La grave crisis territorial que estamos viviendo en Cataluña está trayendo como consecuencia la consolidación de un importante fractura social, con importantes efectos políticos y alarmantes implicaciones económicas en todo el estado. En este sentido, mucho se habla del cambio de sedes sociales de empresas ubicadas en Cataluña, pero poco de la situación de los trabajadores y trabajadoras por la insolidaridad y falta de unión que genera este trance, en un contexto ya de por sí nada receptivo, donde la gestión de los derechos sociales brilla por su ausencia desde hace dos años.
Echando la vista atrás y situándonos a finales de 2015, no habríamos aventurado que en aquel momento de cambio político inédito se consolidara la línea de acción política de un Gobierno retrógrado que pedía a voces una alternativa, tras la gran cantidad de contrarreformas que había realizado en todas sus áreas de acción.
Durante prácticamente todo el 2016, una vez celebradas las elecciones generales de diciembre de 2015, asistimos a uno de los momentos más tristes y frustrantes de la historia de nuestra democracia, caracterizado por la imposibilidad de formar un Gobierno, a pesar de la irrupción con fuerte presencia de nuevos partidos que prometían cambio y regeneración. Un Gobierno saliente y en funciones protagonizó la XI legislatura, la más corta, que desembocó en una repetición de comicios en junio de 2016. Y así, sin acuerdo político, nos plantamos en octubre, con un “nuevo” presidente investido. Todo un año perdido para legislar y transformar porque nunca una formación política del bipartidismo aparecía tan vulnerable para ser condicionada en sus políticas como el PP todo ese año. Otra oportunidad que se dejó pasar.
Con Rajoy, viejo y nuevo presidente, lo que vino después fue Cataluña, y hoy es de sobra conocido. La crónica de un choque de trenes anunciado ha impactado sobre los propios cimientos del Estado y ha hecho abordar esta cuestión desde una frenética actividad diaria de los tres poderes. Lo demás es absolutamente secundario.
O no. Porque, ¿la crisis catalana hace exclusiva la acción de Gobierno con la aplicación de nuestra normativa constitucional frente al desafío independentista enmarcado en una clara ilegalidad? O, por el contrario, ¿la gravedad del momento puede compatibilizarse con una dirección política y una actividad legislativa del Parlamento que aborde también los cambios políticos, económicos y sociales que requiere y necesita nuestro país?
A la primera cuestión, si la respuesta es sí, sería deseable que a la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, hecho incuestionable, viniera acompañada de una propuesta política superadora de la situación actual. Podremos ser tajantes con la Ley y seguir estando con una venda en los ojos sin aceptar una realidad territorial y social compleja y plural existente en Cataluña para que todo empeore por momentos.
Pero quedarnos solo con la primera pregunta es, además, dar la razón a los que entienden que es esta es una crisis de todo el sistema democrático, bajo un argumento del que es indispensable huir. Porque una cosa es defender las necesarias y profundas reformas constitucionales en la organización territorial del Estado; otra bien distinta es cuestionar que convivimos en un Estado de Derecho.
De la segunda pregunta no sabemos la respuesta. En cada nuevo movimiento que acontece cada día en este proceso, parece haber una retroalimentación entre los sujetos políticos que dirigen los polos opuestos. Se ha creado y va creciendo entre medias una tierra de nadie donde conviven el resto de personas y partidos inmersos ya en sus propios tacticismos pre electorales de cara al 21 de diciembre. Y quién sabe si de cara a otros comicios en 2018.
Parece que todo puede esperar, pero sigue siendo urgente modificar la regulación laboral: ya se ha comprobado que, además de perder derechos y precarizar el empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo es escasa y engañosa. Es insostenible no reformar el sistema de las pensiones públicas, el actual empobrece cada día a tantas personas y toda una futura generación; los problemas de eficacia y eficiencia de nuestro sistema sanitario; las urgentes medidas medioambientales que deben ponerse en marcha; el debate sobre los servicios sociales en nuestro país; o si podremos ser capaces de acordar entre todos y todas una reforma de la educación pública que acerque su nivel al de la media de la OCDE… Esperar a otro momento político, no sabemos hasta cuando.
Al menos, exijamos que cuando se plantee el “sentarnos a dialogar para solucionar la crisis de Cataluña”, que tanto se predica en los foros, medios de comunicación y debates, se presenten iniciativas que evidencien que ese ánimo es real. Una propuesta podría ser plantear una reforma constitucional que ampare un Estado federal solidario entre todos los territorios del Estado. Es una, insisto. Empecemos a trabajar ya.
