2011 legítimamente, con toda la legitimidad que da el sufragio de los españoles. Sin embargo, los hechos posteriores y su acción de gobierno haciendo lo contrario a lo que prometieron fue un modo de golpe de Estado encubierto bajo la legitimidad. No fueron afectados los mecanismos ni los organismos democráticos. No se asaltó el poder, pero permitió que las entidades supranacionales gobernaran la economía española lo que, en consecuencia, trajo consigo que millones de españoles, millones de personas que tienen la soberanía nacional, se vieran afectadas por medidas injustas y crueles que no se encontraban en el programa electoral del Partido Popular. Por tanto, el incumplimiento de lo prometido atentó directamente a la soberanía reconocida por la Constitución.

Los atentados contra la soberanía popular vienen desde los poderes económicos con la permisividad obscena de las autoridades europeas y de los poderes Ejecutivo y Legislativo españoles. La reforma del artículo 135 de la Constitución es un claro ejemplo de golpe de Estado. Hacer una cesión de soberanía que iba en contra de los intereses de los ciudadanos que ya estaban siendo víctimas de la crisis económica fue un verdadero coup d’État porque las consecuencias de esa decisión han dejado mucha hambre, muchos desahucios, muchos atentados contra los derechos civiles y humanos. Evidentemente, en el articulado no se hace una mención directa a la violación de derechos, pero las intervenciones a la soberanía popular por parte de entidades supranacionales que se han permitido a partir de esa reforma constitucional han suplantado la voluntad de los ciudadanos, algo que en una democracia es inconcebible, por mucho que nos encontremos dentro de la Unión Europea, de la OCDE, del FMI o del Banco Mundial. Dejar el artículo 135 en manos de personas e instituciones no elegidas democráticamente, con las consecuencias nefastas que ha traído, ha sido una ocupación de lo decidido por la ciudadanía española, un asalto de nuestra soberanía. Y todo ello permitido con la permisividad de los tres poderes y jaleado por cierta parte de la prensa, del cuarto poder.

El último caso sangrante de golpe de Estado es el que se ha dado en referencia a lo ocurrido en el Banco Popular. No se ha tratado de una estafa, como el caso de Forum Filatélico o Gescartera. La operación de acoso y derribo al Banco Popular ha sido un claro ejemplo de cómo los poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, se han puesto al servicio de intereses privados, de intereses particulares y de intereses políticos de miembros del propio Gobierno.

La operación que ha finalizado con la venta al Santander por un euro de la sexta entidad financiera del país no habría sido posible sin la complicidad culpable de los poderes del Estado. Esta implicación, en sí misma, ya es un golpe de Estado porque se ha permitido que los intereses de unos pocos hayan terminado con la ruina de casi medio millón de españoles. Porque no hablamos de quienes ahora se rasgan las vestiduras pero que ya ganaron más de un 75% de su inversión en el año 2012 y la rentabilizaron. Hay inversores del Popular que en la ampliación de capital del año 12 tuvieron unos beneficios enormes que hicieron efectivo dejando sólo una parte de lo invertido. Pongamos un ejemplo: alguien que invirtiera 10 millones de euros en el 12, ganó 25, capitalizó el beneficio y mantuvo la inversión. Eso es lo que ha perdido. No han perdido 10 millones, sino que han ganado 15. Lo mismo ocurre con aquellos que han sido los inductores y los máximos responsables que, digámoslo claro, se lo han llevado crudo. En algunos casos, los beneficios por operar en corto para bajar el precio de la acción han llegado a superar los 10.000 millones de euros.

Hablamos de los jubilados, de los trabajadores, de quienes tenían unos pocos ahorros invertidos, no para especular, sino para tener seguro una parte de su patrimonio económico. Hablamos de los empleados cuyos puestos de trabajo se encuentran en grave peligro porque la persona que se va a encargar de la reestructuración, Javier García-Carranza Benjumea, es un killer de Morgan Stanley y no dudará en despedir al 100% de la plantilla si con ello logra rentabilizar la operación del Santander.

Un desfalco del calibre sólo ha podido ser llevado a cabo con la complicidad y la complacencia de los poderes Ejecutivo, por un lado, y Legislativo, por la incomparecencia de los partidos de la oposición ante lo que estaba ocurriendo.

