Foto: Agustín Millán

La evolución positiva, en un régimen de libertad y democracia, es realmente imbatible y principalmente por dos motivos, entre otros muchos. Uno, porque se sustenta en una razón. Y otro porque ofrece elementos que mejoran la vida de las personas, que son finalmente los que deciden que un producto o servicio se establezca y de desarrolle con éxito. Es decir, los consumidores ponderan algo que se les ofrece y deciden en consecuencia a donde va y a donde no va su dinero. No otros, por mucha campaña de marketing, de publicidad o de promoción que se haga. Es decir, no todo por el hecho de ser  nuevo, triunfa. Así se comporta el mercado, a veces de manera sorprendente e inexplicable, a priori, que se rige por dos claves que lo determinan: la libertad de actuación económica y la competencia, con su derivada natural que es el que el ciudadano, como antes se dijo, tenga en su mano la capacidad de elección.

En ocasiones la evolución en un sector, una actividad o un producto determinado actúa con algo que podría ser semejante a la crueldad porque deja víctimas a su paso. Comercios tradicionales, servicios prestados “como se hacía toda la vida”, han perecido tras el paso de otras soluciones y alternativas evolucionada.

Violencia contra la razón

En los sucesos más recientes, primero fueron los estibadores que cerraron con sus protestas algunos puertos españoles, los más importantes, provocando pérdidas muy importantes a operadores y sus clientes, así como una cierta pérdida de confianza de parte de las grandes compañías propietarias de buques portacontenedores que tienen siempre la vista puesta por si acaso en Leixoes, Portugal y TangerMED, Marruecos.

Entre medias algún otro conflicto con actuaciones violentas hasta llegar al de los repartidores de prensa en la Comunidad de Madrid que con la presunta pretensión de dañar a la empresa de distribución para la que trabajan, Boyaca, han causado graves perjuicios a los quiosqueros y las tiendas que venden prensa, es decir la parte más débil de esa cadena económica. Y esto contando con que venden la mitad de ejemplares de diarios que vendía hace diez años.

Y así llegamos a la actualidad en la que el gremio del auto-taxi es el protagonista tras bloquear ciudades como Barcelona o Madrid para protestar con los Vehículos de turismo con conductor más conocido por acrónimo VTC. En los primeros días de la protesta más de un centenar de esos vehículos fueron dañados o parcialmente destruidos y alguno de sus conductores agredido. El año pasado en Sevilla quemaron 29 de esos coches.

El servicio de taxi, objetivamente, no ha cambiado desde que comenzara su actividad a primeros del S. XIX salvo, lógicamente, en lo que atañe a la utilización de vehículos modernos o de tecnologías como App o móvil. Pero el concepto es el mismo: un taxímetro que determina la cantidad a pagar por el cliente. Salvo por ejemplo en el caso de Donostia/San Sebastián en donde los taxistas cobran cantidades fijas por tramos de desplazamiento.

Y en esto que llegan nuevas compañías de transporte urbano de pasajeros, Uber y Cabify (esta última española creada por españoles) y ofrecen una alternativa a ese negocio tradicional.

El cliente conoce el precio del servicio antes de iniciar su viaje, lo solicita a través de una App y lo paga a través de una tarjeta. Y el coche no va repleto de publicidad, más bien de un color negro discreto y con un conductor trajeado y encorbatado. Una agrupación de taxistas de Madrid votó a favor de prestar el servicio uniformado y desde las VTC señalaron, con cierta sorna, que “el hábito no hace al monje…”

La conflictividad ha sido y es tanta que el propio ministro de Fomento, de quien dependen las licencias VTC se ha reunido con unos y otros proponiendo que sean las comunidades y los ayuntamientos quien   regulen esta actividad, lo que no deja de ser una peculiar suelta de responsabilidades.

Por parte de los vehículos pintados de negro se puso sobre la mesa ministerial un informe elaborado por el catedrático Santiago Muñoz Machado en el que se señala que ceder esa responsabilidad a los entes regionales y municipales sería inconstitucional ya que la Ley de leyes no recoge nada al respecto de esa actividad y por tanto corresponde su administración el Gobierno central.

Decenas de regulaciones, ruptura de la unidad de mercado

Además, si se cede esa responsabilidad a segundas y terceras administraciones nos podemos encontrar con decenas de regulaciones diferentes lo que provocaría una alarmante ruptura de la unidad de mercado.

Y otro asunto también importante: actualmente se tratan en los juzgados españoles cerca de 3.000 procedimientos relacionados con este difícil asunto, la mayoría interpuestos por las compañías VTC. Señalar aquí que casi el 85% de las licencias en vigor de esta categoría se han conseguido a través de la intervención de un juzgado. Uber actúa a multitud de países algunos con bases jurídicas diferentes y alguna solución habrán encontrado para regular todo esto.

El taxi, mientras tanto, ha perdido buena parte de la autoridad que pudiera tener como gremio al recurrir a la violencia lo que limita sus pasos futuros. También se ha jugado la simpatía de buena parte del público y sin el apoyo ciudadano es muy difícil avanzar.

Pese a todo esto, un veterano taxista comentaba hace poco que la verdadera amenaza para el taxi son los coches eléctricos de alquiler tipo Emov, Car2go, Zity, etc., de los que no se habla tanto, aunque son muchas las lunas de Smart rotas. La pieza más cara de reponer, por cierto.

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