Del Ejecutivo dependen los órganos reguladores y supervisores, los que tienen la obligación de controlar que los movimientos en las entidades financieras no afecten ni a clientes ni a trabajadores ni a accionistas. Tanto la CNMV como el Banco de España han mirado hacia otro lado mientras se estaba gestando una operación que, en primer lugar, se cargó a un Consejo de Administración porque se oponía a que el banco fuera malvendido para cubrir los intereses bastardos de políticos que querían hacer méritos ante las autoridades europeas. En segundo lugar, se contrató a Emilio Saracho cuyo único objetivo era traicionar a los accionistas y malvender el banco para que quienes habían organizado la operación bajista. No se entiende que el presidente de un banco no comprara ni una sola acción. ¿Cómo es posible esto? Porque sabía que finalmente perdería toda su inversión. En tercer lugar, después de que el éxito de la operación bajista fuera tan espectacular que se les fue de las manos al llevar la venta en vez de a un precio por acción a un euro y a la intervención del banco. Según se ha dicho desde las autoridades europeas y españolas, hubo una subasta. ¿Dónde está la documentación que certifique que no se entregó directamente la entidad al Santander? ¿Quién supervisó la subasta? ¿Quién levantó acta de la misma? ¿Dónde está esa acta? En ningún sitio porque si la venta del Popular al Santander por un euro, y la consiguiente ruina de pequeños accionistas, clientes y empleados, hubiera sido transparente esos documentos se hubieran hecho públicos. Tal vez la opacidad de la operación de venta tenga que ver con que las autoridades europeas le deben favores a la entidad presidida por Ana Patricia Botín por su expansión en Reino Unido y su intención de mantenerse en el negocio bancario británico a pesar del Brexit. Otro aspecto que da a entender que los favores se pagan, sobre todo en ciertos niveles, es la garantía aportada por el Banco Central Europeo de la ampliación de capital necesaria para poder hacerse con el control del Popular.

En otro orden de cosas, en Diario16 nos preguntábamos hace unos días sobre quién era el máximo beneficiario, quién estaba ganando mucho dinero con la operación bajista. Según fuentes solventes consultadas por este diario, una de esas personas o grupo de personas que han ganado miles de millones de euros con su estrategia de movimientos a corto plazo para rebajar el valor del Popular en Bolsa habría depositado más de 600 millones de euros a nombre de los empresarios y accionistas mexicanos y españoles determinantes en la operación, junto con el ministro Luis de Guindos en representación del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha culminado con el golpe de Estado del Popular a través de una tercera entidad financiera –representante directa de la oligarquía contra el pueblo– con la connivencia forzosa de la Unión Europea. Ahora es el turno del Gobierno de España y de los resortes de los poderes del Estado los que deben investigar sin dilación quién ha cobrado esta desorbitante cantidad de dinero, quién la ha abonado y dónde está depositada.

Por otro lado, el golpe de Estado y la implicación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la hemos visto refrendada por las propias declaraciones del ministro Luis de Guindos en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Después de haber sido uno de los que propuso la llegada de Saracho para liquidar al Popular, De Guindos le dejó en su comparecencia a los pies de los caballos: «El 10 de abril, el nuevo presidente de Popular anuncia ante la Junta General de Accionistas la necesidad de reforzar el capital de la entidad, lo que podía pasar por una ampliación de capital o una operación corporativa. Sin embargo, no detalla un plan de actuación concreto, y las acciones caen otro 17% en apenas cuatro días». Además de reconocer que el banco tenía liquidez, reconoció que Popular pidió un ELA dos días antes y que, para proteger a los depositantes, se tomó una decisión que, según el ministro, no va a costar un euro a los contribuyentes. Sin embargo, no es así, puesto que muchas de las demandas que se van a presentar serán contra el Banco de España y la CNMV por su complicidad silenciosa en la operación. El propio Santander, al disponer de los beneficios del Popular, también será objetivo de las demandas de las personas desfalcadas, por tanto, también afectará a sus propios accionistas.

Una operación así no podría tener éxito sin la complicidad culpable de una parte del cuarto poder, esa parte que ha llevado la corrupción mediática a límites insospechados. Varios medios de comunicación se convirtieron en el brazo armado de la operación bajista promulgando bulos y rumores que debilitaban al banco y potenciaban la fortaleza de quienes estaban atacando a la soberanía y la libertad de casi medio millón de españoles.

Los tres poderes, tal y como ha denunciado Irene Montero en su intervención en la moción de censura, tienen la obligación de investigar en profundidad a todos los medios de comunicación y a limpiar el cuarto poder, el poder de la comunicación, de personas que vienen con su connivencia y procedimientos espurios que sólo podrían justificar el elitismo, los privilegios y los derroches de sus compañías editoras, permitiéndose grandes pérdidas y algunos que otros profesionales que lo permiten desde su cómplice silencio. La intervención en el cuarto poder de los corruptores privados está debilitando la democracia española a través de comprar o de lavar dinero la voz de los medios de comunicación, la voz independiente que es la garantía del pueblo de que se está controlando al poder. Comprar el silencio o la complicidad del cuarto poder es el peor modo de corrupción porque se le está hurtando a los ciudadanos la garantía de que ahí hay vigilantes, controladores, supervisores que denuncien los abusos de poder. Por esta razón el golpe de Estado perpetrado en el caso del Banco Popular es un ejemplo de que los medios que se han dejado corromper por quienes fueron los inductores o diseñadores de operación bajista es el mejor ejemplo del desamparo que genera la corrupción del cuarto poder que entrega la libertad y la democracia a quienes estén dispuestos a pagar el precio bastardo que ciertas empresas editoras quieran poner a su dignidad.

Por otro lado, el poder Legislativo también ha mirado para otro lado, al igual que ocurrió en el 23F. ¿Por qué no intervinieron los partidos de la oposición, sobre todo PSOE y Unidos Podemos, antes? Ni PP ni Ciudadanos, por razones obvias, no iban a intervenir ni a denunciar lo que estaba ocurriendo. El PSOE pidió la comparecencia del ministro de Economía en la Comisión del Congreso cuando el golpe ya era una realidad, una petición que podría tratarse como oportunista. Mientras se estaba ejecutando el golpe, los socialistas estaban más pendientes de sus procesos internos que de controlar al Ejecutivo. Podemos, por su parte, aunque no ha interpuesto ninguna acción para frenar el golpe, se hallaban preparando su moción de censura que es un modo de reprobar al Ejecutivo por, precisamente, su falta de respeto a los valores democráticos, a la libertad y del control parlamentario. No se trataba de una operación secreta de la que nos enteráramos tras haberse perpetrado el desfalco. Este medio ha estado informando de lo que estaba ocurriendo con el Popular desde hace más de cuatro meses.

Nuestro país se ha caracterizado por no respetar la separación de poderes. Ahora ha llegado el momento de que el Judicial sea quien defienda a los ciudadanos. Ha llegado el momento de que sean los juzgados los que muestran al pueblo su independencia, esa independencia tan vilipendiada por los movimientos de quienes utilizan al tercer poder para sus intereses políticos o por la incorporación a los cuadros de mando a personas con afinidad ideológica. Ahora nos encontramos en un momento en que los accionistas, los empleados y los clientes del Popular no representan a ninguna tendencia política porque los hay muy ricos, pero también los hay pobres que han perdido los ahorros que tenían invertidos en una entidad en la que confiaban. El poder judicial tiene, tras este golpe de Estado, una de las responsabilidades más grandes desde el año 1975: reestablecer la democracia porque ésta ha quedado tan dañada que casi ha perdido su razón de ser. No obstante, en la situación actual en que los principales puestos de la judicatura y de la Fiscalía están ocupados por personas afines al poder político y controlados por el Ejecutivo, tienen que ser los jueces y los fiscales independientes los que garanticen a los ciudadanos que están ahí para defender a la democracia de los abusos de los poderes cómplices.

El caso del Banco Popular es un claro ejemplo de un golpe de Estado perpetrado desde los poderes económicos con la connivencia y la complicidad culpable del gobierno del PP, entidades supranacionales y élites financieras. Ahora es el momento de que la democracia demuestre que es justa y eso sólo se podrá lograr con justicia. Ha llegado el momento de que la justicia honesta aplique y demuestre su poder independiente y sea capaz de recuperar la democracia porque este golpe de Estado ha quebrado la democracia en esta segunda transición.

Muchas preguntas en el aire se responden prácticamente solas con solo enunciarlas. ¿Cómo se puede disolver una sociedad sin que sus accionistas lo decidan en una Junta General? ¿existe como sociedad actualmente Banco Popular? ¿conserva la ficha bancaria? Si no existe como sociedad, ¿a quién pertenecen sus bienes, mobiliarios, inmobiliarios, financieros, etc.? ¿Qué es exactamente lo que ha transferido al Santander, y en base a qué legalidad? ¿Se han respetado las leyes que regulan las sociedades de capital? Si ha sido un organismo exterior el que ha decidido el fin del Popular y su “traspaso” al Santander, ¿por qué no han intervenido los organismos españoles, Banco de España, CNMV y Gobierno? Y si han intervenido, ¿quién y cómo lo ha hecho?

Lo que está claro tras todo esta cascada de irregularidades es que nos lleva a certificar que estamos ante un tercer golpe de Estado absolutamente novedoso en la sociedad puesto que ha sido perpetrado por un Gobierno exterior (UE), uno nacional (el del PP en España) y la primera empresa oligárquica financiera de este país y de todo el continente europeo, con dos consecuencias básicas: que se ha quedado con el dinero ajeno y ha vuelto a perjudicar, como todo golpe perpetrado contra la democracia y los derechos humanos y constitucionales, a los de siempre: el pueblo, decenas de miles de trabajadores y más de 400.000 pequeños accionistas, ahorradores y pensionistas.

Ante este golpe antidemocrático, el pueblo español está obligado a afrontar una segunda transición, que bien podría ser –aunque no lo sea por el momento– una prueba de ello la histórica tercera moción de censura de la historia de la democracia española, que aunque no prospere aritméticamente, nadie pone ya en duda que ha sido ya un éxito social, con discursos y exposiciones que han calado en la conciencia del pueblo español, al punto de que en la Cámara corrió como la espuma una frase propalada desde la bancada popular que decía: “¡Cómo echo de menos que en este momento no entre el teniente coronel Tejero por esas puertas!”, mientras señalaba la entrada del hemiciclo.

Como subrayaba aquel proverbio de Antonio Machado, hoy es siempre todavía. El pueblo español, ante el atropello de la oligarquía y la participación directa del Gobierno español, no puede rendirse a este golpe de Estado en toda regla.

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6 Comentarios

  1. No nos olvidemos del golpe de estado perpetrado con la creación de “la SAREB” que arruinó a las cajas y enriqueció aún más a ciertos bancos como el Santander

  2. Además se les está yendo de las manos.
    El caso Liberbank es un hecho insignificante frente a las MASIVAS salidas de efectivo de todos los bancos por temor a una debacle producida por la falta de confianza en el mercado.
    No lo dicen pero yo veo a la gente a diario liquidando “lo que pueden”, sean fondos de inversión, acciones y retirando efectivo de TODOS los bancos por “””FALTA DE CONFIANZA””””, ni que decir los que tienen capital en los bancos por más de 100.000 euros que “Se enteran ahora” que si quiebra sólo se les “Garantiza esos 100,000-
    Que además es otra farsa porque el Fondo de Garantía de depósitos fallará igual que fallo el BCE en dotar de liquidez a una entidad “en apuros. La verdad es que dentro de la profunda preocupación que tengo por el sistema financiero y lo que va a pasar me da risa de LAS MENTIRAS QUE CUENTAN, Ni ellos se creen lo que dicen… LO ÚNICO QUE BUSCAN ES ROBAR Y CUANTO MAS MEJOR pero no se dan cuénta que su avaricia les lleva al final de sus días como “JEFES”. De verdad que creo en la Justicia y La BOTIN, La CNMV y el mismo Luis de Guindos irán a la cárcel por chorizos

  3. Por cierto, quién puso a la venta más de 200 Millones de acciones después del cierre de Mercado el día 1 ó dos de Julio ( Fue el día de mayor volumen precisamente después del cierre a las 17:30 ) en 5 minutos “para privilegiados” se negociaron más de 200.000 millones de acciones y lo más asombroso es que apareció “de la nada” contrapartida. A mi me suena muy raro y creo que se debería investigar…pero claro que no sea la CNMV (jejeje,,tramposos) que sea la Guardia Civil y La fiscalía Anticorrupción. ¿A qué esperan para ver las verdaderas relaciones fraudulentas entre Banco de Santander, La CNMV y JP Morgan? Que entren en sus sedes, intervengan sus correos y actuaciones y les investiguen por Asociación de Malhechores. Se han desenmascarado prohibiendo las operaciones “a corto” sobre Liberbank.

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